Cómo el puerto de Ciénaga habría terminado monopolizado por Prodeco

El 30 de mayo del 2013, con bombos y platillos, el presidente Juan Manuel Santos inauguró una de las grandes obras de infraestructura de su gobierno. Se trataba del terminal marítimo Puerto Nuevo, en Ciénaga (Magdalena), considerado un hito en el desarrollo de la industria del carbón en Colombia al convertirse en el segundo puerto de la bahía de Santa Marta en implementar un sistema para el cargue directo de carbón.

La obra prometía numerosos beneficios. Además de ser una construcción que garantizaba exportaciones ambientalmente amigables, permitía que los barcos fueran cargados en un tercio del tiempo anteriormente empleado, lo que generaba considerables ahorros a los mineros exportadores del país que podrían hacer uso de este terminal marítimo de servicio público.

En el año 2010, a través del antiguo Instituto Nacional de Concesiones (INCO), el puerto público de Ciénaga fue adjudicado a la firma Puerto Nuevo, mediante un contrato que establecía como principal condición la capacidad de exportar 32 millones de toneladas de carbón al año.

Uno de los socios mayoritarios de la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S. A. era la firma Prodeco, propiedad de la multinacional Glencore PLC y considerada el tercer productor más grande de carbón térmico de exportación en Colombia, que se encarga, entre otras, de la explotación de la mina La Jagua (Cesar), cuya producción asciende a 21,4 millones de toneladas de carbón anuales, aproximadamente.

Gracias a su participación en Puerto Nuevo, Prodeco no sólo se convirtió en el principal beneficiario del puerto de Ciénaga, sino que 11 meses después de haber entrado en operación este terminal marítimo, es la única carbonífera que ha podido sacar carbón en este puerto de carácter público.

En mayo del 2014, tras cumplirse el primer año de operación de Puerto Nuevo, el Ministerio de Transporte le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una revisión de la concesión al tener denuncias de que podría haber una restricción a la libre competencia, la cual consistía en simplemente impedir que otras empresas pudieran sacar carbón desde esa plataforma.

La Superintendencia abrió la investigación, de forma preliminar, y luego de recopilar varias evidencias adoptó una trascendental decisión.

Este lunes formuló pliego de cargos contra la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo, a la que acusa de haber “beneficiado deliberadamente a sus accionistas (Prodeco) y obstruir a todo potencial usuario” del puerto público de Ciénaga, según informaron a Semana.com fuentes de la Superintendencia. La acusación también vincula a la minera Prodeco y a diez altos ejecutivos de ambas firmas.

Entre las evidencias recaudadas por la Superintendencia se destacan varios correos electrónicos que se intercambiaron los altos directivos de la compañía en donde confirman que, en efecto, “Puerto Nuevo se construyó teniendo en cuenta únicamente las reservas del Grupo Prodeco, es decir, la producción de carbón de la mina de La Jagua”.

En otro correo electrónico se advierte cómo los directivos aseguran que “la intención nunca fue construir un puerto con capacidad de sobra para terceros”, pese a que el contrato establecía que Puerto Nuevo era público. En el mensaje que se intercambian manifiestan que no van a cumplir con el carácter público establecido en el contrato de concesión. 

¿Competencia imposible?

Con estas evidencias, la SIC encontró mérito para iniciar la investigación con la hipótesis según la cual Puerto Nuevo y Prodeco, su mayor accionista, habrían convertido un puerto público en un puerto privado, con lo que pudieron sacar, intencionalmente, sólo 21,4 millones de toneladas de carbón, a pesar de que el contrato obligaba a tener una capacidad de exportación de 32 millones de toneladas del mineral.

Para la Superintendencia, esta conducta configuraría una restricción a la libre competencia, y afectó principalmente a otras dos empresas que en este tiempo no han podido sacar su producción de carbón. Son ellas Colombia Natural Resources (CNR) y Sloane Investments Corporations.

A estas empresas, por ejemplo, se les exigían requisitos inalcanzables para poder acceder al puerto, como garantías bancarias de primer grado y cargas económicas propias de los accionistas de la Sociedad Portuaria. En palabras de funcionarios de la SIC, tales requisitos estarían provocando “desincentivos” para los terceros que pretendían utilizar el puerto de Ciénaga. 

Esta situación, incluso, obligó a la empresa CNR, que también explota carbón en Cesar, a recurrir a un puerto privado vecino, el que la multinacional Drummond tiene en Ciénaga, para poder exportar su producción. 

El pliego de cargos fue firmado por Jorge Enrique Sánchez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia. Ahora, en el proceso serán llamados los ejecutivos de Puerto Nuevo y Prodeco, quienes deberán dar sus explicaciones.

Si en esta investigación formal se termina declarando que existió violación de las normas de la libre competencia económica, la Superintendencia puede imponer multas cercanas a 13.000 millones de pesos a las 10 personas naturales y de 205.000 millones de pesos a las empresas comprometidas.

En consecuencia, Prodeco, la tercera productora de carbón del país, está en líos por haber privatizado un puerto público, el mismo que inauguró el presidente Juan Manuel Santos en el 2013 con la promesa de beneficiar a todas las carboníferas del país.