¿Qué pasó? Desde hace tres semanas los aeropuertos del oriente del país están al garete por la ausencia de Policía

La historia comenzó en julio de 2018, cuando la Concesión Aeropuertos de Oriente, que maneja las terminales aéreas de Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Santa Marta, Valledupar y Riohacha, suscribió un convenio con la Policía Nacional que incluía la provisión de bienes en especie de manera voluntaria para el desarrollo de sus tareas.

A principios de este mes, la Policía decidió retirar a sus hombres, según un comunicado de prensa expedido por la entidad “teniendo en cuenta que durante las últimas vigencias no ha cumplido con las condiciones pactadas en el convenio”.

SEMANA tuvo acceso a la carta que le envió Nelson Rodríguez, gerente de la Concesión al director de la institución, general Henry Sanabria, en la que le explica que el convenio no se extendió porque “la Policía Nacional solicitó suscribir un nuevo convenio, con requerimientos adicionales que exceden las facultades y obligaciones otorgadas a Aeropuertos de Oriente S.A.S., en virtud de la ejecución del Contrato de Concesión”.

En el comunicado en el que explica la decisión, la Policía asegura que las actividades que realizaban sus hombres “podrán ser realizadas por compañías de vigilancia privada, como sucede en la mayoría de los aeropuertos, ya que, al ser concesionados, les corresponde cubrir las necesidades básicas de vigilancia por compañías afines a esta labor”.

Pero en la práctica, según la concesión, las empresas de seguridad no están facultadas para ejercer las labores propias de la Policía, como requisar pasajeros, exigir documentación, revisar a fondo las maletas o pedir los salvoconductos de armas.

De hecho, en la dura misiva, la concesión le recuerda a la institución que no puede dejar al garete los aeropuertos porque son “sitios de muy alta afluencia de personas que requieren una presencia constante de Policía para garantizar su seguridad, con un aspecto crítico y es que los aeropuertos son un objetivo estratégico para el estado, ya que son la puerta de entrada y salida de las regiones hacia el resto del país, así como hacia el exterior, y por ello, la falta de seguridad en sus instalaciones por la ausencia de la Policía, afecta la estabilidad y economía de la región afectando en general al país”.

La situación es tan crítica que hoy no hay quién les reciba las armas a los escoltas que forman parte de los esquemas de protección de dignatarios para guardarlas en los armerillos, ni quieé maneje a un pasajero problemático a bordo de una aeronave o quién pueda hacer a fondo una revisión de equipaje en busca de contenidos prohibidos o droga.

La preocupación es de tal magnitud que Avianca ya les envió un correo electrónico a sus tripulaciones en el que les recomienda de manera preventiva que el transporte de armas y de pasajeros en condición jurídica está restringido, y les avisa que “las unidades navales y militares brindarán asistencia en caso de alteración del orden público”.

Dos pilotos de otras aerolíneas, consultados por SEMANA, confirmaron que la situación es crítica en temas de seguridad para personas que deben abordar vuelos comerciales, entre otras cosas, porque, ante la ausencia de la Policía, un pasajero podría ingresar armas con relativa facilidad e intentar, por ejemplo, secuestrar una aeronave.

“Todo ello sin contar que los controles antidroga no se realizan con todas las de la ley, ni tenemos quién nos ayude en caso de una asonada en el aeropuerto o de una protesta masiva de pasajeros que se salga de madre; nosotros, por ejemplo, si tenemos un pasajero problemático a bordo, debemos llamar a la Policía para que lo reduzca y se lo lleve. Ese protocolo hoy no es posible”, relató uno de ellos.

En medio del rifirrafe, terció la Aeronáutica Civil, que le envió una carta al director de la Policía, respaldando a Aeropuertos de Oriente, y pidiéndole el regreso de los uniformados cuanto antes.

En la misiva, el director encargado de la entidad, Francisco Ospina, le recuerda a la Policía que es su deber, entre otras cosas, “garantizar la convivencia pacífica en todo el territorio nacional, incluyendo la infraestructura aeroportuaria del país”.

Por eso, le pide que ordene el retorno de los oficiales, suboficiales y patrulleros, pues se trata de una situación sumamente sensible. “Teniendo en cuenta que repetidamente se han presentado conductas y actos que atentan contra el orden público al interior de la infraestructura aeroportuaria del territorio nacional y, de manera concurrente, contra la seguridad operacional y de la aviación civil, las cuales en su mayoría se encuentran tipificadas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y han generado riesgos innecesarios a la vida y la integridad de la ciudadanía, así como a la seguridad operacional y de la aviación civil del país, se hace necesario contar con la presencia permanente de funcionarios de su institución al interior de los aeropuertos del país”, asegura la carta.

Adicionalmente, la Aeronáutica Civil le propone a la Policía una reunión extraordinaria de la Comisión Intersectorial de Seguridad Aeroportuaria para buscar soluciones conjuntas “con el fin de garantizar la seguridad operacional y de la aviación civil, así como la sana convivencia en la infraestructura aeroportuaria”.

Por ahora, la pelota está en la cancha de la Policía, que en el comunicado que explica su decisión de salir de los aeropuertos explica que continuará prestando servicio en cercanías de las terminales aéreas bajo el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, atenta a los requerimientos de los ciudadanos.