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| 10/30/2014 12:00:00 AM

La pesadilla de estar en la lista Clinton por error

A Rosa, una desplazada, el Estado y los bancos le cerraron las puertas durante cinco años. Su tienda hoy está quebrada.

Una desplazada en la lista Clinton por error Rosa Amelia Giraldo Arango Foto: José Guarnizo
En una de las vitrinas de la tienda de Rosa Amelia Giraldo Arango hay un letrero que resume un poco la crisis que carcomió su negocio durante los últimos cinco años: “No hay recargas ni chances”.

Pero si se mira bien alrededor, la verdad es que no sólo faltan las recargas a celular, sino que la tienda no tiene nada qué ofrecer, salvo gaseosas, que se venden de dos a tres cada día.

Rosa, una mujer que llegó a probar suerte a este barrio periférico de Bello, Antioquia, luego de que la desplazaran violentamente del municipio de Angostura, comenzó su mala racha el 26 de agosto del 2009, día en que fue a reclamar su acostumbrado subsidio de Familias en Acción.






Foto: José Guarnizo

Esa vez, a Rosa la remitieron de la caja de pagos a la oficina de la propia gerente del Banco Agrario, quien, con cara de estupor, le dijo que la cuenta había sido bloqueada pues una alerta decía que su nombre y su número de cédula aparecían en la lista Clinton.

—¿La lista Clinton? ¿Y qué es eso? —preguntó Rosa, asustada.

La gerente le explicó a Rosa que aquello significaba que su nombre estaba en el inventario de las personas que, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tenían nexos o eran testaferros de los narcotraficantes y terroristas más buscados de Colombia.

—Eso es muy delicado, a usted la pueden meter a la cárcel en cualquier momento —le advirtió la gerente.

La tienda de Rosa se llama La Roca. Es una casa con un portón abierto de par en par, que queda frente a un caminito de lodo y gravilla, en un sector llamado Calle Vieja, en Bello. A dos cuadras de allí, un alud de tierra sepultó 82 personas el 5 de diciembre del 2010, una tragedia que permitió ver las condiciones de vulnerabilidad en las que estaba sumido el barrio entero.

Desde cuando le dieron la noticia, Rosa comenzó a deambular de oficina en oficina, de despacho en despacho, buscando alguna solución, pero la respuesta siempre fue la misma: el Estado colombiano no tenía la potestad de sacarla de la lista, aun cuando desde el comienzo se hizo evidente un error.

Y es que pese a que el número de cédula de Rosa aparecía en la lista negra, su segundo apellido no coincidía con el de la mujer que para los Estados Unidos estaba relacionada con el narcotraficante Élmer Pacho Herrera y con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.  

A Rosa dejó de llegarle el subsidio con el que mensualmente surtía la tienda y con el que se ayudaban sus dos hijas para ir a estudiar. Durante cinco años, esta mujer de 40 años de edad evitó toparse con policías, temiendo que le fueran a pedir documentos.

No fueron pocas las veces en las que se imaginó arrestada, esposada y montada en un avión rumbo a Estados Unidos. “Qué miedo que lo capturaran a uno por ahí. Era como si yo cargara con un pecado encima. Y luego pensaba, ‘pero si yo no debo nada, por qué me voy a esconder’. Pero igual trataba de no salir mucho”, recuerda.

Y la tienda La Roca comenzó a ir de para atrás. Los abarrotes, las legumbres, la carne, todo el surtido que en los buenos tiempos llegó a producir 200.000 o 300.000 pesos diarios, desapareció de las estanterías. “Si yo hubiera podido hacer un prestamito, con eso habría llenado la tienda para ir pagando las cuotas y los intereses. Pero a los bancos no pude volver”, dice Rosa, sentada junto a su nieta Luciana y a su hija María de los Ángeles.

—¿Y ahora qué vende?

—Nada, la gaseosa que usted ve ahí la compré con lo de una natillera. Es una corporación que cada tres meses nos presta de a 100.000 o 200.000 pesos”. La Roca todos los días produce de 2.000 a 5.000 pesos. Los clientes se cansaron de ir a que les dijeran, “no hay”.

Hace un año Rosa dejó de visitar oficinas públicas, pues en un oficio la Defensoría del Pueblo le decía que debía enviar a la embajada de Estados Unidos una carta traducida al inglés. Y ahí sí el asunto se le complicaba. Conseguir a un traductor en Calle Vieja era tarea que Rosa no supo cómo sortear.

Rosa tenía al Estado colombiano en contra. El juzgado 24 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín le había negado una acción de tutela con el argumento de que el trámite para desvincular a una persona de la lista Clinton era una “acción administrativa de los Estados Unidos y no una gestión jurisdiccional”.

Para terminar de ajustar, la subdirectora de Representación Judicial de la Superintendencia Financiera de Colombia ofició diciendo que, de haber un error, Rosa Amelia Giraldo Arango debía “iniciar el trámite ante la oficina para el control de activos extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro Americano, quien administra entre otras, la denominada lista Clinton”.

Cuando todo parecía perdido, una periodista de Caracol Televisión llamó a Rosa para decirle que la Corte Constitucional había revocado la sentencia del juzgado de Medellín y que le había ordenado a las demás instituciones colombianas no volver a obstaculizar la efectiva entrega de auxilios del Estado.

Y a Rosa la empezaron a llamar de los medios de comunicación para contarle de la buena nueva, porque ni siquiera una notificación le llegó. Todavía la espera. Uno de los argumentos de la Corte lleva explícita una verdad que todos pasaron por alto: Rosa es víctima del conflicto armado. Una víctima que hoy sólo espera ver su tienda surtida y que María de los Ángeles salga algún día de Calle Vieja a estudiar una cerrera en la universidad.    

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