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Según la Fiscalía, el grupo paramilitar los Doce Apóstoles operó en el norte de Antioquia en los años noventa con el auspicio de miembros de la Policía y el Ejército. | Foto: León Darío peláez

JUSTICIA

Santiago Uribe, en la hora del juicio

El hermano del expresidente hace los últimos esfuerzos para convencer al juez de su inocencia. La Fiscalía lo acusa de haber conformado un grupo paramilitar. Sus abogados dicen que lo quieren condenar con fantasmas, impostores y esquizofrénicos.

18 de enero de 2020

¿Fue Santiago, el hermano menor del expresidente Uribe, uno de los Doce Apóstoles? Esa es la pregunta trascendental que debe responder el juez a cargo de calificar el voluminoso expediente contra el ganadero, a quien la Fiscalía acusa de concierto para delinquir agravado y homicidio. El juicio penal acaba de llegar al momento decisivo tras 24 años de sobresaltos. Esta semana en Medellín los abogados defensores de Santiago Uribe Vélez presentaron sus alegatos finales.

Para la Fiscalía, el hermano del expresidente Uribe gestó y lideró el grupo paramilitar los Doce Apóstoles. En su escrito señala que este escuadrón operó a mediados de la década de los noventa en el norte de Antioquia, concretamente en Yarumal, con el beneplácito de la Policía y el Ejército. Asumió la misión de hacer ‘limpieza social’, es decir, eliminar a auxiliadores de guerrilla, vagos, drogadictos y ladrones.

Santiago Uribe tiene 62 años y estuvo detenido entre 2016 y 2018. Terminar condenado podría significarle pasar el resto de sus días en prisión.

En 1996 las autoridades vincularon a Santiago Uribe al expediente por la creación de los Doce Apóstoles. El ganadero regentaba la hacienda La Carolina, y su hermano era gobernador de Antioquia. La Fiscalía señaló que los comerciantes de la zona de Yarumal crearon el grupo e incluso que emplearon la finca para practicar polígono y para realizar reuniones en las que ordenaban ejecuciones. El hermano del expresidente Uribe rindió versión libre y en 1999 la Fiscalía profirió resolución inhibitoria al no hallar ningún elemento que permitiera acusarlo. Luego el Tribunal Superior de Bogotá confirmó ese fallo al resolver la apelación presentada por la Procuraduría.

Pero en 2010 el caso volvió a tomar vuelo con el testimonio del mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses. Este aseguró que fue comandante en Yarumal y que, efectivamente, Santiago era el jefe de los Doce Apóstoles. Las cosas se complicaron para Santiago sobre todo en 2016, cuando el fiscal a cargo, Carlos Ibán Mejía, decidió ordenar detenerlo y acusarlo formalmente por los dos cargos que hoy lo tienen en juicio.

La decisión de detener y llevar a juicio a Santiago provino de un subalterno del entonces fiscal general Eduardo Montealegre. Por eso el expresidente Uribe señaló que se trataba de un ataque infame y que su hermano, a lo largo de los años, había sido el chivo expiatorio de sus enemigos políticos. Ese argumento desglosado milimétricamente ha sido uno de los ejes de la defensa que han adelantado los abogados de Santiago en la etapa final del juicio.

Meneses asegura que tuvo una reunión con Santiago en Yarumal, pero este documentó que estaba a 300 kilómetros, en Manizales.

Los penalistas Jaime Granados y Jesús Albeiro Yepes encabezan la defensa de Santiago Uribe. Durante la última semana, estos expusieron al juez un amplio recuento del largo proceso y aseguraron que el caso, en el fondo, es un juicio político judicializado. “Surgió de la política y vino a la justicia con el mismo sesgo”, dicen.

La defensa de Santiago no solo niega que este haya participado en la conformación de los Doce Apóstoles. Va más allá, hasta negar, incluso, que el grupo haya existido jamás. Los abogados argumentan que en los más de 100 cuadernos que conforman el expediente “no hay una prueba” que documente la existencia del escuadrón paramilitar. Explican que la Fiscalía se ha basado en informes parciales (de la Personería, de Amnistía Internacional, del Cinep) para afirmar que el grupo existió. Y cuestionan que esos documentos, que relacionan una treintena de asesinatos, se contradicen entre sí. Sostienen que nunca han sido corroborados ni sometidos a controversia, sino que se asumen folclóricamente como la verdad revelada.

Adelantan la defensa del ganadero Santiago Uribe los penalistas Jaime Granados y Jesús Albeiro Yepes. El juicio se desarrolla en Medellín.

El abogado Yepes señaló que el caso está plagado de “actos fantasmagóricos”. Explicó que cuando se empezó a hablar de los Doce Apóstoles en 1990 nadie mencionó a Santiago. Y que solo años después, en los tiempos de la gobernación de Álvaro Uribe, su hermano resultó salpicado. Dijo que el primer testigo contra Santiago, Alexander Amaya, apareció cuando el gobernador Uribe se empeñó en recuperar la seguridad del departamento.

Amaya afirmó haber sido escolta del entonces teniente de la Policía Juan Carlos Meneses, y que presenció una reunión de este con Santiago y otros miembros del grupo paramilitar. Para la Fiscalía, Amaya es “un testigo directo, potente y consistente”. Pero la defensa del hermano del expresidente alega que el sujeto solo pretende beneficios judiciales, y que narró hechos que no le constan, pues ni siquiera pudo describir la contextura de Santiago.

Los abogados también le restaron crédito al testimonio del propio Meneses. Este afirma que cuando era policía recibió órdenes de Santiago como jefe de los Doce Apóstoles, y que conoció un listado de personas por exterminar en la que aparecía el nombre de Camilo Barrientos, un poblador de Yarumal asesinado en 1994. Este es el homicidio que la Fiscalía le endilga a Santiago Uribe.

Juan Carlos Meneses es uno de los testigos que señalan a Santiago Uribe como líder de los Doce Apóstoles.

Meneses patinó cuando habló de una reunión con Santiago y dio la fecha exacta de la misma. El ganadero documentó, incluso con fotos en periódicos, que para la fecha señalada estaba a 300 kilómetros de Yarumal, en la Feria de Manizalez. La defensa de Santiago cuestiona que Meneses apareció en Argentina de la mano de una ONG de izquierda que busca afectar la imagen de Uribe por medio de su hermano.

La Fiscalía apoya su acusación en otro testigo: Eunicio Alfonso Pineda Luján, un hombre de extracción campesina y con segundo grado de primaria. Este asegura que trabajó en La Carolina, que fue víctima de los Doce Apóstoles y que le consta que Santiago formaba parte del grupo. Pineda rindió testimonio en España, a donde llegó gracias al auspicio de la ONG Justicia y Paz, encabezada por el sacerdote Javier Giraldo.

“Juan Carlos Meneses afirma que cuando era policía recibió órdenes de Santiago como jefe de los Doce Apóstoles, y que conoció un listado de personas por exterminar”.

Pero a Pineda los médicos lo han diagnosticado con esquizofrenia, lo que le hace confundir la realidad con la imaginación. Ni siquiera la Fiscalía niega eso. La postura del ente acusador es que precisamente por los actos de tortura que sufrió a manos de los Doce Apóstoles el testigo quedó afectado con esa patología.

Al respecto la defensa de Santiago argumenta que los enemigos políticos de Uribe “remaron hasta llegar a un hombre de mente dividida”. Señalan que Pineda nunca trabajó en La Carolina y que su historial médico da cuenta de que acudió al psiquiatra porque escuchaba en su cabeza la voz del diablo, y que de ahí salió para contactar a la Fiscalía y decir que era víctima de los paramilitares. “Señor juez, todos los testigos contra Santiago son ciudadanos acuartelados, escúchese bien: acuartelados por los enemigos políticos de Álvaro Uribe Vélez, quienes por obra y gracia de su oposición política enardecida, terminaron siendo al mismo tiempo enemigos de su hermano”, concluyó el abogado Yepes.

En los próximos días los defensores darán las últimas puntadas, y luego el juez se encerrará para estudiar el expediente y emitir el veredicto. La Procuraduría solicitó condenarlo por el delito de concierto para delinquir y absolverlo, por duda razonable, frente al cargo de homicidio. Santiago Uribe tiene 62 años y si lo condenan podría estar el resto de su vida en la cárcel. El veredicto, cualquiera que sea, será una de las grandes noticias judiciales y políticas del año que arranca.