“Reglamentación de curules de paz debe ser a través de ley estatutaria”: advertencia de la procuradora Margarita Cabello

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, señaló que la reglamentación de las curules de paz debe hacerse mediante una ley estatutaria y, de esa forma, contar con un control previo de la Corte Constitucional. Es decir, con su respectiva supervisión.

SEMANA conoció un concepto que la jefa del Ministerio Público le envió a ese tribunal, en el que advirtió que la reglamentación de los asuntos electorales tiene reserva de ley estatutaria y, por ello, está sujeta al control previo de constitucionalidad.

Lo anterior, para impedir que las ramas del poder público, cuyos titulares surgen del voto popular, utilicen sus atribuciones normativas con el fin de eliminar o restringir indebidamente los derechos políticos de los ciudadanos.

Por esa razón, sostuvo que el Congreso de la República “deberá expedir una nueva ley que reglamente las curules de paz para las elecciones programadas para 2026, pues el decreto ley adoptado el 5 de octubre de 2021 por el Gobierno nacional para regular dichos comicios es inconstitucional, por no haber sido objeto de control previo”.

Fue el 21 de mayo de 2021 que la Corte Constitucional acabó la polémica de las curules de paz reviviéndolas, a través de un fallo que le dio vida al acto legislativo que las creó como fruto del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Dicha reforma se hundió en 2017 y por eso el tema llegó al alto tribunal, en medio de varias pujas jurídicas.

Sin embargo, como en el gobierno de Juan Manuel Santos se daba por hecho que la aprobación se daría sin problema, se hicieron los cálculos de los gastos en los que se incurriría al crear esas curules y se tramitaron 50.000 millones de pesos con base en la viabilidad que dio la Dirección Nacional de Planeación (DNP).

Y ese fallo del alto tribunal indicaba que se debían crear todas las condiciones para que las víctimas ocuparan esas 16 curules y por ello los 50.000 millones de pesos se destinarían para adaptar el salón Elíptico, las comisiones constitucionales y legales, la construcción de las 16 nuevas oficinas, la adaptación del sistema, y una adecuación tecnológica.

La procuradora recordó que, según la jurisprudencia constitucional, el control previo de los decretos de naturaleza estatutaria, que por mandato de un acto legislativo puede expedir el Gobierno nacional para regular las elecciones, resulta de suma importancia. Esto, dado que sirve de mecanismo de contención para evitar que “pueda alterar en beneficio propio las normas que regulan la función electoral para desconocer los derechos de las minorías”.

Precisó que los efectos de la inconstitucionalidad del Decreto 1207 de 2021 deberán regir hacia el futuro, pues “durante la vigencia de la norma se adelantó la elección de los representantes a la Cámara para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para el periodo 2022–2026, cuyos resultados deben salvaguardarse en virtud del principio de seguridad jurídica”.

¿Cómo va el tema?

Una de las banderas de campaña del presidente Gustavo Petro fue la promesa de la reparación efectiva de las víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, según le dijo a SEMANA el representante de las curules de paz, Diógenes Quintero, si bien ha habido avances, los esfuerzos aún son insuficientes, pues “ha faltado voluntad para la asignación de recursos”.

El congresista también se refirió a la aprobación de la reforma que reconoce a los campesinos colombianos como sujetos de derecho.

SEMANA: Usted hace algunos días denunció posibles irregularidades en la entrega de los auxilios para las víctimas, especialmente en Norte de Santander, ¿Qué está pasando? ¿Ha habido alguna solución?

DIÓGENES QUINTERO (D.Q.): Denunciamos que las ayudas para algunas víctimas ya aparecían como cobradas sin que la persona las hubiera recibido. Frente a esto, el Gobierno reconoció que, efectivamente, ha habido irregularidades y posiblemente comisión de delitos. Estas víctimas, según nos dijo la Unidad de Víctimas, van a recibir su pago a través de un trámite administrativo que se ha definido.

SEMANA: ¿Ha sentido que desde el actual Gobierno sí se está atendiendo realmente a las víctimas?

D.Q.: En el marco general, uno entiende que la política social del Gobierno involucra a las víctimas, pero esto no es suficiente para las víctimas, las víctimas requieren medidas efectivas y concretas. Vemos que el presupuesto ha sido demasiado corto, ha faltado voluntad para la asignación de recursos. Hemos insistido en la necesidad de aumentar el presupuesto para las víctimas, hemos propuesto una meta de reparación de un millón de víctimas al año. Esperamos que esta solicitud sea tenida en cuenta, pero hasta ahora sí consideramos que ha hecho falta mayor esfuerzo.

SEMANA: Esta semana, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en tercer debate el proyecto para que los campesinos sean sujetos de derechos, ¿eso qué significa?

D.Q.: Es un reconocimiento político a la identidad de ser campesino, a la construcción colectiva del territorio, a sus usos y tradiciones, a sus formas de vida organizativa y su lucha histórica, por la redistribución de la tierra, el reconocimiento de sus derechos y la participación en las decisiones que los afectan. Es visibilizar la vida campesina.

SEMANA: En el terreno, ¿qué cambios traerá a la ruralidad el hecho de que se declare a los campesinos sujetos de derechos? ¿Habrá más inversión?

D.Q.: Luego de aprobada esta reforma vendrá una ley estatutaria que crea los derechos de los campesinos y la forma de garantizarlos. El mayor problema de la marginalidad en el campo tiene que ver con la falta de reconocimiento de los campesinos, de sus costumbres, de su cultura. Con esto abrimos la puerta para que haya inversión social, acceso a bienes y servicios en el campo, así como las condiciones para producir de manera rentable y vivir con dignidad.

SEMANA: Este mismo proyecto se ha presentado varias veces y siempre se hunde. ¿Qué le hace pensar que ahora será distinto?

D.Q.: Esta vez hay un nuevo ambiente político en el Congreso alrededor del campo y los campesinos. Esta reforma fue aprobada en Comisión Primera de la Cámara de manera unánime. Esto es el reconocimiento a la lucha de los movimientos campesinos.