Al congelador el plebiscito para la paz de Roy

El pasado 11 de septiembre, luego de que el presidente Juan Manuel Santos descartó la asamblea constituyente y el referendo para refrendar los acuerdos que se pacten con las FARC en La Habana, el presidente del Partido de la U, Roy Barreras, presentó una fórmula alternativa para que los colombianos se pronuncien sobre los acuerdos de paz.

Ese día Barreras, a nombre de La U, radicó un proyecto de ley para garantizar la promesa del presidente Santos de que los acuerdos que se alcancen en La Habana sean refrendados popularmente.

Sin embargo, como la constituyente y el referendo habían sido descartados (por conveniencia política), sólo restan dos mecanismos en la Carta Magna, la consulta popular o el plebiscito.

Como la consulta no tiene carácter vinculante, Barreras se la jugó por un proyecto que reglamentara el mecanismo del plebiscito y pudiera ser estrenado con ocasión de los acuerdos de paz con las FARC.

Su proyecto pretendía facilitar que todos los colombianos puedan ir con mayores facilidades a las urnas, proponía la obligatoriedad del voto, habilitar las urnas durante varios días y crear nuevos puestos de votación, cerca de universidades y trabajos, y no sólo al sitio de residencia.

El proyecto fue vendido como la segunda iniciativa necesaria para la paz. La primera era el acto legislativo que creara una comisión legislativa especial (o congresito) para que esta elaborara las leyes y reformas necesarias para implementar los acuerdos de paz.

En suspenso

Aunque parecía que ambas iniciativas irían de la mano, pues de ser aprobadas antes de junio del año próximo garantizarían la firma de la paz, Barreras confirmó a Semana.com que el proyecto para reglamentar el plebiscito, de momento, no será discutido por el Congreso.

Este portal logró establecer que mediaron reuniones entre Barreras y los negociadores de paz del Gobierno que le sugirieron no adelantar la discusión del proyecto. De hecho, el pasado martes, el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, estuvo en la oficina de Barreras, en el Capitolio, minutos antes del debate sobre justicia transicional. Allí se habría adoptado esta decisión.

El argumento de Jaramillo es que el mecanismo de refrendación debe ser concertado entre el Gobierno y las FARC en La Habana de forma bilateral. “Lo entendemos. Por eso estamos dispuestos a esperar y estamos de acuerdo en congelar la propuesta del plebiscito hasta que tengamos luz verde en esa concertación sobre la refrendación en La Habana”, dijo Barreras.

Según el presidente de La U, es necesario garantizar el derecho de los colombianos a pronunciarse sobre los acuerdos de paz, pero “no queremos atropellar en ese asunto la bilateralidad de los acuerdos y vamos a esperar hasta que se logre un consenso en La Habana respecto al mecanismo de refrendación”, reiteró. Eso sí, Barreras aclaró que la iniciativa ni se desinfla ni será archivada. 

Congresito sigue vivo

De otra parte, el senador confirmó que a más tardar la próxima semana, se presentará la ponencia del acto legislativo que crea la comisión especial del Congreso para adelantar las leyes que implementen los acuerdos de paz. Aclaró que el proyecto sólo tiene un espíritu instrumental y no incluirá temas de fondo.

Comentó que el borrador de la ponencia incluye varias modificaciones respecto a la propuesta del Gobierno. La primera, elevar a rango constitucional la voluntad del presidente Santos de hacer refrendación de los acuerdos, por lo que quedará consagrada en la Constitución la obligación de que el pueblo se pronuncie. Sin ello no habrá facultades ni comisión especial legislativa.

También quedará explícito que las facultades presidenciales estén limitadas exclusivamente a los acuerdos de paz, con el propósito de despejar el argumento de quienes dicen que será una ley habilitante que le permitirá al presidente expedir leyes sobre “lo divino y lo humano”.

Así mismo se establecerá una cuota de género a la hora de definir los 12 miembros adicionales del Congresito, que se sumarán a los 54 congresistas de las comisiones primeras de Senado y Cámara.

También que la comisión legislativa especial, aunque sesione de manera conjunta para abreviar el diseño de las leyes, tendrá votaciones independientes tanto en el Senado como en la Cámara, para despejar el temor de que esta reforma acabaría con el bicameralismo.

Aún falta por definir el conflicto entre la postura del Gobierno de establecer que el Congreso no puede modificar los acuerdos de paz, y quienes rechazan la idea de que el parlamento sólo oficie de notario.

Y finalmente la propuesta de la senadora Claudia López de crear un fondo de inversión para la paz con el 1,5 % del Producto Interno Bruto. “Mi propuesta es que el crecimiento económico que genere la paz se invierta en zonas de conflicto, pero definir un porcentaje del PIB es asunto que amerita mayor rigor técnico y merece consulta con negociadores, Planeación Nacional y Ministerio de Hacienda”, explica Barreras en su calidad de coordinador de ponentes de esta reforma.

Mientras se diseña la ponencia, el senador Alfredo Rangel radicó un aparte en que pide a la Comisión Primera del Senado que se archive la iniciativa por considerarla una sustitución de la Constitución.

Queda claro que en materia de refrendación, la decisión será exclusiva de La Habana. Y aunque el Gobierno, por boca del ministro Juan Fernando Cristo, había dicho que veía “con buenos ojos” el proyecto del plebiscito, los negociadores de paz estatales tuvieron la última palabra y, por ahora, no se tramitará la iniciativa.