El cuerpo femenino como arma de guerra

Los actores armados utilizan el cuerpo de las mujeres como botín de guerra para sembrar el terror en las comunidades, imponer control militar para obligar a la gente a huir de sus hogares y apropiarse de su territorio, vengarse de los adversarios, acumular ‘trofeos de guerra’ y explotarlas como esclavas sexuales.
 
La violencia sexual generalmente se presenta como una forma de humillar al enemigo: es un medio para alardear ante los hombres de la parte contraria y para demostrarles que no han sido capaces de proteger a sus mujeres. Es un mensaje de castración y mutilación al enemigo.
 
Así lo indica el Informe de 1998 de la Relatora Especial sobre la Violencia Contra la Mujer, Radhika Coomaraswamy, que también afirma que la violencia sexual es utilizada como forma de castigo en las mujeres que supuestamente tienen algún tipo de relación afectiva con miembros del bando contrario o que se presume colaboran con el ‘enemigo’. En este sentido, se usa como una forma de advertencia a las demás mujeres de la comunidad.
 
El informe también plantea que la violación es utilizada como un acto simbólico que desmoraliza al otro. La violación de las mujeres se usa para exacerbar los sentimientos contra el enemigo. También es común la fecundación forzada para humillar aún más a la víctima y a su comunidad, obligándola a concebir al hijo del contrario.
 
La violencia contra la mujer es entendida como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Así está definido en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la ONU.
 
En el marco del conflicto armado, este tipo de violencia es utilizado para degradar al bando contrario con el cuerpo de las mujeres, así como para humillar y atemorizar a la comunidad, afirma Paola Figueroa, de la Mesa Mujer y Conflicto Armado. La Mesa es un espacio de coordinación y reflexión sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres y niñas en el contexto del conflicto armado, conformado por diferentes organizaciones del país que trabajan en el tema.
 
“En el conflicto, la violación sexual es una práctica realizada por los actores armados que se usa como una verdadera arma de terror y constituye una grave vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, dice el cuarto informe de La Mesa sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia.
 
Con el conflicto armado se exacerba la discriminación contra las mujeres y todos los delitos contra ellas, advierte Patricia Buriticá, de la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), una alianza conformada por 22 organizaciones de mujeres, 246 procesos regionales y ocho sectores (indígenas, campesinas, sindicalistas, jóvenes, académicas, feministas, líderes de la paz y la cultura y afro descendientes).
 
“Los delitos contra las mujeres en el conflicto armado son invisibilizados por otros delitos que son considerados de mayor gravedad. Frente a un homicidio o una masacre se tiende a observar que los delitos contra las mujeres son de menor importancia”, dice Buriticá. Por eso, como el cuerpo de la mujer es utilizado como un cuerpo de guerra, la consigna de la Iniciativa es pensar el cuerpo de las mujeres como territorio de paz.
 
Tampoco se hace visible, advierte Buriticá, la pérdida de bienes que se consideran menores pero que son fundamentales para la subsistencia de las mujeres y de sus familias, como sus huertas caseras o sus animales de corral.

Intimidación y castigo

La violencia sexual también es utilizada como forma de intimidación, castigo, represalia o presión para obtener información y para reprender a los varones que no trabajan para un determinado grupo ilegal. Es una forma de castigar a los hombres con quienes las mujeres tienen o tuvieron una relación afectiva o tienen algún parentesco familiar.
 
En este sentido, la violencia sexual implica el ejercicio del poder sobre las mujeres, pero en el fondo significa el ejercicio del poder sobre los hombres: es una manera de recordarles que las mujeres son parte del botín.
 
De acuerdo con el último informe de la ONG internacional Consejería en Proyectos, el hecho de que culturalmente los hombres no sean considerados propiedad de las mujeres hace que la violación no opere a la inversa, es decir, no se ejerce violencia sexual contra los hombres para castigar a las mujeres. Por tanto, la violencia sexual busca quebrantar emocionalmente a los hombres y poner en entredicho el modelo hegemónico de masculinidad en la comunidad en la que viven.
 
Así, aunque hombres y mujeres son víctimas de actos de violencia sexual, sólo las mujeres están expuestas a la esclavitud sexual, a los abortos y a la anticoncepción forzada, a los embarazos impuestos o a las uniones obligadas. Además, sólo a ellas, en el caso de la infidelidad, se les castiga por transgredir esta norma impuesta en las comunidades por los grupos armados.
 
En el contexto del conflicto, la violación es considerada de menor importancia “porque no fueron torturadas como los hombres, porque ‘sólo’ fueron violadas en venganza, pero las dejaron vivas”, dice el estudio Impunidad, de la Consejería en Proyectos.
 
Para Clara Elena Cardona, de la Casa de la Mujer –ONG que trabaja por los derechos de las mujeres–, la violencia sexual se fundamenta en una cultura patriarcal, determinada para que los varones tengan el poder y las mujeres queden supeditadas a ellos. En el conflicto armado se profundiza la discriminación. A través del cuerpo de las mujeres hay retaliación o venganza hacia el enemigo: son premios de guerra.
 
Esta violencia sexual, advierte el Informe de la Misión a Colombia de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, es una infracción al Derecho Internacional humanitario.
 
Por su parte, el Estatuto de Roma estipula que la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u otros abusos similares son considerados crímenes contra la humanidad cuando se realizan como ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Asimismo, pueden ser considerados como crímenes de guerra cuando ocurren en el marco de un conflicto internacional o interno.
 
Colombia hizo uso de la disposición de transición en el artículo 124 del Estatuto, en noviembre de 2002, y declaró que durante siete años no reconocería dicha competencia sobre crímenes de guerra cometidos en el territorio nacional.
 
Formas de violencia sexual

Existen varias formas de ejercer la violencia sexual. Una es el acoso o el hostigamiento como detonante de la misma. Los actores armados hostigan a las mujeres para que los atiendan en labores domésticas o para que les presten favores sexuales.
 
Otra forma, más directa, es la violación, como lo advierte la investigación de Amnistía Internacional Colombia: cuerpos marcados, crímenes silenciados: violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. En medio del conflicto, mujeres y niñas son violadas con instrumentos como rifles o revólveres. “Las mujeres y las niñas son las víctimas ocultas”, dice el estudio.
 
Según La Casa de la Mujer, se está presentando una práctica frecuente en medio del conflicto: llevarse a las mujeres por unos días para que ejerzan la prostitución y luego regresarlas a su comunidad. Precisamente la prostitución forzada es una modalidad de la trata de personas, un delito en la justicia nacional e internacional.
 
La Mesa Mujer y Conflicto Armado manifiesta que las mujeres se enfrentan a violaciones públicas generalmente delante de sus hijos y esposos, lo cual lesiona a la comunidad y causa desplazamientos de familias debido al miedo de que sus hijas padezcan estos abusos por parte de los grupos armados.
 
El estudio de Amnistía Internacional también plantea que las mujeres combatientes se ven sometidas a la anticoncepción forzada, mediante dispositivos que no son colocados por personal calificado, y a abortos en contra de su voluntad. Asimismo, son víctimas de esclavitud sexual pues se les obliga a mantener relaciones afectivas con hombres de una u otra parte de la confrontación.
 
Una forma adicional de violencia sexual es la que ejercen los actores armados contra las mujeres líderes de organizaciones con el fin de desarticular las organizaciones.
 
En contextos regulares las mujeres se consideran conservadoras del tejido social. Cuando se desplazan con sus familias a causa de la violación o por el temor de ser violadas estos tejidos se rompen y, por lo tanto, se desarticulan los movimientos sociales que ellas han construido durante años.
 
Algunas consecuencias de esta violencia sexual son el miedo y la vergüenza. Miedo a volver a ser agredidas, situación que las obliga a evitar espacios que siempre han compartido con la comunidad. Y vergüenza por lo ocurrido y la actitud de la sociedad. Una mujer abusada sexualmente, afirma Buriticá, muchas veces es rechazada por las familias y el grupo social al cual pertenece. Es una marca que, para ellas, es muy difícil de borrar.
 
Impunidad

Uno de los principales problemas ante estos abusos sexuales es la impunidad, situación que se debe al miedo, al silencio y por lo tanto a la falta de denuncia y, en muchos casos, a la falta de conciencia de que esas formas de violencia sexual son un delito que debe ser mostrado.
 
En el marco del conflicto armado la violencia sexual queda oculta detrás de otros delitos que se consideran más importantes, como el homicidio o el desplazamiento. Así, en las estadísticas se contabilizan estos delitos pero no el abuso sexual que en algunos casos se presenta previo a ellos.
 
No hay cifras sobre abuso sexual a causa del conflicto armado. Las que existen reflejan la situación en otros contextos y, sin embargo, presentan un subregistro por las mismas razones: miedo a denunciar.
 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la entidad que realiza los dictámenes sexológicos que permiten determinar si una persona ha sido víctima de un atentado contra su libertad o pudor sexual. Durante el año 2005 se realizaron 18.474 dictámenes, de los cuales 13.697 correspondieron a mujeres. De ellas las más afectadas fueron niñas entre los 10 y 14 años, con 4.817 dictámenes.
 
A pesar de las situaciones que afrontan las mujeres, paradójicamente el conflicto armado ha hecho que se organicen para la resistencia, para la reconstrucción del tejido social y la lucha de sus derechos. Otras, entre tanto, siguen siendo víctimas silenciosas de la violencia sexual: “una batalla entre hombres que se libra en el cuerpo de las mujeres”.

*Este texto fue publicado por Hechos del Callejón, revista del área de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).