Desmovilizados, al borde de un ataque de nervios

Nota aclaratoria: Un fragmento de este texto fue publicado la semana pasada en la versión impresa. Pero por considerarlo de interés para nuestros lectores lo publicamos ahora completo.

Teusaquillo es un tradicional barrio bogotano, de enormes casas antiguas estilo inglés, donde habita gente acostumbrada a vivir en medio de la austeridad 'cachaca'. Pero la vida del barrio ha empezado a cambiar. Por lo menos 17 de esas casas son hoy albergues de desmovilizados. Los vecinos han protestado. Miran con desconfianza a los casi 700 muchachos que se mueven por sus calles. Se quejan de que delinquen y que son alcohólicos y drogadictos. No quieren tenerlos allí. La escena se repite en otros barrios y en otras ciudades como Medellín, Cúcuta, Cali y, en adelante, ocurrirá seguramente en muchos municipios.

La desmovilización es un hecho y la sociedad colombiana tendrá que aprender a afrontarlo, pues la reincorporación de los ex combatientes, sean guerrilleros o paramilitares, es definitiva para la seguridad de las regiones. Cuesta mucho dinero -200.000 millones en 2005- y, en lo fundamental, se está haciendo con los impuestos de todos los colombianos. Pero no se trata de un simple 'premio a quienes delinquen', como dicen algunos. Se trata de un programa que pone a prueba la capacidad del gobierno de acabar con la violencia.

Por eso han resultado tan preocupantes las noticias de los últimos días. Quince desmovilizados desertaron el 26 de enero de un albergue de Bogotá y se incorporaron al Bloque Centauros de las AUC. No es un hecho aislado. Hasta ahora han desertado del programa 250 muchachos, muchos de los cuales han regresado a las filas de los grupos armados. Adicionalmente, un grupo de 60 muchachos marcharon hace 15 días por las calles de Bogotá, encapuchados, gritando que el gobierno los traicionó porque después de dos años en el programa tienen que abandonar los albergues.

En medio de esa sensación de que está colapsando la reinserción, por lo menos 4.600 paramilitares entregaron las armas y empezaron a engrosar las listas de esa nueva categoría social. Decenas de ellos están en las calles de Montería y Apartadó jugando dominó mientras arrancan en serio los programas de empleo y estudio.

El gobierno está llevando a cabo la reinserción por dos caminos: el de quienes desertan de la guerrilla y los paramilitares de manera individual, y el de las AUC que se están desmovilizando en masa. Aunque tienen mucho en común son dos asuntos diferentes, con problemas gravísimos, cada uno. Y también con logros muy importantes. SEMANA hace un balance de los problemas actuales de este programa. ¿Está el gobierno en capacidad de reincorporar a tanta gente? ¿Son los albergues una bomba de tiempo?¿Qué está fallando?

¿Estudias, trabajas o eres reinsertado?

Las desmovilizaciones individuales son una estrategia de guerra. El objetivo es quitarles gente a los grupos armados y recibir de los desertores información valiosa. Además es una propaganda formidable mostrar cifras de miles de personas que no creen más en las armas.

Pero la realidad detrás de las estadísticas es más complicada. Para empezar, a muchos les dan información equivocada cuando quieren desertar. Es el caso de Alberto*, que a los 15 años, siendo guerrillero de las Farc, se quiso entregar en el batallón de Barrancabermeja. Se presentó en la puerta de la guarnición, pero el soldado que estaba de guardia le dijo que no, que si no traía un fusil no lo recibían. Desconsolado se fue para su casa, temeroso de que la guerrilla lo matara. Entonces se entregó a la Defensoría del Pueblo y allí se inició un proceso en el que lleva tres años. De hecho, los 6.049 desertores que hay hasta ahora sólo han entregado menos de 700 armas, según cifras del Ministerio de Defensa.

En esta primera fase también se presentan muchos problemas jurídicos. El gobierno quiere que los muchachos den información, pero justamente esta información termina incriminándolos en delitos graves. A las Fuerzas Armadas les queda muy mal decirles que oculten información sobre crímenes cometidos, pero la ley sólo permite que se les indulte por concierto para delinquir. Un desmovilizado le contó a SEMANA desde la cárcel La Picota que al momento de su entrega le dijeron que entre más contara, más beneficios recibiría. Entonces confesó haber puesto un carro bomba -que no explotó- en el sur de Bogotá. Ahora le espera una condena de 30 años, como mínimo. Obviamente se siente traicionado.

Quienes no confiesan este tipo de crímenes reciben un documento que certifica que son desmovilizados y pasan a los albergues del Ministerio de Interior. Allí los recibe Juan David Ángel.

Para todos los desmovilizados es familiar el nombre de Ángel, director del Programa de Reincorporación. Ángel es la antítesis de un burócrata. Paisa frentero, flaco y desgarbado, atiende personalmente la reinserción desde una modesta oficina del centro de Bogotá. Hasta hace pocos años, Ángel era un empresario metido en sus negocios, hasta que se convirtió en uno de los sobrevivientes de la bomba del Club El Nogal. Ese hecho le dio un giro a su vida de yuppy. Ahora cada día tiene decenas de citas con muchachos que vienen a quejarse, y tiene que lidiar con más de dos tutelas mensuales que instauran los desmovilizados. Defiende con pasión todo lo que está haciendo el gobierno, pero habla en voz alta y en tono de reclamo sobre los múltiples líos que se presentan porque "este no es asunto sólo del Estado sino de la sociedad".

Los albergues se habían convertido en el peor dolor de cabeza para Ángel. Estas casas administradas por fundaciones o empresas prestan el servicio de alojamiento, alimentación, asistencia social y psicológica a los muchachos durante dos años, mientras escriben un proyecto para recibir ocho millones de pesos, una especie de capital semilla para un negocio o empresa. Pero este modelo colapsó.

El consumo de droga y alcohol se disparó. Según Ángel, este es un mal "endémico y masivo entre los reinsertados", que son muy jóvenes. El 78 por ciento tiene menos de 25 años y ninguna claridad sobre su futuro. El 16 por ciento sufre de depresión profunda y 40 por ciento siente delirio de persecución. Quizás por eso los albergues se han convertido en guetos. Ángel admite que "lo que fracasó es el tiempo de dos años de permanencia... por eso ahora ellos están en albergues durante los primeros seis meses únicamente". Y al año siguiente, cuando son subvencionados, deberán vivir por su cuenta como cualquier ciudadano. Pero ellos no son cualquier ciudadano. El 80 por ciento son campesinos, la mayoría analfabetos. Dos años no son suficientes para hacer la primaria, el bachillerato, aprender un oficio y además salir a trabajar.

SEMANA habló con cinco desmovilizados; todos ellos ingresaron como menores de edad al Icbf e hicieron el tránsito al Ministerio del Interior. Hasta ahora ninguno de ellos ha logrado estudiar juiciosamente el bachillerato. Han recibido cursos desde croché hasta pintura de brocha gorda. Pero muchos no quieren ser futuros obreros. Quieren ir a la universidad, ser profesionales, y dicen estar dispuestos a combinar su estudio con el trabajo.

Es el caso de Leonardo, un muchacho que estaba en un albergue cuando llegó un panadero a buscar un aprendiz. A dedo, fue seleccionado y empezó a trabajar en la panadería. Luego lo inscribieron a varios cursos de repostería. Su suerte de panadero parecía estar echada hasta que un día se rebeló y abandonó los panes. Furioso le gritó a los del albergue: "No quiero ser panadero. Mi sueño es ser abogado".

Esa aspiración de los reinsertados coincide con las recomendaciones hechas hace más de cuatro años por el Departamento de Planeación Nacional, cuyos cálculos sobre la reinserción dicen que ésta puede oscilar entre 1 y 8 años, dependiendo del caso, si se quiere que los muchachos lleguen a tener una vida digna. Planeación recomendó altas dosis de educación formal y alternativas de empleo. Pero muy pocos de sus consejos han sido acogidos. Lo que hoy existe, según una de promotora social que trabaja con desmovilizados, es "un programa de pobres, para pobres con resultados pobres".

Pero Ángel no comparte estas críticas. "El programa ofrece 35 opciones de formación en oficios con cursos de 500 horas. No podemos sostener a estos muchachos durante cuatro o seis años, mientras hacen una carrera en la universidad. Les va a tocar como al resto de los colombianos que trabajan mientras estudian".

Pero lo que sucede en la práctica es que los muchachos suelen improvisar un proyecto sin posibilidades de éxito, reciben el dinero y éste se les esfuma. Según Planeación Nacional, el 45 por ciento de sus empresas fracasan. Por eso recomienda que no se subsidien a cambio de nada sino que se les dé empleo y educación formal. Que el Estado mismo sea quien los contrate mientras estudian, como está ocurriendo en Medellín con la reinserción del Bloque Cacique Nutibara, que hasta ahora ha arrojado resultados positivos. En ese sentido la vinculación de las alcaldías y gobernaciones es central para que la reinserción funcione.

Eso les ayudaría a establecer un proyecto de vida y a garantizar un mejor tránsito a la vida democrática. Eso implica mucho más que un albergue. Lo que el gobierno tiene realmente que demostrarle a la insurgencia y a la sociedad es que la vida civil tiene oportunidades, no para ser un pobre más entre los pobres (ver recuadro). El reto de la reinserción es demostrar que se saca gente de la guerra para convertirlos en ciudadanos de primera. Ellos vienen de organizaciones jerarquizadas, con un fuerte sentido de pertenencia. Ahora están lejos de sus familias y se sienten por fuera de la sociedad. Su integración no se logra sólo con dinero, por más que las cifras de recursos entregados sean alentadoras. Puede decirse que es mucho pedir. Pero la diferencia entre hacer bien esta reincorporación y hacerla mal es crucial para definir cómo será el país después de la guerra.

La reinserción de las AUC

A diferencia de la desmovilización individual, la colectiva está planteada como una estrategia de paz. Y es mucho más compleja de lo que se piensa. Un alegre sabanero, de rostro ancho y sonrisa a flor de piel, recorre las polvorientas calles de Cantaclaro, el barrio más humilde de Montería, en su recién comprada moto-taxi. Con la mayor naturalidad del mundo le comenta a la periodista de SEMANA que 35 de sus amigos son desmovilizados. Así se vive a esta hora en muchas regiones la desmovilización. Es un hecho masivo. Y la llegada de los ex paramilitares les cambiará el rumbo a muchas de estas zonas, para bien o para mal. Depende de cómo se haga.

Colombia tiene una experiencia de más de 15 años en reinserción, pero el proceso con los paramilitares es tan peculiar que todo parece estarse haciendo de nuevo con el método de ensayo-error y tratando de hacer camino al andar. Pero, de todas la desmovilizaciones hechas hasta ahora esta es la que representa mayor riesgo y suscita mayor escepticismo.

Para empezar, hay cuestionamientos morales sobre si el gobierno debe o no pagar por la reinserción de las autodefensas. Más aún cuando hay cientos de víctimas que no reciben apoyo del Estado. Y porque se sabe que la riqueza de los jefes paramilitares es inconmensurable y muchos observadores piensan que ellos deberían pagar por la reincorporación. Pero los 4.600 desmovilizados son por lo general campesinos pobrísimos que vieron en las AUC más una oferta de empleo que una militancia política. Y es responsabilidad del Estado su reintegro a la sociedad. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz calcula que reinsertar a 20.000 miembros de las AUC cuesta en promedio 150 millones de dólares. Hasta ahora sólo cuenta con 24.

La reinserción de las AUC se está desarrollando a través de cinco centros de referencia en las regiones donde se ha hecho entrega de armas. Esa fue justamente la primera dificultad, pues se ha encontrado que muchos de ellos viajaron a sus ciudades de origen y ahora hay desmovilizados en más de 90 municipios. Por eso se creó un centro de referencia móvil y una línea 9-800. En esos centros ellos reciben todo el apoyo humanitario: 358.000 pesos mensuales durante 18 meses, servicios de salud y capacitación del Sena. Hasta la primera semana de febrero se habían presentado a los centros de referencia 2.553 personas, y 1.384 estaban recibiendo capacitación. SEMANA visitó centros de referencia en Montería, Apartadó, Cali y Cúcuta, y pudo establecer que por lo menos en la parte de procedimientos, la reinserción está marchando. Pero lo verdaderamente crucial aún falta hacerse: brindarles un empleo o un proyecto productivo que les garantice por lo menos un ingreso similar al que tenían en las AUC.

Por eso la oficina del Alto Comisionado de Paz nombró a un coordinador de proyectos productivos que trabaja de la mano con el Ministerio del Interior. Se trata de Juan B. Pérez, un empresario con amplia experiencia en el sector público, quien fue liquidador de la Caja Agraria y primer director del Banco Agrario. Pérez formó parte de la comisión exploratoria de diálogos con las autodefensas y desde tiempo atrás ha estado trabajando en un modelo de empresas para los desmovilizados. Desde diciembre está oficialmente a cargo de esta tarea, y si se cumple cabalmente lo planeado se estaría dando un salto enorme con respecto a otros programas sociales.

Se trata de empresas asociativas donde participarán desmovilizados, desplazados y campesinos, en sociedad con un empresario que quiera invertir en el negocio y actuar como tutor. Eso garantiza que alguien con experiencia y que conozca los mercados lidere la empresa. Hasta ahora se está trabajando en grandes proyectos de agroindustria: cacao, madera, caucho y palma de aceite; productos que tienen garantizado el mercado y ofrecen muy buenos rendimientos. También se concretó una empresa de confecciones.

Como los proyectos agroindustriales son de largo plazo, tendrán que combinar esta estrategia con cultivos y actividades que les den trabajo e ingreso de manera urgente. Así es como ya se inició en Urabá la siembra de 400 hectáreas de yuca donde se emplearán 360 personas. Ya se están legalizando cinco empresas asociativas para sembrar palma en 2.500 hectáreas en Carmen del Darién y Murindó para 250 familias. Y se está trabajando en 500 hectáreas de cacao para 100 familias, también en Urabá.

En otras regiones la palma de aceite se perfila como el gran proyecto de los desmovilizados. En Vichada, Carlos Alonso Lucio, conocido asesor político de los paramilitares, está impulsando con el mismo esquema asociativo el cultivo de 10.000 hectáreas. Y tanto Indupalma como Fedegan le presentaron al gobierno sendas propuestas para apoyar la creación de empresas competitivas. Pero hasta ahora no han recibido respuesta.

Pero en todos estos casos hay un gran interrogante. ¿Cómo garantizar que las tierras para estos cultivos tengan origen lícito? Para el caso de Urabá, diversas ONG han denunciado cómo los paramilitares se apropiaron a sangre y fuego de tierras que hoy son extensos cultivos de palma. Pérez dice que durante el proceso se verificará que los títulos de quienes aporten tierra sean legales y no se hayan conseguido bajo presión. Este será sin duda uno de los aspectos más críticos de esta propuesta.

Los primeros meses son definitivos y los proyectos pueden demorarse mucho tiempo para dar ganancias. Jairo Andrés Angarita, el comandante del recién desmovilizado Bloque Sinú y San Jorge, dice que "estos procesos pueden durar tres o cinco meses. Pero son precisamente los meses en los que los muchachos se pueden desesperar y cometer irregularidades o ser reclutados por otros con intereses particulares". Y aunque este lapso pueden ser un talón de Aquiles, el verdadero vacío de la reinserción de las AUC tiene que ver con la política. En ese campo sólo cabe una palabra: improvisación.

Si en algo está cojo el modelo de la reinserción de las AUC es en una propuesta de reinstitucionalización. Cuando en los años 90 se desmovilizaron el M19, el EPL y las demás guerrillas, el gobierno creó el Plan Nacional de Rehabilitación, con el entendido de que las guerrillas habían florecido en zonas donde la presencia del Estado era débil en extremo. El Centro de Acción Integral, que coordina la política social en las zonas de conflicto, tiene como prioridades el sur del país, la Sierra Nevada, el Catatumbo y Santa Fe de Ralito. Pero el asunto no sólo es de dinero. Si no se rompe la capacidad coercitiva de los paramilitares ni su enorme poder corruptor, tendrían capturado el poder local, aún sin armas. Varios indicios permiten temer que eso podría pasar.

En primer término, en todos los lugares donde se desarmaron los paramilitares han quedado grupos de autodefensa activos. En el Catatumbo se denuncia la presencia de hombres al mando de Jorge 40. En Urabá existe el Bloque Élmer Cárdenas, por citar sólo dos ejemplos.

En Norte de Santander es tan preocupante la situación, que el gobernador Luis Miguel Morelli le propuso al gobierno que esta zona sea escenario de la segunda fase del Plan Colombia. La zona también está en vilo por la presencia de las Farc, que la semana pasada hizo su primera incursión en El Tarra. Adicionalmente, SEMANA conoció que por lo menos tres semanas después de desmovilizado el Bloque Catatumbo, en Cúcuta algunos paramilitares seguían extorsionando a los comerciantes en la plaza de mercado. Y que en la zona rural de esta ciudad, los paramilitares han reunido a los campesinos para informarles que "nada ha cambiado".

En el Valle la situación también es preocupante. Cinco de los recién desmovilizados miembros del Bloque Calima fueron asesinados en Buenaventura en lo que parece un ajuste de cuentas por asuntos de narcotráfico.

Nadie espera que los ex paramilitares cambien de un día para otro. Es claro que muchos son criminales que han cometido delitos atroces o simplemente fueron reclutados en el bajo mundo. Por eso resulta lógico que una alta proporción esté en el filo de la navaja entre lo legal y lo torcido. Muestra de ello es que hasta ahora han sido asesinados 42 miembros de las AUC y 50 han sido encarcelados, después de dejar las armas.

En Montería y Urabá la preocupación principal de la gente es que se dispare la delincuencia común a raíz de los paramilitares desmovilizados, pues todos admiten que estos grupos realizaban 'limpieza social'. Lo insólito es que cuando los líderes del barrio Cantaclaro de Montería le expresaron esta preocupación a un oficial de la policía -delante de SEMANA-, este les respondió: "Denles duro a los ladrones para que no se dañe el barrio". ¿Qué se puede esperar los meses por venir?

La improvisación es notoria no sólo en lo que tiene que ver con las autoridades locales. También en la sociedad en general. Se ha hecho una sensibilización muy rápida y sin demasiado impacto. SEMANA habló con habitantes de Córdoba que durante años les pagaban una 'vacuna' a los paramilitares para que les "prestaran servicios de seguridad". Hoy dicen que no están dispuestos a contratar a desmovilizados. Es decir, en sectores de la sociedad ha habido más compromiso con sostener la guerra que con contribuir a acabarla y persiste una visión 'privatizada' de la seguridad.

El posconflicto es algo tan complejo que en El Salvador, durante la guerra, los homicidios ascendían a 6.000 cada año, pero después de firmar la paz llegaron a ser 8.000 en promedio, según lo recordó Eduardo Pizarro en una columna reciente.

El otro gran problema sigue siendo el jurídico. Hasta ahora 52 desmovilizados de las AUC deben estar en Ralito -¿lo están?- esperando que el Congreso apruebe una ley que defina su situación jurídica. Pero más allá de que se defina cuántos años tendrán que estar en la cárcel estos paramilitares, la ley tendrá un impacto en estas zonas que se enfrentan a la desmovilización. Si es una ley laxa y favorable a la impunidad, seguramente no desaparecerá el paramilitarismo. Y lo que es igualmente grave: se puede entrar en una etapa de desquites como el que vivió Urabá en los 90, cuando fueron asesinados 250 desmovilizados del EPL, muchos de ellos metidos de nuevo en la guerra. Si la ley garantiza realmente el desmonte del paramilitarismo, habrá la esperanza de que en cinco o seis años, más que ríos de sangre haya un vigoroso Estado en estos territorios. Pero para eso es necesario que el gobierno reafirme el carácter político del proceso. Y deje de regodearse tan sólo con la entrega de armas. Al fin y al cabo, no son las armas sino los hombres los que hacen la guerra. O los que hacen la paz.