¿Quién es el juez que dejó en libertad a la raptora de Brigitte?

El nombre del juez 31 Penal Municipal con funciones de garantías de Bogotá ha estado en el foco de la atención. Fue él quien dejó en libertad a Liliana Castillo Borja, a quien las autoridades capturaron por haber raptado a la menor Carol Brigitte, de 20 días de nacida, tras considerar que "no es un peligro para la sociedad".

Se trata de David Gutiérrez Camacho, un abogado de 30 años especialista en Derecho Penal y Constitucional de la Universidad Nacional. Este jurista llegó a ese cargo en febrero del 2012, después de ocupar el tercer lugar en un concurso de méritos.

Desde entonces ha protagonizado cerca de 500 audiencias de legalización de capturas y medidas de aseguramiento, entre las que se destacan la de Gildardo Alberto Peñate, alias ‘Gavilán’, por el homicidio de los sacerdotes Richard Armando Piffano y Rafael Reátiga Rojas, crimen cometido el 26 de febrero del 2011 en Bogotá.

Entre su récord de audiencias, Gutiérrez resolvió un recurso solicitado por el exalcalde Samuel Moreno, quien había pedido su libertad bajo el argumento de un aparentemente vencimiento de términos de su proceso. Sin embargo, el juez le negó esa solicitud.

Este funcionario judicial, quien ha querido mantener un bajo perfil en su carrera, se vio obligado a emitir un comunicado este lunes para explicar la controvertida decisión de haber dejado libre a quien raptó a la menor.

En su escrito, Gutiérrez Camacho asegura que “el Juzgado no exoneró de responsabilidad a la señora Castillo Borja. Una decisión de esta naturaleza escapa de sus competencias funcionales, pues es a un juzgado de conocimiento, concretamente un juzgado del circuito especializado, al que le corresponde fijar la pena de prisión que deberá cumplir esta persona por el delito frente al cual esta persona se declaró culpable”.

Gutiérrez asegura que la libertad de la confesa raptora se dio en un contexto preliminar de la investigación y que la no imposición de la medida de aseguramiento "no se puede equipararse a una ausencia de respuesta estatal frente al delito”.

Dice el juez que “por el contrario, en el caso particular, la aceptación de cargos implica que el Estado ya logró un acercamiento a la verdad que permitirá a la autoridad judicial imponer una pena que, en ningún caso, será inferior a 128 meses (10 años)”.

De esta manera transcurre el caso de la menor raptada. Un tema que ha conmovido a la opinión pública y que este lunes tuvo un nuevo capítulo: el Instituto de Bienestar Familiar denunció a Jhon Franco, de 27 años y papá de la menor, por haber mantenido relaciones con la mamá de la niña, cuya edad no supera los 14 años.