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| 4/17/2019 10:48:00 AM

El caso de los Doce Apóstoles ante la JEP

La Jurisdicción de Paz acaba de otorgarle libertad condicional al mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses, quien asegura que los hermanos Uribe Vélez jugaron un papel clave en el accionar de ese grupo paramilitar en Yarumal, Antioquia.

La JEP deja en libertad a Juan Carlos Meneses Santiago Uribe, hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Archivo Semana Foto: Archivo SEMANA

El  mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses, recuperó su libertad hace una semana tras cinco años, cuatro meses y once días de estar en prisión. El exreo purgaba una condena de 27 años de cárcel impuesta por la justicia ordinaria que lo halló responsable de asociarse con paramilitares para cometer crímenes en el oriente de Antioquia. Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le otorgó libertad transitoria, condicionada y anticipada, lo que significa que para mantener ese beneficio tendrá que hacer un aporte completo y valioso a la verdad y a la reparación de la víctimas. 

La verdad que Meneses enunciará ante la JEP es una versión contra la cual hace más de 20 años luchan los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez: que en su hacienda La Carolina en Yarumal, Antioquia, y a instancias de estos, se creó el grupo paramilitar los Doce Apóstoles.

La providencia de la JEP, de 29 páginas, por medio de la cual Meneses regresó a la libertad le impone que en el término máximo de diez días –en cumplimiento de su compromiso con la verdad– este tendrá que entregar un escrito que contenga una propuesta de relatos y documentos que permitan darle sustento a su versión, incluyendo todo aquello que contribuya a la identificación de la totalidad de los partícipes y determinadores de los crímenes. Además deberá enunciar otros aspectos que considere importantes, el primero: Relaciones de autoridades del orden nacional, departamental o municipal o cualquier otro agente estatal que hubiere realizado actos encaminados a favorecer el control territorial de las autodefensas, legitimarlas ante la sociedad, apoyarlas militar y económicamente, o cualquier otro hecho ilícito especialmente en el departamento de Antioquia.

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El llamado grupo de los Doce Apóstoles fue creado en 1994, cuando Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. La sombra de esa estructura paramilitar ha perseguido específicamente a Santiago Uribe Vélez por más de 21 años, incluyendo más de un año de privación de la libertad. Los hermanos Uribe Vélez han batallado contra el señalamiento, insistido una y otra vez –con triunfos y derrotas–, que no tienen nada que ver con ese grupo al que se le endilgan centenares de crímenes en el norte de Antioquia.

El fantasma de los Doce Apóstoles

Todo empezó el 15 de diciembre de 1995 cuando el señor Albeiro Martínez Vergara narró a la Fiscalía de Medellín sobre el accionar de un grupo armado en Yarumal. Acusó que se trataba de paramilitares que se denominaban los Doce Apóstoles, que operaban con el beneplácito de la Policía y el Ejército, y que su misión era borrar del mapa a drogadictos, jíbaros, ladrones, extorsionistas y auxiliadores de la guerrilla. La Fiscalía inició una investigación para lo cual recogió el testimonio de muchos pobladores de la zona.

El 3 de noviembre de 1996 se vinculó a la investigación a Santiago Uribe, conocido en el pueblo por dirigir la hacienda La Carolina y ser hermano del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. Santiago fue escuchado en diligencia de versión libre, en la cual dijo no conocer nada del grupo paramilitar ni de los actos que los investigadores le reseñaron. Y en 1999 la Fiscalía se pronunció a favor de él profiriendo resolución inhibitoria. Se concluyó que los relatos de un testigo protegido que vinculaba a Santiago con el grupo paramilitar eran débiles y no coincidentes. Lo mismo concluyó la fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá cuando la Procuraduría apeló. 

La decisión fue confirmada y los Uribe Vélez parecían dejar atrás el fantasma de los Doce Apóstoles con el doble triunfo jurídico. En los años siguientes, de cuando en cuando el asunto resurgía en el debate político, ante lo cual los hermanos señalaban la determinación de la justicia. Pero en 2010 todo cambió. Apareció en Argentina el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses con una declaración explosiva. Aseguró que había salido de Colombia para salvar su vida y, ante una comisión de notables, aseguró que los Doce Apóstoles había sido un grupo liderado por Santiago Uribe. 

El testimonio de Meneses tuvo eco en la prensa nacional e internacional, y la Fiscalía se vio abocada a reactivar la investigación, revocando la resolución inhibitoria y trasladando el expediente al despacho de un fiscal de mayor nivel por la gravedad de los hechos y la condición de las personas involucradas. El expediente estuvo vivo, pero sin mayores desarrollos por casi un lustro, hasta comienzos de 2016 cuando fue calificado por el fiscal del caso, Carlos Ibán Mejía, con determinaciones que tienen hoy en juicio a Santiago. El fiscal capturó al hermano del expresidente en febrero de ese año y en octubre siguiente lo acusó formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio. 

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Esa determinación –proferida por un funcionario del entonces fiscal general Eduardo Montealegre– fue apelada por la defensa del acusado, el reconocido penalista Jaime Granados. Pero luego la vicefiscal general María Paulina Riveros –funcionaria de confianza del actual fiscal general Néstor Humberto Martínez– concluyó que sí había mérito para seguir adelante y llevar a juicio a Santiago Uribe.

El expresidente Uribe aseguró reiteradamente que la acusación contra su hermano era una persecución política de su enemigo Montealegre, pero la nueva determinación en la era Martínez Neira dejó sin piso ese supuesto. El expediente que vincula a Santiago Uribe con los Doce Apóstoles es bastante voluminoso. Se trata de más de 100 cuadernos de 300 folios cada uno. Sin embargo, los elementos sustanciales no son muchos ni tan complejos. Se pueden dividir en tres asuntos: el primero es la existencia del grupo los Doce Apóstoles; el segundo es el señalamiento de la hacienda La Carolina como escenario en donde se refugiaba el grupo y hasta practicaba polígono y, finalmente, están los elementos que dan cuenta del supuesto liderazgo de Santiago. 

Respecto a la existencia del grupo no hay mayor controversia. Hay decenas de documentos y testimonios que dan cuenta de la existencia de una banda paramilitar en el pueblo de Yarumal en el primer lustro de los años noventa. Lo afirman así pobladores, testigos, y hasta el alcalde y la personera municipal de la época. Incluso se explica que el nombre Doce Apóstoles obedecía a que uno de los líderes sería el sacerdote Gonzalo Javier Palacio. Ni siquiera el acusado ha negado la existencia del grupo, en lo que ha insistido el hermano del expresidente –ante la justicia ordinaria–es en que él nunca se enteró. 

La gran controversia en torno a la que gira el juicio contra Santiago Uribe tiene que ver con la hacienda La Carolina y su actuación. Aunque en el expediente se reseñan centenares de nombres y testimonios que hablan del contexto de aquellos años, solo tres testigos son cruciales para determinar la inocencia o culpabilidad del hermano de Álvaro Uribe. El primero es Alexander de Jesús Amaya Vargas. Amaya es un exparamilitar –hoy en prisión y condenado– que en 1996 bajo reserva de identidad atestiguó señalando a Santiago Uribe de encabezar el grupo los Doce Apóstoles y más adelante, con su identidad ya descubierta se ratificó. Este asegura que siendo integrante de la Policía servía de escolta a Meneses y que presenció una reunión de este con Santiago Uribe y otros miembros del grupo paramilitar en la hacienda La Carolina. Para la Fiscalía, Amaya es un testigo directo, “potente y consistente”. 

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Pero para la defensa de Uribe se trata de un presidiario movido por intereses pues está condenado a 40 años de cárcel y pretendería beneficios jurídicos. Además, lo descalifican porque fue incapaz de dar una descripción siquiera parecida de Santiago Uribe y porque su testimonio con identidad reservada dista del que ofreció luego con su identidad descubierta. Sobre este punto la Fiscalía ha dicho que las variaciones son comprensibles porque la memoria se afecta con el paso del tiempo. Para tratar de demostrar que Amaya nunca lo vio y que la supuesta reunión jamás ocurrió, Santiago Uribe aportó su pasaporte de la época y pide que la justicia contraste su foto y estatura con la descripción que de él hace el testigo en cuestión, quien aseguró: “Santiago es más o menos alto, acuerpado, muy serio, un trigueño pero clarito”.

El segundo testigo clave contra Santiago Uribe de cara a la justicia ordinaria es el propio mayor retirado Meneses. Este asegura que fue nombrado comandante de la policía de Yarumal en enero de 1994, cuando era teniente. El expolicía asegura que cuando llegó al municipio para asumir el cargo el capitán saliente Pedro Manuel Benavides le informó que se había conformado un grupo paramilitar financiado por Santiago Uribe, que todo estaba aprobado por los superiores y que la orden era colaborar para que los paramilitares continuaran con la “limpieza social” que venían adelantando. Afirmó además que le dijeron que de no colaborar podría poner en peligro su permanencia en la Policía y que si ayudaba recibiría un pago. 

El quid del testimonio de Meneses está en la supuesta reunión o acto de presentación que tuvo con Santiago Uribe en La Carolina a donde fue para enterarse de cómo se daría el trabajo coordinado con los paras. La reunión se habría dado el 7 u 8 de enero de 1994, cuando se presentó para empalmar con Benavides quien le entregó el distrito. Pero su afirmación queda en entredicho con las pruebas que tiene el ganadero Uribe. El hermano del expresidente afirma que por esos días se estaba celebrando la Feria de Manizales, a 300 kilómetros de Yarumal, y que él, desde antes del 7 de enero, ese día y los varios días posteriores estuvo en tal evento. Para demostrarlo, la defensa de Uribe ha aportado recortes de periódico, fotografías y otros registros de la época que dan cuenta de la presencia del ganadero en la feria. Incluso cuentan, entre otros, con el testimonio de un torero que resultó herido en la faena y al cual Uribe habría visitado en su cama de convaleciente.

Para desvirtuar esto Meneses ha dicho que a lo mejor la presentación se dio otro día o que bien pudo ser que Uribe haya regresado para sostener la reunión y luego volviera a la feria. Pero, ¿es creíble que un ganadero rico recorra 300 kilómetros para recibir a un teniente de la policía?

En otro aspecto en que patina la versión de Meneses es cuando le pidieron que señalara algún rasgo particular que recordara de Santiago Uribe. El expolicía no recordó ningún detalle, aunque aseguró que tuvo al menos tres encuentros con Santiago, y dio una descripción poco fiel de la imagen de este. Santiago, por cuenta de un accidente en la niñez perdió varias falanges de una de sus manos y este rasgo es notorio para cualquiera que le conozca, sus abogados insisten en que la única razón para que el testigo no haya señalado eso es que el encuentro que reseña nunca ocurrió. 

Para respaldar sus afirmaciones Meneses ha presentado una grabación que él le efectuó al capitán Benavides y de la que se desprenden afirmaciones de este asintiendo que ambos trabajaron para Santiago Uribe. Sin embargo, la validez de esta pieza está por determinarse, por un lado se cuestiona su legalidad pues se grabó soterradamente (algo que solo la ley le permite a quien está en la posición de víctima) e induciendo respuestas, y por otra parte, desde el punto de vista técnico, también hay reservas pues el audio tiene un corte y se sospecha que haya sido editado.

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Del testimonio de Meneses se desprende también el segundo cargo que la Fiscalía le endilgó a Santiago Uribe: el crimen del señor Camilo Barrientos, conductor de un bus intermunicipal, asesinado el 25 de febrero de 1994 –según el mayor retirado– por orden del ganadero bajo el supuesto de que la víctima era auxiliador de la guerrilla. El contraargumento en este punto es que no hay ninguna prueba que demuestre el encuentro en que supuestamente Santiago dio esa orden, que los relatos que ha hecho Meneses de tal episodio tienen variaciones sustanciales y que en la muerte de Barrientos hay otras personas involucradas que actuaron en razón de un altercado que tuvieron con el conductor del bus.

Finalmente está el testigo Eunicio Alfonso Pineda Luján, de extracción campesina y segundo grado de primaria. Pineda rindió testimonio en España a donde llegó gracias al auspicio de la ONG Justicia y Paz que encabeza el sacerdote jesuita Javier Giraldo, y afirmó no solo que supo del liderazgo de Santiago en la banda paramilitar sino que fue víctima de esta.

El campesino asegura que como obrero escuchó conversaciones en inmediaciones de La Carolina en las que Santiago se reunía con hombres armados y ordenaba crímenes. Incluso sostiene que decidió huir cuando escuchó que él sería el siguiente blanco. Cuenta que logró huir y que tiempo después regresó, lo cual no habría sido una buena idea porque dos paramilitares lo interceptaron, lo llevaron a una trocha donde lo torturaron sacándole un par de dientes con un alicate y que cuando pretendían ultimarlo, disparándole, logró escapar.

Pero la veracidad de su testimonio también fue rebatida cuando la defensa de Santiago Uribe reveló algo que Pineda se había callado: que era un paciente que sufría de esquizofrenia delirante, por lo que había sido medicado e internado en varias oportunidades. Su historial psiquiátrico indica que Pineda confunde la realidad con la imaginación por lo cual no debería ser considerado un testigo de fiar. La Fiscalía admitió que ciertamente Pineda tenía un historial médico complejo, y ordenó a dos peritos de Medicina Legal que lo evaluaran. Los galenos oficiales sostienen que el individuo padece de episodios de “estrés extremo” precisamente como consecuencia de la traumática experiencia vivida. ¿Quién tiene la razón? El juez tendrá que resolver ese interrogante.

Además de los testigos directos y principales cartas de la Fiscalía (Ayala, Meneses y Pineda) para acusar a Santiago Uribe, el ente acusador apoya su tesis en otros testigos indirectos, los cuales tampoco está exceptos de cuestionamiento. Se trata de los reconocidos jefes paramilitares Diego Fernando Murillo (Don Berna), Daniel Rendón Herrera (Don Mario), Pablo Hernán Sierra (Pipintá) quienes de partida no están en capacidad de respaldar plenamente la tesis de la acusación pues no les consta nada de forma directa. Estos aseguraron que en alguna oportunidad le escucharon a Carlos o a Vicente Castaño que Santiago Uribe hacía parte de la organización paramilitar. Eso es todo. Es decir, se trata de relatos de oídas, por ello la Fiscalía los presentó como testimonios indirectos. La contraparte además señaló que todos esos testigos fueron afectados por el Gobierno de Álvaro Uribe, quien ordenó la extradición de la cúpula paramilitar a Estado Unidos, por lo que se trata de afirmaciones viciadas por un interés de venganza. 

El juez de Medellín que tiene a cargo el proceso contra Santiago Uribe deberá valorar los argumentos en contra y a favor del ganadero para dar su veredicto. Es probable que esa determinación se dé este año ya que la mayoría de los testigos de las partes ya pasaron ante el estrado. Entretanto, con el aterrizaje de Meneses en la justicia transicional para dar cuenta allí de su versión sobre los Doce Apóstoles, se abre una nueva pregunta: puede afectar ello a los hermanos Uribe Vélez. Y la respuesta es ‘depende‘. 

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Desde el punto de vista jurídico las menciones que se hagan respecto a Santiago Uribe o al expresidente no tendrían ninguna incidencia toda vez que frente a la JEP el expresidente y exgobernador Álvaro Uribe es un agente del Estado cuya comparecencia solo es voluntaria. No hay forma de obligar el eventual sometimiento de un tercero o agente del Estado ante la justicia transicional. Tampoco es posible que el tribunal de paz emplace a un particular como lo es Santiago Uribe. Así las cosas, la JEP lo único que podría hacer es remitir los elementos que considere pertinentes a la justicia ordinaria, y de cualquier forma, lo dicho por Meneses ya hace parte del proceso penal que se sigue en Medellín contra el ganadero hermano del senador Uribe.

Pero desde el punto de vista político que la historia de los Doce Apóstoles vaya a la JEP y tenga allí alguna trascendencia no dejará de ser cuando menos un dolor de cabeza para los Uribe Vélez. De seguro las víctimas de ese grupo paramilitar se empeñarán en profundizar en la verdad plena, y cuando el tema trascienda a la opinión pública los reflectores recaerán en la hacienda La Carolina y la no agotada historia de sus propietarios.

 

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