Procuraduría lanza alertas sobre proceso licitatorio en contrato para alimentar presos; el monto es superior a los $800.000 millones

Luego de las denuncias hechas por SEMANA, la Procuraduría General de la Nación elevó una alerta a menos de 10 días de que venza el plazo para adjudicar el contrato del nuevo operador que suministrará los alimentos para la población carcelaria del país.

Según el organismo de control, el proceso licitatorio adelantado por la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, tendría varios inconvenientes relacionados con el principio de publicidad y el no cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Según informó la Procuraduría, la alerta se le hizo al director de la Uspe, Ludwing Joekl Valero Sáenz, en medio de una reunión en la que se expusieron las inquietudes del ministerio público sobre la forma como se otorgará el contrato para garantizar la alimentación de la población carcelaria una vez culmine el contrato actual el próximo 30 de noviembre.

“La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, encargada del caso, indagó sobre el plan de acción para garantizar la alimentación de más de 124 mil personas privadas de la libertad a partir del 1 de diciembre de 2023 dado que, la fecha de terminación de los contratos vigentes es el próximo 30 de noviembre”, indicó el organismo de control.

De igual forma, quedó sobre la mesa la inquietud de la entidad sobre el plan de contingencia previsto para garantizar la continuidad de este servicio en aquellos lotes que no resulten adjudicados.

Así mismo, la Procuraduría también expuso sus inquietudes sobre la elección de la empresa encargada de realizar la interventoría de ese contrato que supera los 800.000 millones de pesos, algo preocupante si se tiene en cuenta que a 10 días de adjudicarlo no se tiene claro quién realizará este control.

“Para el Ministerio Público este aspecto, para lo cual, de acuerdo con lo señalado por la USPEC, se ha contemplado un presupuesto aproximado de $ 47 mil millones, constituye un factor fundamental dado el alcance y la magnitud de este proceso contractual y la prevalencia de los derechos fundamentales de las PPL”, indicó el ministerio público.

Para finalizar, la Procuraduría hizo especial énfasis en la importancia de este proceso y la necesidad de que sobre él haya total transparencia y acceso a la información, con el fin de que los interesados conozcan cómo se ha seleccionado al ganador de dicha licitación.

“Ante algunas dudas y observaciones presentadas por los interesados, la Procuraduría resaltó la necesidad de publicar todos los documentos y soportes de las actuaciones adelantadas en este proceso, como el acta de la audiencia de sorteo sobre el orden en que serán evaluados los grupos del proceso de licitación pública”, expresó la entidad.

Para finalizar, el ´órgano de control dejó claro que “ejercerá estricto control sobre el proceso licitatorio para que cumpla con la rigurosidad de la normatividad de la contratación estatal”.

Piden suspender la licitación de multimillonario contrato para la alimentación en las cárceles

El contrato para la alimentación en las cárceles del país está dividido en 17 grupos que sumados alcanzan los 813.000 millones de pesos. Se trata de un multimillonario licitación que hoy tiene serias denuncias sobre su transparencia, incluso algunas advertencias en la Procuraduría y la Fiscalía.

Esta sería la razón principal para que desde la Fundación Cárceles al Desnudo hagan duros reparos a la licitación y a la poca efectividad de los entes de control a la hora de supervisar, vigilar y advertir las posibles irregularidades que afecten la transparencia del proceso. También, desde la misma Fundación reprochan que aun con conocimiento, el Ministerio de Justicia no se pronuncie ante las advertencias.

“Conminamos al Gobierno Nacional a ordenar la suspensión de la licitación que pretende adjudicar más de 813 mil millones para la alimentación de las personas privadas de libertad, la actual licitación no goza de transparencia, ya que sectores políticos están involucrados en la coadministración de la USPEC, dijo Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación.

La directora de la Fundación, envió diferentes comunicados y derechos de petición a los entes de control, al Ministerio de Justicia y a la Unidad de Servicios Penitenciarios - Uspec, la entidad que está a punto de entregar la millonaria licitación. Las respuestas fueron apenas comunicados para remitir a un supuesto competente los reclamos de la Fundación.

“Nuestra fundación le advierte al presidente Gustavo Petro y a la ciudadanía que tiene el derecho de conocer cómo se manejan las entidades del Estado que además de la alimentación, hay otros temas sensibles para los procesos de seguridad y control en las cárceles, que en este momento dependen de la USPEC”, advirtieron desde la Fundación.