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Enrique Gómez, columnista invitado.
Bogotá, febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

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Afanes de fiscal

Redacción Semana
12 de febrero de 2024

En un país marcado por la disociación y el egoísmo, que impide hasta los más mínimos consensos como condenar universalmente el homicidio, el terrorismo, el secuestro, el reclutamiento de menores o la siembra de minas quiebra pata, los desafueros incitados por Gustavo Petro contra la Corte Suprema de Justicia lograron el cada vez más esquivo consenso nacional.

Una condena universal a la incitación realizada, y ahora desconocida, por parte de Petro a sojuzgar a la cabeza de la jurisdicción permanente.

Los efectos de la convocatoria presidencial fueron limitados en su alcance, mostrando que aun dentro de sus huestes más fanáticas lo propuesto parecía, y era, un despropósito. La negligencia de las autoridades, tanto nacionales como distritales, en la protección del Palacio de Justicia permitió que un manojo de fanáticos y la siempre dispuesta minga de alquiler obstruyera y bloqueara la más importante sede del poder judicial, sede de todos los órganos de cierre del sistema.

El poder simbólico de la agresión superó, gracias a Dios, sus efectos materiales. Pero los símbolos son de todas formas relevantes y trascendentes. El símbolo más relevante fue sin duda la asociación con la iniciativa de arrodillar la dignidad de la justicia propiciada por el M-19 en 1985, iniciativa de la cual fue partícipe el presidente Petro en su momento como orgánico de esa organización terrorista.

Otro símbolo oscuro es la sinvergüenza y duplicidad con la que el presidente y sus asesores negaron lo que hicieron y de manera psicopática restaron relevancia a lo sucedido. Una clara deriva en las comunicaciones del régimen hacia la manipulación estalinista.

Son muchas las implicaciones de lo sucedido el 8 de febrero y es difícil digerirlas todas. Una que me impactó fue cómo la OEA validó, en su comunicado, las versiones fantasiosas del verdadero golpista que era Petro y desacreditó la dignidad de la Rama Judicial colombiana. Una demostración aterradora de cómo las solidaridades de la izquierda internacional generan una realidad alterna, mendaz y eficaz que, sin duda, Petro ya tiene planeado utilizar como palanca para seguirles corriendo la cerca a la Constitución y a las instituciones colombianas.

Pero la certeza que adquirió el país es que Petro no puede acogerse al dicho de la sabiduría popular de que “el que nada debe, nada teme”.

Obviamente, la designación de fiscal es un hito relevante para cualquier gobierno. Tan relevante, que en la Constitución 1991 se innovó dándole la función designadora a la Corte Suprema para aumentar la separación de poderes y los chequeos cruzados entre las ramas del poder público.

Sería anormal que un presidente no estuviera pendiente del proceso. Pero el frenesí con el que Petro y Casa de Nariño han manejado la postulación y la designación rayan en lo enfermizo.

El avance en varios frentes de las irregularidades en la financiación de la campaña es sin duda uno de los principales motivadores de la angustia presidencial. Parece que ese barco hace agua por muchas partes y la cercanía, y posiblemente los chantajes, de los involucrados deben estar llegando al paroxismo.

También es cierto que un fiscal de bolsillo es una palanca poderosa.

Primeramente, ante el Congreso, donde las inconvenientes e improvisadas reformas sociales del presidente han avanzado con enorme dificultad ante unos parlamentarios insaciables y que han detectado la angustia del Gobierno y se aprovechan al máximo de ella. En un Congreso que se define por su rabo de paja, tener fiscal general de bolsillo permitiría apretar las tuercas de los díscolos y pedigüeños parlamentarios independientes y acelerar las reformas que deben aprobarse en esta legislatura.

En segundo lugar, Petro ha demostrado que no tiene escrúpulos a la hora de apretar al sector empresarial. La tenaza que se cierne sobre los grupos económicos ya está formada, por una parte, con la designación de Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio y con las presiones fiscales ejercidas sin vergüenza a sectores como el de concesiones, la construcción y la industria energética. Un fiscal del petrismo mantendrá calientes los hornos de investigaciones críticas para mantener alineados a los grupos más poderosos con sus medios de prensa.

Además, la fiscal petrista tendrá el compromiso de iniciar los hostigamientos contra miembros de la oposición y de la prensa que ya están en la mira del presidente. El hostigamiento digital ha dejado de ser una herramienta tan contundente como lo fue en años anteriores. Los expertos petristas del bullying digital han sido expuestos y sus bodegas cada vez tienen menos impacto, sobre todo después de que fueron utilizadas de manera inmisericorde con el infame #CaracolMiente.

Pero ninguna razón en mi opinión justifica más el afán enfermizo de Petro porque le nombren su fiscala que la necesidad de cumplirles a los poderes mafiosos que aparentemente lo financiaron y apoyaron para ganar la Presidencia, según el dicho de Juan Fernando Petro, su hermano.

La talla del narco es a otro precio y justificaría los desmanes, las fantasías conspirativas y las urgencias del presidente.