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Armas de fuego matan 17.600 personas al año

Aunque desde 2002 las muertes violentas se han reducido a la mitad, la mayoría siguen siendo violencia criminal en las ciudades, no directamente asociadas al conflicto.

Andrea Peña
7 de abril de 2006

Jesús salió a tomarse unas cervezas en el bar que frecuentaba en La Fragua, un barrio al sur de Bogotá. Eran las once de la noche. En el sitio se encontró con dos amigos que trabajaban con él en una fábrica de reatas en la zona industrial. Se pasaron de tragos. Después de salir del sitio y cuando se tambaleaban en una calle sin luz, timbraron en una casa desconocida. Como nadie les abrió, insistieron. Hacían bulla, cantaban, gritaban. Intempestivamente, cinco disparos silenciaron la algarabía de los tres borrachos. El arma se asomó de una ventana vecina y nadie vio quién disparó.

Así son las historias de quienes mueren violentamente en Colombia. A Jesús lo mataron con un revólver 38 largo cuyo dueño tenía sus papeles en regla porque trabajaba como escolta de un personaje público que, según dice, estaba amenazado. Como él, miles de colombianos han sido asesinados por cuenta de armas de fuego con salvoconducto que, infortunadamente, son mal utilizadas por sus propietarios.

A pesar de que Colombia ha reducido a la mitad el número de homicidios desde 2002, sigue siendo uno de los países más violentos del mundo: entre 1979 y el 2005 han muerto 475 mil civiles y combatientes por armas de fuego. Y anualmente, el conflicto armado y la criminalidad cobra la vida de 17.600 personas.

Esas fueron los preocupantes resultados que arrojó “La Hidra de Colombia, las múltiples caras de la violencia”, un estudio adelantado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerarc); las universidades Javeriana, de Ginebra y la de Londres-Royal Holloway.

Debido a la historia violenta de este país, hubo conclusiones más dramáticas que no fueron tan sorprendentes: el impacto de la muerte por armas de fuego ha crecido en los últimos 25 años. “Las muertes por arma de fuego han pasado de ser un 3% de las muertes totales en 1979 (...) hasta alcanzar un pico del 15% en el 2002” y a pesar de haber descendido desde hace cuatro años, estas son la primera causa de muerte en Colombia.

Armas a granel

La mayoría de armas de fuego que circulan en Colombia son ilegales. La Oficina de Control de Armas del Ministerio de Defensa dice que se ha autorizado la circulación de 1'280.000 armas durante sus 50 años de existencia. Se estima los particulares tienen 825 mil y que el resto están en poder de organismos de seguridad del Estado, departamentos de seguridad y empresas de vigilancia privadas. (Ver Lucho Garzón propone desarmar Bogotá). Pero el estudio, basado en varias fuentes diferentes, tiene otras cuentas: las armas legales e ilegales que tienen los particulares está entre 2,3 millones y 3,9 millones.

De otro lado, llama la atención las diferencias en el tipo de armas que tuvieron las AUC (la mayoría hoy desmovilizadas) y las que hoy portan grupos guerrilleros como las Farc.
Las Farc manejan pistolas 9 mm, Uzis, fusiles AK- 47, varios tipos de lanzadores de granadas y sistemas de defensa antiaérea portátiles. “Pero tienen más talleres de reparación, más armas hechizas y las conocidas como ‘changón’”, explica Catherine Aguirre, una de las investigadoras del Cerac. El ELN tiene armas similares, pero en menor cantidad, mientras que el gran arsenal de los paramilitares incluía fusiles
R15, ametralladoras M60 y Galil israelíes, armas sofisticadas y de alto calibre que incluían silenciadores.

El mercado legal de armas en Colombia está entre los más regulados del mundo. Sin embargo, el incumplimiento de las normas le abre las puertas al mercado negro. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali redujeron los índices de homicidios gracias a las campañas de los gobiernos locales y a las restricciones de porte de armas en cada una de estas ciudades. Pero precisamente fueron estas las ciudades que más estuvieron golpeadas por los homicidios: Bogotá tuvo 1.669; Cali, 1583; Medellín, 755; Pereira, 478, y Cúcuta, 436.

“Las reducciones de la violencia se han conseguido en las áreas más densamente pobladas, donde hay una fuerte presencia del Estado. En las áreas aisladas, el Estado ejerce un control débil y el conflicto continúa sin rienda. En 2003 y 2004 se redujo en gran medida la violencia relacionada con el conflicto, especialmente en lo que se refiere a civiles, pero esos avances se reversaron en la primera mitad de 2005. Como un todo, los principales éxitos del país han tenido un alcance limitado.

Para los investigadores, esto también indica que la principal amenaza para la seguridad de los colombianos es la violencia criminal que no está relacionada con el enfrentamiento entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales: mientras que la mayor parte de las muertes por conflicto ocurren en el monte, las de violencia criminal están en las ciudades.

La síntesis del informe es poco alentadora y las proyecciones hacia el futuro dependen mucho de las organizaciones desmovilizadas: el país puede ser menos violento si se controlan las actividades de los ex paras. “Si, por el contrario, los grupos de paramilitares pasan de ser una mezcla entre contrainsurgencia y criminalidad a ser puramente criminales, la violencia en Colombia puede alcanzar nuevos límites”, dice Jorge Restrepo, director de Cerac.