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El presidente Uribe dice que las Farc entregarán los cadáveres de los 11 diputados este sábado

Según el Jefe del Estado la guerrilla devolverá los cuerpos tras dejar dos meses y medio después de su asesinato. Después de tanto tiempo, el estado de los restos hará muy difícil los exámenes forenses para dictaminar las causas de la muerte.

SERGIO DE LEON / AP
30 de agosto de 2007

El presidente Álvaro Uribe dijo que las Farc entregarían el sábado los cadáveres de los 11 diputados del Valle asesinados en junio como rehenes de esa guerrilla y criticó la demora de esa acción. “Que van a entregar los cadáveres de los diputados este sábado, será tarde, primero de septiembre, y los mataron el 18 de junio”, expresó el Jefe del Estado al pronunciar un discurso ante la federación de comerciantes, en Cartagena.

“¿Qué habrá pasado con esos cadáveres, bendito sea mi Dios?”, manifestó luego, mientras señalaba que una comisión forense internacional estaba preparada para realizar la prueba pericial que determine detalles de las muertes.

“Si estos bandidos tuvieran algo de insurgentes que los distinguiera del terrorismo habrían tenido ese mínimo gesto de gallardía de entregar los cadáveres a tiempo para que los examinara una comisión forense internacional”, manifestó Uribe, quien no aportó más detalles sobre el lugar de la entrega ni el origen de esa información.

Yves Heller, vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que gestiona la recuperación de los cuerpos, dijo a la AP que las Farc no podían confirmar el anuncio presidencial.

Agregó que el CICR “mantiene canales de comunicación con las Farc”, pero que “siguen a la espera” de los detalles y la fecha para la entrega de los cadáveres.

El director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, que también ha servido de intermediario entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), manifestó que sabía de la entrega “en los próximos días”, pero no podía precisar si será este sábado.

Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, uno de los diputados secuestrados en 2002 y muerto como rehén de las Farc en circunstancias aún sin precisar, expresó a la AP que “si lo dice el Presidente es porque algo ha de haber”, aunque le resultó desconcertante que hiciera el anuncio por encima del CICR que es el organismo encargado de las gestiones.

Una docena de diputados fueron secuestrados durante un violento operativo de las Farc en la Asamblea del departamento del Valle en abril de 2002, en el que guerrilleros disfrazados como militares evacuaron a los legisladores en un autobús en el que luego se los llevaron bajo el pretexto que había una bomba en el edificio.

A finales de junio pasado, las Farc informaron que 11 de los ex diputados fallecieron en medio del ataque de un grupo armado no identificado, mientras que el gobierno dijo que fueron ejecutados a sangre fría por sus captores. El único sobreviviente se encontraba en otro campamento, según las Farc.

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) aseguró después que fallecieron en medio de un erróneo combate entre dos frentes de las Farc.

Estas muertes enlutaron el país y atizaron el debate sobre un posible intercambio humanitario, la entrega unilateral de los rehenes o la búsqueda de un rescate militar. Alrededor de un millón de personas protestaron contra el secuestro en las principales ciudades del país una semana después de anunciada las muertes.

Los ex diputados estaban entre casi 50 rehenes cuya liberación es condicionada por las Farc a un canje por centenares de guerrilleros presos.

Entre los cautivos está la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, que tiene nacionalidades francesa y colombiana, varios políticos más, militares, policías y tres estadounidenses contratistas del Departamento de Defensa de su país.

El presidente venezolano Hugo Chávez visita el viernes Bogotá para intentar empujar el canje que por años ha estado paralizado ante la rigidez de posiciones de Uribe y las Farc, particularmente respecto a la desmilitarización de una zona del suroeste de Colombia, exigida por la guerrilla para negociar.

Uribe rechaza esa condición por la experiencia del anterior gobierno del presidente Andrés Pastrana que les concedió una zona desmilitarizada para entablar negociaciones de paz, pero que la guerrilla aprovechó para fortalecerse militarmente y lucrarse del narcotráfico.