Uno cero a favor del Estado

En Colombia es comun demandar a la Nación y ganar el pleito. Pero que el Estado le gane una pelea jurídica a una empresa conformada por importantes firmas de ingeniería colombianas y tres socios españoles, entre ellos la tercera constructora de ese país, es noticia, y bien grande.

En ese sentido es la decisión de segunda instancia que tomó la Fiscalía en días pasados, por la que dictó medida de aseguramiento por peculado por apropiación y falsedad contra siete de los socios de los sindicados en el caso Commsa, un consorcio de empresas colombianas y españolas que se comprometieron en 1997 a construir la Troncal del Magdalena Medio.

La Fiscalía sostiene que las siete personas engañaron al Invías con documentos falsos y manejaron irresponsablemente 124.000 millones de pesos que la Nación había aportado al proyecto, y que ahora tendrán que devolver.

¿Quienes son?

El consorcio Commsa está compuesto por 12 firmas colombianas y españolas. Uno de los mayores accionistas ibéricos es ACS, la tercera constructora más grande de España, con 10.000 empleados. Su gerente es Florentino Pérez, presidente del club de fútbol Real Madrid. Otros socios españoles son Sacyr -la séptima constructora de ese país-, ENA (Empresa Nacional de Autopistas) y el Banco Santander Central Hispano.

Los accionistas colombianos, además del estatal Instituto de Fomento Industrial (IFI) son: Castro Tcherassi, Equipos Universal, Cano Jiménez, Wackenhut de Colombia y Gercon. Sus gerentes y propietarios, Alfredo Tcherassi Guzmán, Javier Jerónimo Montoya De Vivero, José Gabriel Cano Hernández, Mario Resk Gómez, Julio Gerlein Echeverría y José Antonio Jaime Escobar, tienen medida de aseguramiento.

Según el fallo los colombianos, como miembros de la junta directiva de Commsa, deberán responder penalmente por los dineros que perdió la Nación. Sobre los miembros de junta de nacionalidad española la Fiscalía aún no se ha pronunciado. La cuantía del peculado está descrita en un dictamen pericial elaborado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), calculado en 124.000 millones de pesos.

La Fiscalía decidió que por tratarse de personas altamente reconocidas en la sociedad, dueñas de empresas y negocios lícitos y por haberse presentado voluntariamente ante la justicia, confía en que no se fuguen y por eso no van a ser detenidas, pero tendrán que firmar un acta en la que se comprometan a presentarse cada vez que el fiscal les solicite.

No obstante José Gabriel Cano, vocero de Commsa, envió a SEMANA la última página de la decisión de la Fiscalía, argumentando que "no hay medida de aseguramiento contra ellos". Ante esta afirmación el abogado del gobierno, Jaime Lombana, aseguró: "Las decisiones de la justicia no son la última página. Sólo puedo decir que el texto de la providencia es de 26 páginas. Y en ella se afirma textualmente que se impone medida de aseguramiento por los delitos de peculado y falsedad".

¿Que hicieron?

La historia de Commsa empezó en 1997, cuando el Invías abrió un concurso para adjudicar la concesión vial más grande del país hasta el momento. Era una carretera que uniría el Alto del Vino, en la Sabana de Bogotá, con Puerto Salgar, en la Costa Atlántica. Como la obra era tan grande no se podía financiar exclusivamente con los peajes y el Invías tenía que hacer un aporte. El concursante cuya propuesta exigiera al Invías una menor cuantía ganaba puntos en la licitación.

En su propuesta Commsa pedía como aporte estatal 70 millones de dólares menos que los otros concursantes. Por eso ganó de lejos la licitación. El detalle es que, una vez adjudicado el contrato, Commsa pidió al Invías modificar el trazado de la obra y reducir así su costo en cerca de 100 millones de dólares. Los constructores que perdieron la licitación consideraban que eso era trampa.

El Invías encontró injustificado el cambio del trazado y trató de obligar al concesionario a construirla de acuerdo con los planos originales. Ahí empezaron los problemas, pues Commsa incumplió las condiciones del contrato referentes a la financiación de la obra (lo que se conoce como el cierre financiero). En ese momento el Invías quiso hacer efectiva una póliza de cumplimiento del contrato que había entregado Commsa, que resultó ser falsa. Entretanto, según argumenta la Fiscalía, el consorcio se gastó la plata de los aportes del Invías al proyecto, qué sólo se podía destinar a la obra, en otras cosas. En esos distintos desvíos de los recursos estaría el peculado.

A la Fiscalía le llamaron la atención los millonarios gastos en que incurrieron estas personas con dineros de la Nación. Primero, se gastaron seis millones de dólares en un nuevo diseño, no autorizado, que modificaba el original de la construcción de la carretera. Le donaron 300 millones de pesos a la Policía Nacional para pavimentar unas vías de la Escuela de Carabineros en Facatativá; compraron obras de arte; pagaron pasajes en primera clase a Madrid y hospedaje en lujosos hoteles (el Meliá Castilla) para algunos de sus directivos; contabilizaron como propios los rendimientos financieros de los 71 millones de dólares que el Invías alcanzó a aportar al proyecto. No obstante José Gabriel Cano, de Commsa, afirma que todos esos gastos eran parte de las operaciones normales de una empresa con socios en Colombia y España.

Sin embargo el ex director del Invías Darío Londoño, a quien le tocó firmar la caducidad del contrato, le dijo a SEMANA: "Ellos le causaron un gran daño a la Nación. Se perdió un crédito de 250 millones de dólares y cinco años de retraso de la construcción de la vía más importante que iba a tener Colombia".

Una de las personas más comprometidas en este escándalo es José Antonio Jaime Escobar, ex gerente de Commsa. La Fiscalía dice que en su investigación comprobó el mal manejo que Jaime le dio a los dineros de la Nación y que engañó al Invías con una póliza falsa que garantizaba el cumplimiento de la obra. Por eso el Estado no tiene cómo cobrar los perjuicios causados. Hoy Jaime Escobar es un alto funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), que contrata la realización de la mayoría de las grandes obras públicas en la capital.

Si los argumentos de la Fiscalía se comprueban en el proceso judicial que aún falta por recorrer, el caso Commsa sentaría un precedente en la justicia colombiana. En los tres años de enfrentamientos entre representantes del gobierno y los grandes constructores de Colombia y España se demostraría que el Estado ahora sí estaría aprendiendo a defenderse. Basta con escuchar al ex ministro de Transporte Gustavo Canal, quien recibió como muy positiva la decisión de la Fiscalía pero que recuerda con indignación los rounds de esta pelea: "Fue una presión terrible, indebida e injusta que provino desde congresistas colombianos, amenazas de los abogados, intervenciones del embajador de España en Colombia y hasta del propio gobierno español. Incluso muchas veces abordaron a nuestros embajadores en Madrid para presionar a favor de Commsa", le dijo el ex ministro a SEMANA.