Claves inéditas del 8000

Por hechos noticiosos como la demanda del presidente Samper a María Isabel Rueda, y las columnas de Rodrigo Pardo y María Jimena Duzán, volvió a la agenda pública el 8000 una década después de su apertura.

Como creo que en la opinión pública hay aún dudas, he decidido escribir estas líneas para aportar luces que contribuyan a esclarecerlas. Cabe anotar que por distintas razones, entre ellas mi condición de oficial del Ejército en servicio activo para la época, buena parte de lo que sigue no fue conocido públicamente en su momento.

El acorralamiento estratégico

En julio de 1994, los integrantes del componente del Ejército del Bloque de Búsqueda culminamos largas jornadas de análisis de inteligencia incautando abundantes pruebas documentales que constituyeron la 'materia prima' del 8000, o sea, las evidencias que permitieron a la Fiscalía abrir el proceso penal. Es importante aclarar que los narcocasetes del mes de junio, aunque fueron una 'voz de alerta', no formaron parte de lo jurídico pues la Fiscalía los había descartado porque su grabación se hizo sin orden legal.

Lo cierto es que desde la óptica estratégica, con la apertura del 8000 logramos develar algo muy apreciado por los estrategas: el 'centro de gravedad' del oponente. En otras palabras, dimos el 'golpe de gracia' a la fuente real del poder del cartel de Cali: aquellas personas con capacidad de ejercer influencia o poder en lo político, judicial y policial, comprometidas con la mafia por sobornos aceptados. Eran ellas (¿aún son algunas?) las que proveían la barrera de permisividad, impunidad y seguridad, tras de la cual los capos se movían como pez en el agua y constituían un verdadero poder en la sombra.

A partir de ese golpe, la cúpula mafiosa empezó a perder progresivamente su poder hasta que llegó un punto en que su debilitamiento era ya irreversible. Ese momento llegó un año después, cuando la alternativa menos desventajosa que les quedó por delante fue el combate jurídico desde la cárcel, el cual acometieron a fondo a partir de su captura en julio del 95.

En su debilitamiento jugó un papel clave el periodismo. Salvo por algunos excesos -explicables por la dimensión del asunto y porque lo que se comentaba de tiempo atrás en las redacciones y en los corrillos políticos ¡por fin! se presentaba con pruebas reales-, la mayoría de periodistas que cubrieron el más grande problema de corrupción de la historia reciente cumplieron con su deber democrático de mantener informada la opinión pública sobre un acontecimiento que afectaba directamente la legitimidad de su gobernante, y, por la manera como se manejó el juicio en el Congreso, del régimen político.

Para comprender el papel del periodismo en el debilitamiento estratégico del cartel de Cali, bástenos recordar que hacia finales de agosto del 94 la revista Cambio 16 publicó el artículo de 'Las camisetas' donadas por el cartel a las campañas políticas, y en marzo del 95 el diario La Prensa divulgó copias de cheques de 5 millones y 10 millones de pesos girados por la mafia a Eduardo Mestre y Alberto Giraldo. Así, casi desde el comienzo, el 8000 salió de la confidencialidad del proceso penal a los medios de comunicación para colocarse en el primer lugar de la agenda pública.

Desde entonces quienes estaban comprometidos con el cartel, en especial los políticos, se vieron sensiblemente presionados a guardar las apariencias de legitimidad sin dar pie a sospechas de sus deshonestos compromisos, pues las cámaras de televisión, las grabadoras de los reporteros y las plumas de los columnistas se habían aguzado. El periodismo no estaba dispuesto a dejar pasar por alto cualquier detalle que oliera a favorecimiento de la mafia.

De otro lado, en la medida en que se divulgaban más y más noticias, también a los capos les quedaba más y más difícil exigir 'servicios' a sus sobornados, y lo mejor: se quedaron sin argumentos para sentirse traicionados. Si a todo lo anterior se le suma la presión ejercida por políticos valientes y limpios, que también los hubo, como Ingrid Betancourt, queda claro el cuadro de lo que podemos llamar 'acorralamiento estratégico'.

En ese acorralamiento podemos encontrar una de las principales explicaciones al porqué de las medidas del gobierno que mencionó Rodrigo Pardo en reciente columna: ". se iniciaron las fumigaciones de narcocultivos, se les incrementaron las penas a los narcos, se aprobaron instrumentos para quitarle los bienes a la mafia, se restableció la extradición y se desmanteló el cartel de Cali".

Solo habría que agregar que el restablecimiento de la extradición no afectó, en ese momento, a los Rodríguez, pues fue aprobada dos años después de su entrada a la cárcel 'sin retroactividad', y que el desmantelamiento del cartel, como quedó dicho, era irreversible después del golpe a su centro de gravedad. Además hay que recordar que dichas medidas -con frecuencia despistadoras- ni siquiera tangencialmente fueron tocadas ni en la campaña política ni en los primeros seis meses del gobierno Samper.

Verdad procesal y verdad verdadera

"-Presidente -le dijo-, ¿qué habría pasado si Botero, además de decir que usted sabía del ingreso de la plata del cartel a la campaña, acepta que él había estado al tanto y confiesa su participación en esos hechos?

-Muy sencillo -respondió Samper-, que habría logrado mucha más credibilidad, y simple y llanamente esa misma noche me habría tumbado."

Así finaliza el libro El Presidente que se iba a caer. Nótese que en la respuesta no hay nada que denote pensamiento en grande, aquel que tiene su norte en el bien común -principal obligación de un gobernante-; solo el pequeño "me habría tumbado". ¿Fue ese el mismo interés subyacente en la férrea defensa que del ex presidente hicieron varios personajes de la política?, ¿hubo lealtad como virtud, o un interés que podría sintetizarse en 'cae Samper y mi carrera política queda irremediablemente golpeada'? Las respuestas están en las conciencias de los protagonistas.

De cualquier manera, en los resultados de las elecciones presidenciales de 1998 y 2002 se observa una de las expresiones más contundentes de la crisis del partido liberal. Es elocuente el hecho de que en las últimas, el presidente Uribe haya triunfado como 'disidente del partido'. Lo cierto es que en esos resultados y en otros acontecimientos se encuentran algunas de las claves para entender efectos políticos de la manera como se cerró el proceso 8000 en el Congreso.

Es que a pesar de las apariencias -que el país no tiene una opinión pública formada o que es una sociedad enferma que no rechaza como a cuerpo extraño la mentira-, el que la 'verdad procesal' no haya coincidido con la que para muchas personas fue la 'verdad verdadera' tiene costos.

Sea lo que sea, arguméntese lo que se argumente, las medias verdades, es decir, las mentiras disfrazadas de verdad, nunca traen beneficios reales, y menos cuando son públicas y provienen de personas que por su posición en la sociedad tienen mayores responsabilidades hacia los demás. Es más, cualquier tipo de deformación de la verdad más temprano que tarde acarrea consecuencias impredecibles para los directos responsables y para los demás, así no siempre seamos conscientes de ello. Es este un punto en el que debemos reflexionar mucho en el país, empezando por quienes ejercen la política.

Las fotocopias de Botero

Ahora bien, sin dejar de tener en cuenta la responsabilidad personal, ¿qué facilitó a algunos de los principales implicados en el 8000 ocultar la que para muchos fue la 'verdad verdadera'? La respuesta no es sencilla. Tratando de dar con ella se pueden escribir, como de hecho ha sucedido, libros enteros desde diferentes perspectivas. No obstante, aquí va una inédita.

Golpear su 'centro de gravedad' no era algo que los capos estuvieran dispuestos a dejar sin 'cobrar'. Desde cuando percibieron que la persecución iba en serio, se trazaron el propósito de buscarle el punto de quiebre a quien escribe. Iniciaron con una tentadora oferta de dinero que se hubiese podido obtener cumpliendo en la forma, más no en el fondo, con la misión encomendada; siguieron con 'invitación' -a través de un político del Quindío- a reunirme con ellos solo para escucharlos "sin compromiso"; continuaron con amenazas de muerte, y finalmente montaron una trampa mediante la cual lanzaron una bomba de profundidad contra lo más querido: la unión y estabilidad de mi matrimonio y mi carrera militar.

Lo último sucedió tres días después de posesionado el nuevo presidente de la República Ernesto Samper Pizano y su ministro de Defensa Fernando Botero Zea, y cuando había transcurrido un mes de la apertura del 8000. Era pues la 'cuenta de cobro' de la mafia, una que apuntaba a enterrarme en vida.

Lo que probablemente salió de sus cálculos fueron los efectos reales gracias a las reacciones. Mi esposa demostró su grandeza y amor comprendiéndome, y con el paso del tiempo perdonándome, con lo que se logróque nuestro matrimonio se fortaleciera. De otra parte, cuando apresuradamente los medios divulgaron el 'paquete' enviado por los capos, enfrenté la verdad y acepté la responsabilidad, lo cual permitió que recibiera una especie de perdón público.

Sin embargo, estuve a punto de pedir el retiro del Ejército a raíz de una sanción disciplinaria impuesta por el escándalo. Pero no podía otorgarle la victoria al cartel, por lo cual decidí emprender la batalla de defensa demostrando que si bien había incurrido en una falta de índole personal, la misión encomendada no se había sacrificado.

Organicé entonces una carpeta con las fotocopias de los originales que reposaban en la Fiscalía Regional de Cali con el número de radicación 8000, para anexarla al alegato de defensa. Pero a pesar de que los mandos militares entendieron la dimensión del trabajo realizado se mantuvieron en su decisión sancionatoria. Lo que me obligó recurrir a la última instancia de apelación: el ministro de Defensa, Fernando Botero Zea.

En la audiencia privada le expliqué las razones de mi apelación y tal como lo hice con los mandos militares, le presenté la carpeta con las fotocopias. El Ministro observó uno por uno los papeles y preguntó: "¿Qué quiere decir todo esto?" Es un resumen documental del trabajo que he realizado a la cabeza del Bloque de Búsqueda anexo al documento de defensa. Desde el ángulo de inteligencia quiere decir que las personas que aparecen en los distintos documentos están comprometidas, por soborno, con la mafia caleña., los originales se encuentran en un expediente abierto hace más de un mes en la Fiscalía Regional de Cali; el Ministro dijo: "Si lo que usted plantea es cierto., es muy grave coronel, habría una altísima proporción de la Policía de Cali, y de por lo menos la mitad de la clase política del Valle involucrada con el cartel de Cali". Sí señor, pero no es solo clase política del Valle sino también de otras partes del país.

Me preguntó si tenía más documentos y le respondí que no. Me solicitó que le dejara la carpeta y se la entregué. Cuando caminábamos hacia la puerta conversamos en los siguientes términos:

"Déjeme estudiar detenidamente el caso; realmente su trabajo ha sido muy importante, lástima que haya caído en la trampa que le tendió el cartel, pero hizo bien en decir la verdad y no responder con evasivas ante los medios de comunicación. ¿Usted desea seguir en el Bloque de Búsqueda?"

Le respondí afirmativamente, y continuó: "Como en su trabajo maneja información tan sensible, de ahora en adelante cuando vuelva a Bogotá vaya a mi apartamento y me informa sobre los progresos de su gestión". No respondí nada., me estaba pidiendo que obviara el conducto regular, algo que no olía bien. Esa orden nunca fue atendida.

Pocos días después fue publicada la edición No. 641 de la revista Semana en la que había un artículo titulado 'Guerra de estrategias', del cual llamó mi atención lo siguiente:

".el Ministerio de Defensa está convencido de que el cartel ha llegado a montar allanamientos, en los que aparece nutrida información documental, que en ocasiones termina involucrando a personas honestas que han combatido valientemente a los grandes capos, y son enlodados por supuestas listas de sobornos y órdenes de pago. De ahí que tanto el personal de inteligencia como la Fiscalía General de la nación hayan optado por ver con beneficio de inventario buena parte de los indicios recogidos en algunos allanamientos.".

Su lectura me dejó una nube de duda sobre la conducta e intenciones del superior más alto después del Presidente de la República, algo que jamás había experimentado a lo largo de mi carrera. En ese momento comprendí que había sido un error entregarle la carpeta de las fotocopias. Más adelante pude colegir que desde ese día se iniciaron diferentes maniobras para evadir y ocultar la verdad.

Sin embargo, y afortunadamente para el país, la investigación penal había sido abierta oficialmente un mes antes y estando ya caminando no se podía detener o 'desaparecer'. Los funcionarios de la Fiscalía de Cali sabían que yo tenía esas fotocopias con certificación de que habían sido autorizadas por el ente investigador. Además, en la caja fuerte del Bloque había otras copias, amén de varios testigos de la apertura de la investigación.

En el siguiente viaje a Bogotá, después de presentar a los mandos militares los correspondientes informes de gestión, pasé al despacho del Ministro para averiguar por el estado de la decisión. Aproveché que tenía algún grado de amistad con el ayudante personal y obvié la sala de espera ingresando a su oficina, inmediatamente contigua a la del Ministro. El capitán me manifestó que su jefe tenía la agenda muy apretada, pero que iba a tratar de abrir una ventana de oportunidad para que pudiera hablar con él. Las actividades de la oficina continuaron su ritmo. llamadas, entradas y salidas del ayudante o de un visitante al despacho de Botero Zea, etc. Habían transcurrido unos 50 minutos cuando el ayudante ingresó una vez más al despacho ministerial y al poco tiempo salió diciéndole a la secretaria: "Gloria, llame al doctor. Eduardo Mestre y confírmele la comida con el Ministro esta noche a las 8 p.m. es importante verificar la dirección".

Al escuchar, la nube de duda que tenía se convirtió en nubarrón. No entendía cómo un Ministro de Defensa concertaba una cita a comer con una persona que, de acuerdo con los documentos que le había entregado, había recibido -al menos durante el primer semestre del 94- 5 millones de pesos mensuales provenientes del cartel de Cali. Desistí de continuar la espera y salí.

Aún más, por esos días leí notas de prensa de las cuales se colegía que a Santiago Medina, ex tesorero de la campaña Samper -que aparecía implicado en las fotocopias- lo estaban 'tomando del pelo' con un cargo diplomático que le habían prometido. De otra parte, en todo el segundo semestre de 1994 nunca leí o escuché una declaración del Presidente de la que se pudiera deducir la posición del jefe del Estado respecto a la tarea que se adelantaba en Cali contra la cúpula del cartel. Samper solo vino a hablar de su "estrategia de lucha integral contra la droga" (no contra el cartel) en un discurso que pronunció el 7 de febrero de 1995.

Hacia finales de febrero del 95 fui llamado al despacho del Ministro para notificarme de la decisión: la sanción solo bajó un nivel en la escala de gravedad. Al momento de firmar, Botero me dijo: "No pude hacer más (.) hubo muchas presiones". Estuve tentado a preguntarle ¿de donde?, pero me abstuve. comprendí que perdía el tiempo haciéndolo.

En abril de 1995 la Fiscalía detuvo a Eduardo Mestre y le quedó pendiente por ejecutar otra orden de captura contra Alberto Giraldo. Los acontecimientos que siguieron fueron ampliamente divulgados por diferentes medios. Sin embargo, quedan pendientes por responder, entre otros, los siguientes interrogantes:

¿Se reunió Botero con Samper y, probablemente, sus colaboradores más cercanos en la campaña y en el gobierno para analizar las fotocopias que le entregué al primero?

Si fue así, ¿qué decisiones se tomaron, qué acordaron?