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Uribe: el mapa judicial del expresidente

La investigación por el presunto fraude de testigos es el que más ha avanzado. Sin embargo, su nombre aparece en decenas de casos, mucho antes de que llegara a la Casa de Nariño. Estos son los otros procesos judiciales que rondan al exmandatario.


El expresidente Álvaro Uribe tendrá que enfrentar el proceso por fraude procesal y soborno desde su domicilio, privado de la libertad. Esto por decisión de la Corte Suprema, que lo investiga en un expediente donde se indaga si varios testigos recibieron dinero o ayudas para entregar falsos testimonios que favorecieran al líder del Centro Democrático. 

Tras la determinación de la Sala de Instrucción de la Corte, lo que sigue para el exmandatario es que sea acusado formalmente y enfrente el juicio. Es la primera vez que una investigación contra Uribe alcanza este punto. Sin embargo, ha estado rodeado de escándalos judiciales en los que varios de sus funcionarios y aliados políticos terminaron en prisión, sin que se demostrara ante los estrados la vinculación del exmandatario. Y también tiene varios procesos en curso, a nombre propio, en la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

El magistrado César Reyes fue el encargado de adelantar el expediente por la presunta manipulación de testigos. En su despacho, además, hay otro caso en contra de Uribe. Se trata del que indaga de manera preliminar si Uribe fue beneficiario de las chuzadas del condenado hacker Andrés Sepúlveda. 

Sepúlveda fue capturado en mayo de 2014 como la cabeza de una oficina de interceptaciones ilegales que buscaba espiar a los emisarios que participaban en las negociaciones de paz de La Habana. El hacker trabajaba para la campaña de Óscar Iván Zuluaga, quien aspiraba a la Presidencia por el Centro Democrático. 

Uribe aseguró en repetidas ocasiones desde entonces que el caso se trató de un montaje para afectar las aspiraciones de su candidato Zuluaga. Sin embargo, el mismo hacker terminó aceptando cargo y hoy paga una condena en la cárcel de Ibagué. En medio del caso, el hacker dijo que Uribe recibía información proveniente del espionaje ilegal que adelantaban también ciertos sectores militares. Esos señalamientos dieron curso a la investigación preliminar en su contra. 

En video: los hechos que llevaron a la detención de Uribe

Uno de los procesos más viejos tiene que ver con el de varios crímenes que los paramilitares cometieron en Antioquia a finales de los 90, cuando Uribe era gobernador. Se trata de las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, así como del asesinado del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien denunció esos hechos atroces y el avance paramilitar en ese departamento. 

Testimonios de exparamilitares, como Francisco Villalba, dicen que Uribe conoció e impulsó esas masacres cuando era gobernador. El expresidente ha desestimado esas declaraciones y ha señalado que, por ejemplo, las declaraciones de Villalba, que fue asesinado hace doce años, estaban llenas de incoherencias.

Vea las declaraciones de Petro tras la decisión

Santiago Uribe, hermano del expresidente, también fue señalado de vínculos con el paramilitarismo. Hoy está a la espera de una condena o absolución en un expediente en el que la Fiscalía lo sindica de haber conformado el grupo Los Doce Apóstoles, que operaba en el norte de Antioquia y cometió decenas de asesinatos. 

A Pedro Juan Moreno, quien fue aliado político y secretario de Gobierno de Uribe también se le señaló de haber conocido y auspiciado esos crímenes de la Granja y el Aro. Paradójicamente, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara también hay una investigación contra Uribe por la muerte de Moreno, quien falleció en 2006 en lo que hasta ahora se considera un accidente aéreo.

Como la del caso de la muerte de Moreno hay más de 50 investigaciones que llegaron a la Comisión de Acusaciones durante los dos mandatos presidenciales de Uribe. Todas estas han tenido escaso avance en relación con el presidente, aunque hay varias condenas judiciales contra quienes fueron sus funcionarios, como Sabas Pretelt, Diego Palacio, Jorge Noguera o María del Pilar Hurtado.

En esa lista están la yidispolítica, sobre el pago de prebendas para que el Congreso avalara la reelección de Uribe; las interceptaciones ilegales a magistrados y líderes políticos que hizo el DAS; y el escándalo del exgeneral Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos por vínculos con paramilitares, quien fue jefe de seguridad de Uribe y de ahí surgió el señalamiento de que fungió como puente entre el gobierno y el paramilitarismo. 

Uribe ha tenido alrededor de 200 denuncias en la Comisión de Acusaciones sobre supuestos hechos ocurridos cuando era presidente. Y alrededor de 30 procesos en la Corte Suprema, que se remiten a señalamientos de cuando era congresista o gobernador. Muchos de esos han sido cerrados, al tratarse, por ejemplo, de denuncias por injuria o calumnia que terminaron en conciliaciones entre las partes.

Los cinco efectos políticos que tiene la decisión

Otros muchos no prosperaron por la debilidad de los señalamientos. Un puñado, especialmente los de los grandes casos, como los reseñados anteriormente, aún están en curso y no tienen grandes avances. Paradójicamente el único que ha progresado, y por el que hoy se ordena la detención domiciliaria al expresidente, no empezó por una denuncia en su contra, sino por una denuncia que él hizo. El expediente que se abrió en contra del senador Iván Cepeda, por el supuesto montaje de testigos, y que terminó en una investigación por fraude procesal y soborno contra el expresidente. 

Vea en gráficas la línea del tiempo del proceso de Álvaro Uribe: