Los incómodos dilemas de la justicia transicional

AL%20Y%20CONTEXTO_LA%20GEOMETRIA%20DE%20LA%20JUSTICIA%20TRANSICIONAL_OPCIONES%20DE%20DISENO%20INSTITUCIONAL_C.%20STAHN.pdf">AL%20Y%20CONTEXTO_LA%20GEOMETRIA%20DE%20LA%20JUSTICIA%20TRANSICIONAL_OPCIONES%20DE%20DISENO%20INSTITUCIONAL_C.%20STAHN.pdf">Carsten Stahn).

Sin embargo, tampoco conviene sobreestimar los dientes de la comunidad internacional en esta materia, pues dependen de sus ganas de morder. Esos deseos dependen de cálculos estratégicos y de las capacidades financieras y administrativas de las autoridades para dar seguimiento a los casos. Por consiguiente, tanto por razones prácticas como por razones normativas, un país como Colombia conserva un margen de maniobra que puede aprovechar para acomodar procesos de justicia transicional a sus fines. Y surge un nuevo dilema: ¿Cuáles son esos fines? Justicia, dirían algunos, pero ¿cuándo y cuánta? Estabilidad, dirían otros, ¿pero a qué costo?

Si la mayoría de colombianos quiere perdonar, ¿valdría la pena hacerlo? Según sugerencias de líderes paramilitares dadas a conocer a comienzos de este año, se debería someter a referendo la posibilidad de declarar de una vez el perdón y el olvido. Encuestas realizadas en ese momento mostraron que lo más probable es que la población colombiana votaría mayoritariamente a favor de esa opción. Hastiados tras años de guerra y cómodos en la negación de los hechos atroces que han marcado nuestra historia patria (a nadie le gusta sentirse cómplice o testigo de algo que hubiera podido evitar o, por lo menos denunciar), los colombianos bien podríamos escoger la opción del silencio para "avanzar" hacia un futuro de estabilidad libres de las difíciles decisiones sobre culpas y reparaciones y de los nuevos conflictos que ellas puedan generar.

Sin embargo, el costo de esta opción es elevado como antecedente para futuros procesos (¿estaría la sociedad colombiana dispuesta a hacer borrón de las violaciones cometidas por los grupos guerrilleros?); como obstáculo para la reconciliación (muchos estudios advierten acerca de los nefastos efectos para la convivencia cuando languidecen los rencores y se transmiten los odios de padres a hijos); como posición frente a las víctimas y como carta de presentación ante las instituciones defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales. (Si quiere profundizar en estos puntos, consulte los siguientes documentos: AL%20Y%20CONTEXTO_LA%20GEOMETRIA%20DE%20LA%20JUSTICIA%20TRANSICIONAL_OPCIONES%20DE%20DISENO%20INSTITUCIONAL_C.%20STAHN.pdf">Carsten Stahn).

Sin embargo, tampoco conviene sobreestimar los dientes de la comunidad internacional en esta materia, pues dependen de sus ganas de morder. Esos deseos dependen de cálculos estratégicos y de las capacidades financieras y administrativas de las autoridades para dar seguimiento a los casos. Por consiguiente, tanto por razones prácticas como por razones normativas, un país como Colombia conserva un margen de maniobra que puede aprovechar para acomodar procesos de justicia transicional a sus fines. Y surge un nuevo dilema: ¿Cuáles son esos fines? Justicia, dirían algunos, pero ¿cuándo y cuánta? Estabilidad, dirían otros, ¿pero a qué costo?

Si la mayoría de colombianos quiere perdonar, ¿valdría la pena hacerlo? Según sugerencias de líderes paramilitares dadas a conocer a comienzos de este año, se debería someter a referendo la posibilidad de declarar de una vez el perdón y el olvido. Encuestas realizadas en ese momento mostraron que lo más probable es que la población colombiana votaría mayoritariamente a favor de esa opción. Hastiados tras años de guerra y cómodos en la negación de los hechos atroces que han marcado nuestra historia patria (a nadie le gusta sentirse cómplice o testigo de algo que hubiera podido evitar o, por lo menos denunciar), los colombianos bien podríamos escoger la opción del silencio para "avanzar" hacia un futuro de estabilidad libres de las difíciles decisiones sobre culpas y reparaciones y de los nuevos conflictos que ellas puedan generar.

Sin embargo, el costo de esta opción es elevado como antecedente para futuros procesos (¿estaría la sociedad colombiana dispuesta a hacer borrón de las violaciones cometidas por los grupos guerrilleros?); como obstáculo para la reconciliación (muchos estudios advierten acerca de los nefastos efectos para la convivencia cuando languidecen los rencores y se transmiten los odios de padres a hijos); como posición frente a las víctimas y como carta de presentación ante las instituciones defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales. (Si quiere profundizar en estos puntos, consulte los siguientes documentos: Lisa Magarrell y Leonardo Filippini,