Denuncian presiones a funcionarios de Alcaldía de Medellín para marchar por Daniel Quintero

El concejal de Medellín por el partido Centro Democrático, Simón Molina, alertó sobre presuntas presiones de las que estarían siendo víctimas algunos empleados y contratistas de la Alcaldía para salir en defensa de Daniel Quintero este miércoles 11 de mayo a las 5:00 p. m., luego de que la Procuraduría ordenara este 10 de mayo su suspensión provisional por presunta participación en política.

Supuestamente, a través de mensajes enviados por WhatsApp, los estarían obligando a asistir a la manifestación que organizó el propio Quintero para mostrar desacuerdo por la decisión que tomó el ente de control disciplinario.

La cita a favor del alcalde de Medellín tendrá lugar el día de hoy en la Plazoleta de La Alpujarra a las 5:00 p. m.: “Convoco a toda la ciudadanía de Medellín a defender la democracia y la voluntad popular. La procuradora ha violado nuestros derechos políticos”, fue el texto que divulgó el mandatario por medio de sus redes sociales. Incluso, el candidato presidencial Gustavo Petro instó a salir a las calles.

En las pruebas que tiene el concejal Molina –quien forma parte del grupo de oposición de la administración de la ciudad– se alcanzan a leer las presuntas frases que habrían emitido los integrantes del gabinete del alcalde.

Otra persona señaló: “Les están diciendo que tienen que ir hoy a manifestarse por lo de Quintero y que lleven las familias porque las familias se benefician de lo que ganan en la Alcaldía”.

Finalmente, algunos funcionarios de la dependencia de espacio público habrían recibido otro mensaje, en el cual los autorizan a asistir, siempre y cuando tengan disponibilidad; sin embargo, el emisor les advierte que vayan sin uniforme ni distintivos.

A raíz de los hechos, el miembro del Centro Democrático interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue las supuestas presiones.

“En realidad no basta con suspender a Quintero, es necesario frenar esta participación indebida en política desde la institucionalidad. Siguen desde la Alcaldía presionando a contratistas y funcionarios”, afirmó el concejal.

Frente a las denuncias, la Alcaldía respondió que son mensajes de la oposición, por lo que se podrían interpretar como un ataque a la organización del evento.

Daniel Quintero: suspensión que sacude la campaña presidencial

A pesar de los cuestionamientos hechos por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace poco más de un mes entró en vigencia la polémica reforma a la Procuraduría, en la que se hacen modificaciones al Código Disciplinario.

Esta norma, cuya entrada en vigencia pasó desapercibida, cobra hoy mucha relevancia, pues fue la ley en la que se amparó la Procuraduría para aplicar la medida de suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política.

Esta ley le da la potestad plena al Ministerio Público para investigar y destituir a los funcionarios de elección popular.

“Se le atribuyen a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular, y adelantar las investigaciones disciplinarias, e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley”, reza el artículo 2 de esta norma.

La sanción de Quintero se remonta a un video que publicó el alcalde de Medellín en su cuenta de Twitter, en el que se le ve montado en un carro. Quintero mueve la palanca de cambios y mete primera para luego decir: “El cambio, en primera”.

El video, que dura unos pocos segundos, desató todo una polémica, pues esa misma frase de “el cambio en primera” fue promovida este martes 10 de mayo por el Pacto Histórico para promover la victoria de Petro en primera vuelta. Incluso, se logró posicionar el hashtag #ElCambioEnPrimera.

Ahora lo que sigue, según le dijeron fuentes de la Procuraduría a SEMANA, es que, por tratarse de un funcionario de elección popular, Quintero tiene derecho a una “consulta automática” que se hará ante una Sala de Instrucción compuesta por procuradores delegados.

Allí, el alcalde podrá presentar los alegatos correspondientes para argumentar la improcedencia de la medida de suspensión. Mientras tanto, el proceso de fondo por presunta participación en política seguirá avanzando en la Procuraduría.