USO Y ABUSO

A la madrugada del pasado sábado 21 de febrero se firmó un controversial acuerdo entre el gobierno y el sindicato de Ecopetrol, USO, lo que previno una huelga en la petrolera estatal que amenazaba con dejar al país sin suministro de combustible. El acuerdo sorprendió no sólo porque el gobierno accedió a la mayoría de las peticiones del pliego 'extraconvencional' de la USO sino porque contradijo radicalmente la posición que había expresado sólo una semana atrás en carta dirigida al sindicato. Los representantes del gobierno sucumbieron ante la presión de los dirigentes sindicales para incluir en la nómina de Ecopetrol a 380 trabajadores con contrato a término indefinido. Aunque este incremento en la nómina ya estaba acordado en la convención vigente, no tenía que ejecutarse antes del 31 de diciembre de 1998. Aun más, seis días antes el gobierno había asumido una posición radicalmente contraria frente a ese punto, pues según la carta enviada a la USO, "por el propio bien del futuro de Ecopetrol, hasta no obtener un nivel de concertación tal que nos permita esta definición, no será posible efectuar nuevos enganches a término indefinido".
El gobierno también se comprometió a pedirle al Congreso incluir en su agenda para la próxima legislatura la controvertida propuesta de política petrolera de la USO. La propuesta contempla, entre otras cosas, volver a adoptar un tipo de contratación petrolera de distribución escalonada. Este mecanismo, vigente entre 1990 y 1992, probó ser ineficaz pues al reducir significativamente la rentabilidad, condujo a una caída pronunciada en la actividad exploradora. Una vez más el gobierno se contradecía, pues una semana atrás había respondido a esta petición de la USO diciendo que correspondía a la Organización Sindical gestionar este debate ante el Congreso ya que se estima que la actual política petrolera responde a las necesidades del país. El actual sistema de contratación denominado Factor R, se implementó luego de un detallado análisis de parte del gobierno y aunque algunos analistas lo tildan de tímido y de haber sido puesto en práctica tardíamente todos coinciden en que es un paso en la dirección correcta. Este aparente aval del gobierno a una iniciativa que va en detrimento de la rentabilidad de la inversión petrolera en el país es preocupante en una coyuntura donde varias multinacionales ya han comunicado su decisión de retirarse de Colombia.
Finalmente, en un acto sin precedentes el gobierno le prometió al sindicato monitorear el proceso que adelanta la Fiscalía en contra de 18 dirigentes y afiliados a la USO. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la oficina para la Defensa de los Derechos Humanos de los Trabajadores velarán porque se preserven los derechos de los sindicalistas acusados por la Fiscalía. En la respuesta al pliego de peticiones de la USO firmado una semana previa al acuerdo, el gobierno consideró que dada la "separación de poderes y concretamente a la autonomía de la rama jurisdiccional" no era procedente para el gobierno o Ecopetrol "ejercer influencia de ninguna naturaleza" sobre estos procesos legales. Esta actitud del gobierno nacional dio lugar para que muchos observadores como el doctor Gilberto Arango Londoño dedujeran que "habrá presiones sobre los fiscales, jueces o magistrados" encargados de los procesos penales contra los dirigentes sindicales.
En referencia al primer punto, el ministro de Minas y Energía, Orlando Cabrales, dijo a SEMANA que el compromiso para enganchar a 380 trabajadores a término indefinido ya había sido adoptado en la convención vigente y por consiguiente era obligación del gobierno nacional darle cumplimiento. Sin embargo, Ecopetrol no tenía que dar cumplimiento a esta medida antes del 31 de diciembre de 1998. El presidente de esta última empresa, Enrique Amorocho, por su parte, se limitó a calificar el acuerdo como satisfactorio y precisó que el tema de política petrolera compete al país y no es tema de discusión entre Ecopetrol y su sindicato. Por último, el ministro Cabrales y el doctor Amorocho coincidieron en dos aspectos. El primero, que el gobierno va a abogar enérgicamente porque se mantenga el actual régimen de contratación petrolera. Segundo, que el gobierno velará porque se respeten los derechos de los dirigentes sindicales acusados para proteger la ya deteriorada imagen de Colombia en términos de derechos humanos en el exterior. Muchos observadores de esta negociación consultados por SEMANA coincidieron en que el gobierno sucumbió al chantaje del sindicato por motivos netamente electorales. Según ellos, ad portas de unas elecciones tan polarizadas como las que se avecinan, el gobierno no podía darse el lujo de un deterioro en su imagen por una suspensión en el suministro de gasolina y un enfrentamiento con el sindicato más poderoso del país.