Reforma a control fiscal avanza a pasos agigantados en el Congreso, pese a críticas

En la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado este miércoles, en el sexto de ocho debates, el proyecto de acto legislativo impulsado por el contralor Carlos Felipe Córdoba que busca darle más dientes a su entidad.

Sin embargo, las críticas por lo que sería un aumento desmedido del presupuesto para la Contraloría General de la República y el riesgo de más burocracia le merecieron ponencia negativa de la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde) que buscó archivar la iniciativa, postura que a la postre fue derrotada.

Goebertus adujo en su ponencia negativa que este proyecto "es un proceso de burocratización en Bogotá que no genera un cambio a nivel territorial para poder cuidar los recursos".

El proyecto de acto legislativo N° 355 de 2019 Cámara - 039 de 2019 Senado “por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal” fue aprobado por 112 votos y, en definitiva, no la tuvo fácil en esta ocasión el contralor Córdoba frente a ocasiones anteriores.

El debate por el control previo

Un punto clave del acto legislativo que cursa en el Congreso, y que pasó a Senado, es el control preventivo que podría hacer la Contraloría, el cual actualmente es posterior. “El control fiscal podrá ser preventivo, concomitante, posterior y selectivo, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público”, reza en el articulado de la iniciativa.

Para los detractores de este proyecto, esto se traduce en el regreso del control previo, tal como se hacía antes de la Constitución de 1991. “Como se recordará, este mecanismo paralizaba las obras públicas y servía como elemento extorsivo para los gobiernos de turno. No en vano la mayoría de los contralores que ejercieron antes de la CP-1991 terminaron en la cárcel, tras volverse “barones-políticos”, a través de tal mecanismo de control-previo”, explica en una columna de opinión, Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif.

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Sin embargo, el contralor general asegura que están confundiendo los términos, porque el control previo “nunca será igual al control preventivo”. Córdoba explica que no quieren coadministrar recursos, sino ser más eficaces en el control de los recursos públicos. “Lo queremos es preventivo, como lo hace hoy la Procuraduría y a esos que tanto dicen que somos asustadurías, les diría que somos más bien frustradurías, porque nos vemos frustrados todos los días cuando queremos evitar que se nos roben la plata de todos los colombianos y no podemos hacer nada porque el control es posterior y selectivo y tenemos que esperar a que roben para poderlo recuperar”, dijo el contralor.

Más recursos para la Contraloría

El acto legislativo plantea darle autonomía presupuestal a la Contraloría, y para eso propone que el Congreso expida las leyes que la garanticen. Esto incluye unas apropiaciones progresivas que incrementarán el presupuesto de la Contraloría General durante las siguientes tres vigencias en 250.000, 250.000 y 136.000 millones de pesos respectivamente.

"Con el presupuesto que le estamos dando de crecimiento a la Contraloría sería ocho veces el presupuesto de la Procuraduría, 10 veces el de la Agencia de Renovación Territorial, podríamos pagar cuatro veces las transferencias de cuatro universidades públicas", advirtió la representante Goebertus. Según sus cuentas, el presupuesto del ente de control aumentará el 43,4 % en el 2020, el 30,3% en 2021 y 12,6% en 2022.

El contralor Córdoba asegura que estos recursos son necesarios para que la entidad tenga todas las herramientas para cuidar los recursos públicos, porque los “bandidos” si las tienen para robarlos.

"No cabe duda de que la Contraloría requiere un volumen suficiente de recursos para el ejercicio de sus funciones (...) Sin embargo, un porcentaje mínimo inflexible, no inferior al 0.5% del Presupuesto Nacional, no es una buena alternativa. No estimula la eficiencia del gasto; en épocas de inestabilidad en el recaudo fiscal, puede conducir a oscilaciones indeseables en el monto de los dineros públicos asignados al control fiscal", ha dicho Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda.

La representante Catalina Ortíz, también de la Alianza Verde, secundó a su copartidaria y criticó tanto al contralor Córdoba como al proyecto de acto legislativo.

Apesar de los reparos que aun quedan sobre el proyecto, el contralor Córdoba ha respondido que se mantiene firme en la importancia para el país de esta iniciativa.