El fracaso de la lucha antidrogas

 El informe 2006 sobre drogas del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó 2005 como el año récord en erradicación de la hoja de coca en Colombia, al totalizar 138.775 hectáreas fumigadas. A estas se deben agregar 31.285 erradicadas manualmente, para un gran total de 170.000 hectáreas. Sin embargo, al tomar como indicador determinante el número de hectáreas en producción, el resultado es desalentador. En efecto, el boletín de la Oficina de Drogas de Estados Unidos, (ONDCP, por su sigla en inglés) de mediados de abril de 2006, arrojó un incremento de 30.000 hectáreas de hoja de coca en 2005, frente al área existente en 2004, esto es, un alza del 26%.

Pero también 2005 fue un año récord en interdicción, al ser capturadas 223 toneladas métricas de cocaína y de pasta básica de cocaína PBC. Así mismo, este exitoso cuadro de las acciones de fuerza se complementa con la extradición de 304 colombianos. En resumen, Colombia adelantó durante 2005, con la mayor eficiencia, las tareas básicas antidrogas que buscan contener su auge en los territorios en donde se origina el circuito ilegal.

Con todo, un balance realista de los problemas que arrastra la actual estrategia antidrogas se debe observar tomando como base períodos de tiempo más largos. En efecto, se reconocen dos grandes momentos en la aplicación más reciente de la política. El primero, que se inició en 1994 con las fumigaciones de coca y que va hasta 1999, período en el cual el crecimiento de áreas era incontenible frente a una dinámica constante de fumigaciones. El segundo, a partir de 2000, año en el cual se inicia la más grande estrategia con el Plan Colombia, el cual buscaba romper el círculo vicioso de mayores resiembras frente a la velocidad y la intensidad de las fumigaciones, todo esto con un costo que sobrepasó en cinco años los 4.000 millones de dólares. Hoy día estamos en la fase final de esta segunda etapa y, por tanto, el balance es mucho más revelador sobre los aciertos o los fracasos de la estrategia. Como se observa en el cuadro No.1 (Ver Recuadro - Cuadro 1) el cual toma como base la información del Departamento de Estado, las cosas no van por buen camino.
 
En efecto, sólo durante los años 2002 y 2003 se pueden observar efectos coyunturales de reducción de áreas de coca. Esto se debió a la alta concentración de la coca en Putumayo (cerca de un 45% del área nacional en 2001), lo cual facilitó los operativos y unos logros efímeros de reducción de áreas. Entre 2003 y 2004, las dinámicas de cambios en las zonas productores hicieron estéril la continuidad de las acciones: los cultivos hicieron metástasis involucrando 23 departamentos en lugar de 12 que existían al comienzo del Plan Colombia; se hicieron selecciones naturales de aquella coca que resistió la fumigación; se introdujeron nuevas variedades (por lo menos 15, sobre todo bolivianas) que modificaron los rendimientos de PBC por arroba de hoja de coca, y, se dispararon las siembras en las áreas más inhóspitas y de difíciles detección y control.
 
Como se observa en el gráfico No. 1 (Ver Recuadro - Gráfico 1), a partir de 2002 la intensificación de la fumigación que adelantó la administración Uribe se logró situar muy por encima de las áreas de coca. Sin embargo, la tendencia de las áreas no fue a la baja, sino que se mantuvo constante, y para 2005, se presenta un repunte que corta la tendencia que se traía desde 2002. Este hecho refleja muy bien el quiebre de la estrategia con los resultados de 2005, tendencia que hacia 2004 ya mostraba unos síntomas en este sentido, al mantenerse constantes los resultados, a pesar de las cifras récord de las fumigaciones.

Existen otros elementos de la estrategia que contribuyen a ampliar las explicaciones de este fracaso. En efecto, en los cinco años de aplicación del Plan, se genera un desgaste de las aeronaves de control aéreo, no se superan errores de coordinación entre Ejército y Policía y las acciones dirigidas a contener el tráfico aéreo sufren duros reveses constatados por la General Accounting Office (GAO). En efecto, de acuerdo con su último informe sobre el tema, se han invertido, entre 2002 y 2005, 68,4 millones de dólares para esta estructura de control. Para 2006 se propusieron 26 millones de dólares y los resultados son magros: de 390 aeronaves sospechosas sólo 48 (un 12,3%) han podido ser efectivamente localizadas por parte de la fuerza aérea. Una vez detectadas en la escena, han podido alcanzar sólo 14 (3,6%). Sólo en un caso han podido capturar drogas por esta vía. La descoordinación de los organismos de seguridad, junto con el incremento de los sobrevuelos de las aeronaves sospechosas en las áreas fronterizas, hace que finalmente la mayoría de aeronaves logren escapar.

En ese mismo sentido, hacia finales de 2005, la Fuerza Aérea colombiana denunció el crecimiento del uso de pistas clandestinas ubicadas en fincas, zonas inhóspitas, pueblos alejados y potreros en los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba y Sur de Bolívar. Si bien ha habido una mejora en el control aéreo de la frontera con Brasil (sobre todo en la zona de Vaupés), se ha incrementado el uso de la costa atlántica.

De otro lado, el incremento de las acciones de control en el mar territorial colombiano, en el océano pacífico, está generando un veloz aumento del uso de las costas de Ecuador para el embarque de drogas, situación que se constata en el volumen de las drogas incautadas en ese país entre 2004 y 2005, al pasar de 5,6 toneladas a cerca de 30 toneladas, respectivamente.

Esta tendencia se generaliza en la región andina. Según el Departamento de Estado, en Bolivia se utilizan 23.000 hectáreas de hoja de coca para el narcotráfico, de las 30.000 que existen en ese país, y, en Perú, se registran más de 50.000 hectáreas con un alza del 14% entre 2003 y 2004. A ello se agrega el incremento de casos de contrabando hacia Europa (uso de vía marítima y aérea) por Venezuela, en un contexto de desconfianzas mutuas entre Washington y Caracas.

La tendencia a un creciente involucramiento de otras subregiones como el Cono Sur (Paraguay y la triple frontera con incrementos de contrabando hacia Brasil y Argentina) y el Caribe y Centroamérica, la cual sirve de puente a los poderosos carteles mexicanos para su acceso al mercado de Estados Unidos, es otra característica del actual momento de las drogas en el hemisferio.

Mientras tanto, por el tamaño del déficit fiscal, como por los crecientes compromisos de recursos que demanda la estrategia de seguridad de Washington en el Asia Central, la ayuda que Estados Unidos da a los países mayormente involucrados en el circuito de drogas de las regiones andina y amazónica ha caído en el pedido presupuestal para 2007 en un 23%, si se toma como referencia 2005. Venezuela (-66%), Brasil (-55%), Ecuador (-33%) y Panamá (-33%), representan los recortes más significativos, mientras que Perú (-15%) y Bolivia (-27%) sufren disminuciones sensibles, dado que son los países que en términos absolutos le siguen a Colombia en cuanto al tamaño de la ayuda antidrogas. El recorte parece ir al fortalecimiento y la salvaguarda del programa aéreo antidrogas bajo el nombre “Critical Fligth Safety Program” el cual, como se ha señalado, no goza de mucho prestigio en el Congreso de Estados Unidos, dados los pobres resultados de las acciones de interdicción en el marco del Puente Aéreo.

Este desalentador panorama de los resultados del Plan Colombia en el marco de la Iniciativa Regional Andina, se volverá aun más grave cuando se conozca la verdadera incidencia en el mercado ilegal, de los cambios en los manejos agronómicos de los cultivos, y sus repercusiones en el tema de los rendimientos. Tanto la oficina de drogas de Naciones Unidas (UNODC) como la ONDCP mantienen conversiones erráticas del potencial productivo regional, al señalar una capacidad que gira alrededor de las 670 toneladas de cocaína.

Sólo Colombia, con sus 144.000 hectáreas, posee hoy un potencial productivo de 1.050 toneladas de cocaína, las que, sumadas con las áreas de Perú (con un potencial alrededor de 250 toneladas) y Bolivia (cerca de 115 toneladas), estarían acercándonos a una sobre producción regional de 1.400 toneladas. Esta situación se puede constatar en las zonas productoras colombianas más tradicionales, con la impresionante caída de precios de la PBC, al cotizarse hoy en cerca de 1’100.000 pesos el kilo (500 dólares), cuando en 2003 alcanzó un promedio 2’250.000 (1.023 dólares). Es decir, ¡una caída del 50% del precio! Quiere decir que la crisis social en las zonas productoras ha empeorado.

Sin embargo, este contexto es óptimo para la aplicación de una estrategia bien diseñada de desarrollo alternativo. Pero son muchos los problemas que hoy enfrenta esa política, comenzando por los impactos de las mismas fumigaciones y la irracionalidad en la distribución presupuestas en el nivel departamental. A ello se suma la prolongación del conflicto y el poder de control territorial de los grupos armados, tanto guerrillas como paramilitares reciclados. Estos dos temas exigen un mayor análisis. Mientras tanto, la Casa Blanca cree que hay que seguir haciendo más de lo mismo en los próximos años. El Congreso empieza a pensar que se debe radicalizar aun más la estrategia y de allí la fuerte votación en la Cámara de Representantes (399 votos a favor y cinco en contra) de la ley HR2829, liderada por los republicanos Dan Burton y Mark Souder, que aprobó un presupuesto y conmina al Zar Antidrogas a formular un plan de ensayos de campo para experimentar armas biológicas contra los cultivos de coca. Si el Senado acepta esta desesperada medida, las cosas serán aun peor.

Por su parte, la oficina de drogas del Departamento de Estado cree que la estrategia mejorará al proponerse extraditar a 50 miembros de la cúpula de las Farc, sindicados equivocadamente como el cartel más poderoso de las drogas, por el hecho de controlar un 60% de las áreas de cultivos. Ignora esta medida la segmentación del narcotráfico en centenares de redes organizadas, que van desde el procesamiento, hasta los mercados internacionales. Con la decisión Washington parece entrar en una lógica de ‘palos de ciego’ ante los pobres resultados de una estrategia que reclama, más bien, un diálogo franco con los países involucrados, concertación de políticas implicando a las comunidades urbanas y rurales y evaluaciones realistas que permitan ajustes eficaces. Esto también exige un compromiso político y de propuestas viables, por parte de quienes reclaman un cambio de estrategia.

Ricardo Vargas M.
Sociólogo. Director de Acción Andina Colombia.