Senado y Cámara decidirán suerte del estatuto antiterrorista

Aun no se conocen los personajes que participarán en la audiencia de hoy. En la de ayer, estuvieron presentes Gloria Cuartas, representante del Frente Social y Político y el general en retiro Álvaro Valencia Tovar. La primera denunció arbitrariedad de las autoridades y violación a los derechos humanos. El segundo, pidió conciencia sobre una "liberación humanitaria".

Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó, argumentó que si bien el estatuto antiterrorista aún no se ha reglamentado, "se viene aplicando a través de los allanamientos indiscriminados, las detenciones arbitrarias masivas e individuales y las violaciones reiteradas del derecho a la intimidad con la interceptación de comunicaciones. Todo este tiempo se continuaron implementando operaciones militares en las llamadas zonas de rehabilitación".

Además reveló que "entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003, 6.038 personas fueron detenidas, de las cuales 4.846 fueron detenciones masivas. De ese gran total de capturados, recobraron su libertad 3 mil 750".

También se refirió a la medida de empadronamiento, que propone que todos los colombianos registren sus datos ante una notaría. La política aseguró que la propuesta "muestra sus claras intenciones violatorias de la intimidad a escalas alarmantes. La información sobre el sitio de vivienda, trabajo, sobre los vecinos, amigos a quienes se visita, es una modalidad de control corporativo y fascista sobre la sociedad".

Como punto final en su alocución ante el Congreso, concluyó que "es una obligación del Congreso impedir que se imponga esta política que revoca de hecho el Estado Social de Derecho e impone un Estado comunitario. De lo contrario estaremos condenando al país a que sólo tenga tres posibilidades de existencia: cárcel, cuartel o cementerio".

Por su parte, el general en retiro le pidió al Legislativo que fije las condiciones para establecer la "liberación humanitaria", que consiste en ubicar en un sitio determinado a todas las personas secuestradas por parte de la guerrilla y a los mandos medios de la guerrilla por parte del Gobierno. "Dentro de esa posibilidad no se puede hablar de canje humanitario sino pensar en la figura de la liberación humanitaria, lo cual no va en contravía de los acuerdos internacionales, para poder liberar a las personas que están privadas de la libertad".

A petición del Gobierno, el Congreso tiene que reglamentar cuanto antes el estatuto. Por eso se espera que después de la jornada de hoy se registren avances sustanciales en torno a la medida, que ha levantado ampolla en la opinión nacional e internacional por suponer, según algunas Ongs, una violación flagrante a los derechos humanos.