Entre la ilegalidad y la muerte

Nadie reclamó su cadáver y nunca se supo su nombre. Sólo se sabe que falleció, hace tres semanas, desangrada en una calle del barrio Veinte de Julio de Bogotá luego de someterse a un aborto mal practicado.

En contra de esa condena a la indiferencia, el miércoles, 22 de marzo, a las seis de la tarde, cientos de velas se encendieron en la capital del país con la idea de mantener viva su memoria. “Es una manera de decir que la vida de las mujeres sí nos importa y por eso hay que preservarla. Es un homenaje a ella y a muchas víctimas de la ilegalidad del aborto y no una presión a la Corte o al país”, dice Mónica Roa, una de las organizadoras de la velada y quien demandó ante la Corte Constitucional la despenalización del aborto.

Pero a la sombra de esas miles de mujeres que han muerto en Colombia al practicarse un aborto clandestino (como la víctima anónima del Veinte de Julio), están las que han fallecido o viven condenadas a muerte por no poder practicárselo de manera legal y en las condiciones requeridas. Y aunque ellas no alimenten las cifras que presenta periódicamente el Ministerio de Protección Social cuando señala las causas de mortalidad femenina, ni ocupen a quienes han centrado el debate del aborto en el marco de la moral, su panorama es tan oscuro que no tienen más opción, como dice Roa, “que decidir entre ser delincuentes o morir”.

Este es el caso de aquellas a las que les diagnostican enfermedades cuyo tratamiento no puede adelantarse mientras estén embarazadas. Es la situación de mujeres como Martha Zulay González, quien a sus 34 años de edad lucha por sobrevivir a un cáncer que tendría mayores oportunidades de vencer si le hubieran extirpado la matriz a tiempo.

“Después de tener a mi tercera hija me mandé ligar las trompas. No se por qué eso falló y quedé embarazada otra vez. A las tres o cuatro semanas de gestación me diagnosticaron cáncer en la cerviz de la matriz y empezaron a tratarme con drogas, pero luego se dieron cuenta que era invasivo y me dijeron que la única manera de detenerlo era sacando al feto”, comenta Martha Zulay, vía telefónica desde Pereira, ciudad donde reside.

Pese a lo pesimista del diagnóstico, los médicos del Hospital San Jorge se opusieron a realizar el aborto. “Yo voltié mucho. Incluso hablé con un sacerdote en el hospital y con un abogado. Ambos me dijeron que no podía hacer nada porque legalmente estaba prohibido”, relata Martha. La única opción que le dieron en ese tiempo fue que se practicara un legrado en una clínica privada.

“Me dijeron que fuera a Los Rosales y que pagara $600.000. Yo no tenía con qué pagar eso”, dice Martha y es que para alguien que vive de vender arepas en la calle y trabajar por días en una casa de familia, completar esa suma es casi imposible.

Gran parte del embarazo, lo pasó recluida en el centro médico. “Los dolores eran muy fuertes, todavía lo son, pero yo sigo tratando de llevar una vida normal”, dice. Mientras esperaba el nacimiento de su cuarta hija, ella seguía pensando en el futuro de sus otras niñas. “Yo quiero mucho a mi última hija, pero se que si me la hubieran sacado a tiempo, las otras tres tendrían más posibilidades. Todo ese tiempo lo que pensaba es que no estaba en juego solo mi vida sino la de ellas tres, nos condenaron a todas”. Y mientras cuenta esto, Martha recuerda que ella misma quedo huérfana a los diez años, cuando su madre murió de cáncer. “Se lo duro que es quedarse sola. Mi hermana y yo crecimos yendo de la casa de una tía a otra hasta que finalmente se aburrieron. No me violaron ni nada de eso, pero siempre hay mucha gente dispuesta a hacer maldades y a mí me perseguían mucho”.

Por eso hoy, veinte meses después del nacimiento de su hija menor, Martha sigue luchando contra una enfermedad prácticamente incurable. “Este miércoles me van a hacer unos exámenes y me dirán cómo estoy. Hasta ahora lo que se es que el cáncer tiene cuatro etapas y yo estoy en la tercera. Me están haciendo quimioterapias y radioterapias, ya no me pueden operar porque el cáncer me invadió el intestino y la vejiga. Entonces estoy esperando a ver si ya tocó algún otro órgano”.

Según ella, los médicos le dicen que hacen todo lo que pueden y que todo “está en manos de Dios” ahora. “Yo igual sigo trabajando. A mi hija mayor ya le di el bachillerato. Ella quiere hacer algunos cursos para poder seguir adelante y yo voy a hacer lo que pueda para darle educación porque eso es lo único que evita problemas como la violencia y la prostitución, y le garantiza al menos ganarse un mínimo y medio. Ella dice que va a trabajar para poder ayudar a sus hermanas e ir a la universidad”.

Después de todo lo que ha pasado y ante la incertidumbre del futuro, Martha Zulay González solo tiene claro que su vida podría haber sido normal, si la legislación fuera distinta. “En este país las mujeres no tenemos derechos, aunque el Gobierno diga lo contrario. Si a mi me hubieran sacado la matriz a tiempo estaría bien, yo conozco a muchas mujeres que han pasado por esa operación y sobreviven. Esta mañana, por ejemplo, veía en un programa de televisión al padre Chucho y a un obispo hablando del aborto. Decían que uno tenía que tener al hijo a toda costa y que no podía quitarle la vida a otro ser humano, pero nunca hablaron de las mujeres que mueren por no poder interrumpir el embarazo”.

Mientras estuvo recluida en el hospital, Gloria García –para quien trabaja como empleada doméstica- y el padre de las niñas le ayudaban a sostener a sus otras tres hijas. “Ella nos ayudó mucho, nos mandaba mercados y él enviaba plata cada vez que podía”. Su esperanza es que si fallece, sus hijas también encuentren ayuda. “Yo quisiera al menos poder dejarles una casa para que no tengan que estar rodando. Si no, al menos espero que el papá y su familia no las desamparen. A mí solo me han apoyado ellos y la fundación Mujeres de Pie que me dio un carro de perros calientes. No lo he podido poner a producir porque me faltan unos papeles, pero cuando los tenga ya lo puedo sacar y empezar a trabajar”.

Aunque este tipo de respaldo es fundamental para ella, Martha Zulay piensa en un apoyo más amplio para las mujeres que pasan o pasarán por una situación similar. “A las mujeres no nos respetan ni nos dejan decidir. A nosotras no nos escucha nadie, tenemos que morirnos. Yo no apoyo el aborto cuando se trata de mujeres que se embarazan sin precaución y van y abortan. Pero el Gobierno debe ponerse la mano en el corazón y ver que hay casos extremos como este en los que no es posible ir a una clínica e interrumpir legalmente un embarazo para salvar la vida de uno y proteger la de sus hijas. Yo aprendí que en Colombia es ilegal el aborto para las mujeres pobres, porque para las mujeres ricas se llama legrado y se hace en las mejores condiciones sin que se considere un delito”.

Entre tanto, mientras el Gobierno se pone la mano en el corazón, como pide Martha, y Mónica Roa seguirá esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto.