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Alerta: ¿Constituyente para Petro perpetuarse en el poder?

Petro dirá que el Congreso obstaculiza la aprobación del cambio por el que votó el pueblo y que la única solución será convocar una asamblea nacional constituyente que implique cerrar las instituciones que bloquean la supuesta “voluntad popular”.

Federico Gutiérrez
15 de abril de 2023

La aplanadora petrista va hacia su meta de destruir el país. Petro y su equipo de gobierno plantearon desde campaña un “cambio” absolutamente inviable, que ahora se refleja en las reformas dogmáticas e impertinentes que han enviado para la aprobación del Congreso. El discurso detrás de esto es aparentemente sencillo: “La gente votó por el cambio y este es el cambio que propusimos”. Pero detrás del supuesto afán de cumplir sus promesas, hay una estrategia propia de los peores populistas autoritarios latinoamericanos: una asamblea nacional constituyente que nos llevaría directo al abismo.

En los ocho meses que lleva el Gobierno Petro, la instrucción del presidente ha sido presentar ante el Congreso las reformas tal cual se propusieron en campaña, o incluso más radicalizadas, sin importar que gran parte de estas carezcan de viabilidad técnica, jurídica, institucional, financiera y política. De la mano de ministras y ministros obstinados, han presentado unas banderas de “cambio” que oscilan hacia vientos adversos para todo un país. Pero no hay nada de ingenuidad en sus acciones: ellos sabían desde campaña, y lo siguen sabiendo, que sus propuestas irrealizables y populistas no contarían con los avales necesarios para llevarlas a la práctica... por lo menos desde consensos y vías institucionales. El Congreso jamás aprobaría estas barbaridades.

En efecto, eso es lo que viene ocurriendo: voces de expertos, gremios, asociaciones y académicos de diversos campos han alertado y advertido el desastre y empeoramiento que representan las reformas propuestas para sectores como el de salud, trabajo, pensiones, hidrocarburos y otros. Por ejemplo, de acuerdo con cálculos de Fenalco, la reforma laboral podría elevar el desempleo entre 4,2 y 5,7 puntos; es decir, 600.000 colombianos que hoy tienen trabajo se quedarían sin él.

¿Y cuál es la respuesta de la ministra de Trabajo? Que la reforma laboral no tiene como objetivo generar empleo. Me quedo sin comentarios. Por otro lado, muchos expertos han insistido en que, de aprobarse la reforma a la salud, además de verse comprometidas las finanzas de la nación, se ponen en riesgo la continuidad de tratamientos en curso y la articulación de los servicios, entre muchas otras consecuencias que empeorarían la atención en salud para los colombianos.

Mientras a las reformas les va mal en los sectores en los que se han socializado, el Gobierno negocia puestos y cuotas burocráticas con el fin de aprobarlas en el Congreso, donde también han encontrado muchos obstáculos justamente por su impertinencia. Al mismo tiempo, Petro y todos sus aliados en el Gobierno insisten en petrificar las reformas y aprobarlas “porque ganaron las elecciones” y representan el deseo del “pueblo”, ignorando que ganaron por un margen de 3 por ciento, que el país está polarizado y que la desfavorabilidad del presidente viene en aumento. Nos quieren hacer creer que el hecho de ganar la presidencia les da licencia para erradicar la discusión racional, técnica y política que favorece la democracia y nutre las propuestas.

En ese desconocimiento intencional del sistema democrático, Petro incluye en su discurso maniqueo al fiscal, la procuradora, los partidos de oposición (o los que siendo de coalición se apartan), los gremios de empresarios, entre otros actores importantes para el país. Los categoriza como “enemigos del cambio” porque se atraviesan (con argumentos) a sus reformas, ignorando el andamiaje institucional por el que deben pasar las propuestas que son fundamentales para el futuro de Colombia.

¿Qué viene entonces? Petro dirá que el Congreso obstaculiza la aprobación del cambio por el que votó el pueblo y que la única solución será convocar una asamblea nacional constituyente que implique cerrar las instituciones que bloquean la supuesta “voluntad popular”.

Varias cosas al respecto: primero, el Gobierno nacional debe tener presente que somos más de 51 millones de colombianos y que “pueblo” no es únicamente el segmento de 11 millones que votó por Gustavo Petro. Todos los colombianos anhelamos que el país cambie para bien. El Gobierno debe ser para todos, incluso para los que no son sus seguidores. Segundo, a menos que nos dirijamos hacia dictaduras como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua, debemos respetar las reglas de la democracia, que son la mejor manera de garantizar un bien común que, lejos de aplastar las diferencias, las incluya. El populismo es sencillo; la democracia es compleja. Pero entre ambas alternativas los colombianos debemos elegir la democracia, el progreso y las libertades. Y, tercero, la única amenaza de este mecanismo no es la aprobación de las reformas, sino, además, la perpetuación de Petro en el poder. Encender las alarmas hoy se queda corto; todos los ciudadanos tenemos el deber de impedir que esto ocurra.

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