EE.UU certifica a Colombia para recibir fondos

Este viernes, Estados Unidos certificó una mejora en la situación de los derechos humanos en Colombia que le permite liberar los 32 millones de dólares para la lucha contra el delito y el narcotráfico, dinero que el gobierno estadounidense había retenido.

El vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly, dijo de todos modos que Colombia debe lograr mayores progresos en el terreno de los derechos humanos y describió en una declaración varias instancias inquietantes, incluyendo denuncias de asesinatos de civiles por parte de soldados, y vigilancias ilegales.

Pero, agregó, ese país "ha hecho esfuerzos significativos por aumentar la seguridad de su pueblo" que justifican la certificación al Congreso estadounidense de que Colombia cumple con los criterios legales sobre derechos humanos y que los fondos estarán disponibles.

"Años de reformas y entrenamiento están conduciendo a un aumento del respeto y al entendimiento de los derechos humanos por parte de la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas", afirmó.

Las autoridades colombianas insisten en que tratan de erradicar los abusos a los derechos humanos, mientras sus detractores dicen que los abusos continúan en momentos en que el gobierno sigue su lucha de años contra una insurgencia izquierdista.

La Confederación Sindical Internacional dice que Colombia es el país más mortífero para los activistas de los derechos de los trabajadores, con 49 muertos el año pasado en comparación con 39 en el 2007, aunque menos de los 78 en el 2006.

El Relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, el australiano Philip Alston, informó por separado en junio que los soldados habían matado a centenares de civiles inocentes, identificándolos falsamente como guerrilleros muertos en combate para elevar la cifra de muertos. Las autoridades han prometido eliminar esa práctica y castigar a los responsables.

"No hay duda de que deben lograrse mejoras en determinadas áreas", dijo Kelly. "Las revelaciones de matanzas extrajudiciales son evidencia de que las reformas de largo alcance de las fuerzas armadas no se han arraigado totalmente".

También mencionó denuncias "inquietantes e inaceptables" de intercepciones ilegales de comunicaciones en el país y de vigilancia por parte del Departamento de Seguridad Administrativa de Colombia.

Maria McFarland, investigadora de Human Rights Watch, dijo que la decisión era decepcionante y que el gobierno colombiano sólo había respondido a las denuncias después de intensas presiones.

"La pauta del pasado ha sido ignorar los abusos serios a los derechos humanos y dejar que fluyera el dinero", dijo del gobierno estadounidense. "Claramente esta vez, aunque hay serios abusos, han decidido certificar".

La certificación tiene lugar en momentos en que Estados Unidos trata de asegurar a Hispanoamérica que una propuesta de dar a los militares estadounidenses mayor acceso a las bases militares colombianas no creará bases norteamericanas permanentes.

El presidente venezolano Hugo Chávez ha calificado el plan como una seria amenaza a la región. Colombia ha tenido disputas con Ecuador y Venezuela sobre los supuestos vínculos de sus líderes izquierdistas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que han tratado de derrocar gobiernos en Bogotá durante 45 años.

Dos legisladores estadounidenses, los senadores demócratas Christopher Dodd y Patrick Leahy, enviaron recientemente una carta a la secretaria de estado Hillary Rodham Clinton preguntándole sobre las consecuencias de profundizar las relaciones con Colombia mientras afloran revelaciones sobre supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de los militares de ese país.

Información de AP