¿'Timochenko' irá a la cárcel?

Si usted es de los que se imagina que al final del proceso de paz Timochenko, el jefe de las FARC, va a pasar unos años en La Picota, que se le verá como a Salvatore Mancuso con un uniforme naranja en una gélida prisión de Estados Unidos, o como al legendario Abimael Guzmán de Sendero Luminoso de Perú, con una pijama a rayas en un sótano con barrotes, es mejor irse haciendo la idea que eso no va a ocurrir. Por lo menos no como consecuencia de la firma de un acuerdo de paz en Cuba.

Lo que se está discutiendo entre gobierno y guerrilla en La Habana es cómo diseñar una ruta de justicia para salir del laberinto de la guerra, sin que ninguno de los dos pierda la dignidad, sin ofender a las víctimas, y sin que quede abierta la puerta para que en unos años los jefes de las FARC terminen en el banquillo porque las cosas se hicieron mal. Esa ruta tiene dos muros de contención: lo que moral y políticamente puede aceptar un país que tiene 7 millones de víctimas; y lo que jurídicamente acepta la comunidad internacional.

El presidente dijo que en cuatro meses evaluará si hay avances en esta materia, o si debe considerar la posibilidad de no continuar con el esfuerzo de la negociación. Encontrar una fórmula no es fácil porque la justicia es posiblemente la bisagra entre guerra y paz; y en ella se juega tanto la dignidad de los que han estado enfrentados, como su impronta en la historia; y su papel en el futuro político del país.

Desde que se iniciaron los diálogos de La Habana el gobierno de Santos reconoció que en Colombia hay una guerra y que las FARC son un grupo rebelde, con objetivos políticos. En eso se separó de Uribe que los consideraba solamente terroristas. Pero así mismo, el gobierno ha reconocido que en nombre de la guerra, de lado y lado, se han cometido actos atroces que ni la guerrilla puede defender como revolucionarios; ni las Fuerzas Armadas como legítimos. Le queda imposible a las FARC decir por ejemplo que los secuestros de políticos y militares, encerrados por años en campos de concentración en medio de la selva, se hacían por motivos altruistas; ni pueden las Fuerzas Armadas negar que varios sectores del Ejército hicieron alianzas con los paramilitares para que estos últimos cometieran masacres.

Por eso incluso antes de sentarse a dialogar en Cuba, el gobierno logró que se aprobara un Marco Jurídico para la Paz, en el entendido de que lo más urgente es frenar la guerra y su barbarie, y que tramitar ese pasado atroz requiere mecanismos excepcionales. No tanto para beneficiar a los autores de los crímenes como para garantizar los derechos de las víctimas. Y de eso es que se habla hace un año en la Mesa de Conversaciones.

En qué hay acuerdo

El mes pasado, en medio del recrudecimiento de la guerra, la Mesa de negociación presentó el primer avance de este tema. Ambas partes acordaron diseñar un sistema integral de justicia, que se les aplicará a todos los que en nombre de la revolución o de la defensa de la democracia hicieron gran daño. Ese sistema integral, que está en construcción, busca que haya verdad, algo de castigo, abundante reparación a las víctimas, y sobre todo: que no se vuelva a repetir.

Gobierno y guerrilla acordaron crear una Comisión de la Verdad independiente, de carácter extrajudicial, a donde comparecerán voluntariamente todos los implicados en la guerra, de manera directa o indirecta y contarán todo lo que saben. También las víctimas. Se podrán establecer las responsabilidades del caso y será un proceso público que busca llevar a una mayor convivencia y reconciliación. El propósito es que la verdad sea un bálsamo para las heridas de la guerra y no la sal que se echa sobre ellas.

Sobre reparación hay un avance sustancial en la Mesa, al punto que Santos ha dicho en dos ocasiones que está a punto de anunciarse un acuerdo al respecto. Se sabe que la columna vertebral de lo que se está hablando en esta materia es el reconocimiento de los graves hechos cometidos. Es decir, que tanto las FARC como el Estado tendrán que dar la cara y decir: la embarramos y pedimos perdón. Algo que a ambas partes les ha quedado grande hasta ahora.

También hay conciencia de que se deben hacer reparaciones colectivas e individuales, materiales y simbólicas. Las FARC han manifestado en diversas ocasiones que ayudarán a encontrar fosas, a desminar, a reconstruir pueblos destruidos por bombas, o a mitigar el daño ambiental que han causado por ejemplo en Tumaco. El gobierno por su parte seguramente le dará más envergadura a sus programas de reparación y restitución.

Ahora, en donde hay grandes diferencias es en lo que atañe al juzgamiento y castigo a los crímenes cometidos por la guerrilla, por las Fuerzas Militares, y por quienes estuvieron tras bambalinas.

Crímenes y castigo

Las FARC creen que hablar de juzgamiento y castigo de sus crímenes desconoce su condición de rebeldes, que la rebelión es un derecho universal y que si se alzaron en armas fue por razones altruistas. Por eso han planteado que sí es posible una amnistía amplia, pues la paz es un derecho supremo y Colombia una nación soberana. Y que esa amnistía debería estar sellada por una Asamblea Constituyente. Es decir, que el modelo puede ser más o menos parecido al que tuvo el M-19 a principios de los años noventa.

Pero hay matices. En entrevistas de prensa, algunos de los jefes de las FARC, como Pastor Álape, han condicionado una eventual aceptación de ser juzgados y castigados, si del lado del Estado también se juzga a los que han sido responsables de la guerra tanto civiles y militares. Esa es una ventana abierta para llegar a un acuerdo.

El gobierno, por su parte, se apoya en el Marco Jurídico para la Paz que fue aprobado ya por el Congreso y la Corte Constitucional. En síntesis, el marco dice que, independiente de las motivaciones políticas que han tenido guerrilleros o agentes del Estado, han hecho cosas terribles que en aras de la paz necesitan ser juzgados y castigados de manera especial. Es decir, que no todo son barrotes y pijamas a rayas. El principal asesor jurídico de las FARC en esta materia, el español Enrique Santiago, dice, sin embargo, en el noticiero de internet de esa guerrilla, que el marco es inaceptable porque se hizo sin consultar a la Mesa, porque elude las responsabilidades de una de las partes (el Estado) y porque no es compatible con los acuerdos en materia de participación política que se han construido en la Mesa.

¿Habrá amnistía e indulto?

La respuesta, para la mayoría de la tropa, es sí, porque la ley lo permite en casos donde las personas tengan solo acusaciones por rebelión y porte de armas. Es decir, un grupo grande de guerrilleros podría salir directo para su casa si no ha hecho más que pertenecer a las FARC y tener un fusil al hombro.

Ahora, el delito político prácticamente desapareció en Colombia desde 1997 cuando la Corte Constitucional anuló la conexidad de gran cantidad de delitos comunes y de guerra con él. Antes de ese año un guerrillero que hubiese matado a un soldado en combate podía ser amnistiado. Después de esa sentencia tiene que ser juzgado por homicidio. Por eso una primera cosa que parece necesaria es volver a ampliar el delito político, seguramente a través de una ley. El debate es qué tanto se le puede estirar. ¿A delitos comunes como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico? ¿A los homicidio en combate? ¿Al uso de armas no convencionales o el haber causado daños colaterales? En todo caso no podrán ser conexos, según el Marco Jurídico, los delitos de lesa humanidad, algo que por supuesto no comparten las FARC.

¿Qué pasará con quienes cometieron los delitos más graves?

El gobierno aprendió de la experiencia de Justicia y Paz que juzgar a 1.500 excombatientes de las AUC para, al final de diez años, tener apenas 30 sentencias, poca verdad y reparación, y bandas criminales en medio país, no es una buena elección. Por eso el Marco Jurídico contempla que el Estado puede renunciar a la persecución penal de los guerrilleros que, aunque tienen crímenes, no son los máximos responsables de la guerra, siempre y cuando contribuyan al esclarecimiento en la Comisión de la Verdad; reparen de manera integral a las víctimas, y tengan buen comportamiento. Eso también se aplicaría a los militares y para civiles o políticos involucrados. En un documento publicado esta semana titulado ‘Obrar mal, decir la verdad: rebelión y veridicción’, y cuyo autor es Carlos Alberto Ruiz, uno de los abogados que asesora a las FARC en esta materia, propone algo muy similar a esta fórmula del gobierno, lo que permite inferir que es una fórmula susceptible de acuerdo.

¿Habrá juicios y penas?

El punto más crítico de debate es quién va a pagar por los crímenes de guerra y lesa humanidad. El Marco Jurídico en el que se apoya el gobierno dice que solo se juzgará a un puñado de personas para hacerlo de manera ejemplarizante y eficaz. Esta selección es aceptada en el mundo entero para los casos de transiciones de la guerra a la paz.

La idea, según lo ha dicho el jefe negociador Humberto de la Calle, es que una comisión independiente diga cuáles son los peores hechos cometidos por ambas partes y se los pase a una fiscalía creada para tal fin que determine quiénes deben responder por ellos y los impute. Luego un tribunal de iguales características, creado por acuerdo entre las partes, los juzga.

La Unidad de Contexto de la Fiscalía tiene documentados 56.516 crímenes de las FARC, de los cuales 9.501 son secuestros; 17.345 son desplazamientos forzados; 5.895 son desapariciones; 11.421 son reclutamientos de menores; 11.895 son métodos ilícitos de la guerra; y 459, delitos de género. Estos delitos se les imputarán a todo el secretariado y el estado mayor. Pero otros guerrilleros también pueden resultar siendo parte de los máximos responsables, como por ejemplo, el Paisa, comandante de la Teófilo Forero, a quien se le atribuye la bomba de El Nogal. En cambio hay algunos jefes de las FARC que a pesar de su figuración pública no tienen ningún expediente criminal, como Jesús Santrich.

Obviamente, ni a las FARC les gusta la idea de que sus máximos jefes pasen al banquillo, y tampoco a los militares. Para ambos es un asunto de dignidad y de legitimidad. Sentarse ante un tribunal es visto como una derrota política, y esta es una negociación que parte de la premisa de que en la guerra colombiana no hubo vencedores ni vencidos.

El dilema es este: si por ejemplo Timochenko, que tiene 140 órdenes de captura y decenas de condenas, comparece ante el tribunal especial, este podría ponerle una sanción de 40 años de cárcel, pero en aras del proceso de paz –tal como está en el Marco Jurídico- suspenderle 35 de ellos y quedar apenas con cinco años pendientes. Hay quienes creen que esos cinco años pueden ser cubiertos por una pena alternativa que no necesariamente lo prive de la libertad. Por ejemplo, trabajo social, o una sanción política como prohibirle ejercer cargos públicos o participar en elecciones.

Sin embargo, otra interpretación de lo que ha dicho la Corte Penal Internacional es que algo de privación de libertad debe tener. Ahora, no solo las FARC. Este es un asunto que también involucraría, por ejemplo, a los generales que son investigados por crímenes como masacres o por falsos positivos. Como dijo De la Calle no necesariamente sería una cárcel con barrotes y pijama a rayas. No en Guantánamo, pero tampoco en Tolemaida Resort.

¿Aceptarán las FARC algo de privación de libertad?

Eso es difícil de saber y en realidad para resolver todos estos dilemas es que las partes se han dado cuatro meses de trabajo acelerado para luego evaluar. Si en noviembre todavía las FARC están en la posición de una amnistía general e incondicional; y el gobierno en la tesis de ‘algo de privación de la libertad’ y no hay puntos de encuentro, entonces, difícilmente podrá seguir adelante el proceso de paz. Un punto intermedio que sugieren muchos expertos es que se reconozca que la insurgencia tenía intenciones loables de hacer un cambio social y que se sancionen de todos modos los hechos repudiables que cometió. Es decir, que su dignidad se mantenga intacta.

Más allá de la comunidad internacional o la seguridad jurídica que requiera un acuerdo, cualquier fórmula que se encuentre tendrá que medirse con el termómetro de lo que la propia sociedad considera admisible. Y por eso que Santos se haya dedicado a hacer pedagogía él mismo era un paso más que urgente.

Para el gobierno, los colombianos no están dispuestos a aceptar cero cárcel. Una tesis en la que no creen las FARC, pues consideran que la paz es un objetivo superior por el que la gente está dispuesta a perdonar. Así por lo menos lo expresaron la mayoría de las víctimas que fueron a La Habana. Cero castigo es posible, pero significaría un salto al vacío en materia de seguridad jurídica.

También hay problemas objetivos que resolver. Si los jefes de las FARC van a la cárcel pierden capacidad de ayudar a la reparación o a la reintegración de sus combatientes e incluso a lo pactado en participación política. Es difícil que si todo el secretariado está en una colonia agrícola pueda conducir el partido político que sueña con crear en el futuro o pueda disputarse unas curules en la arena electoral. Y ese es realmente el alma de todo este proceso.

Finalmente, el otro tema crucial en el paquete de justicia es el que tiene que ver con las garantías de no repetición, que merecen una capítulo aparte. En este punto el Estado tendrá que esculcarse por dentro, para sacar de sus entrañas las fuerzas oscuras que puedan sabotear el proceso de paz; y garantizar que puede tener control del territorio con una institucionalidad vigorosa, y con mayores dosis de democracia y equidad social. Algo sobre lo que existen más interrogantes que certezas.