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Columna de opinión Marc Eichmann

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Apagón por negligencia

En la Creg, la falta de cuórum de los comisionados está teniendo un efecto de caída en la cantidad de resoluciones expedidas por la entidad, mostrando un alto incumplimiento en el último año frente a las resoluciones previstas en la agenda regulatoria.

2 de abril de 2024

En el sector eléctrico nos estamos enfrentando a un impredecible fenómeno de El Niño, que ha hecho que el nivel de los embalses, que conforman más del 70 % del total de capacidad de producción de energía del país, se encuentre en su punto más bajo de los últimos 20 años, con un 31,61 %. Adicionalmente, la Costa Atlántica tiene tarifas muy altas por KWh que están estrangulando a gran parte de la población de esta región.

Por otro lado, las reservas de gas natural del país se encuentran en 7,2 años, el nivel más bajo en 17 años. Con gas se cocina en los hogares, se mueven taxis y transporte público y se alimentan gran parte de las termoeléctricas, problemas que se verán multiplicados ante la negativa del Gobierno de explorar nuevas fuentes de este hidrocarburo (no carbohidrato, creo).

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), de acuerdo con el Decreto 1260 de 2013, es quien tiene como función regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible para que las operaciones sean económicamente eficientes, no impliquen abusos de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Igualmente, tiene por objeto expedir la regulación económica para las actividades de la cadena de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, en los términos y condiciones señalados en la ley.

En otras palabras, la Creg tiene como función mantener un marco regulatorio para que los colombianos recibamos la energía más confiable y barata posible, lo cual –claramente, dado el entorno– está más que en duda.

Según la Ley 2099 de 2021, la Creg debe estar integrada por el ministro de Minas y Energía, el de Hacienda; el director del Departamento Nacional de Planeación y seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, los cuales deben ser nombrados por el presidente de la República para ejercer labores por un periodo de cuatro años.

Sorprendentemente, a la fecha, el director de la entidad, Omar Prías, es el único comisionado en propiedad. De hecho, ante esta situación, la Procuraduría lanzó una advertencia respecto al impacto que la ausencia de nombramientos podría tener en las determinaciones técnicas que involucran al sector energético. En cuanto a Ecopetrol, en la reciente asamblea el Gobierno nacional nombró activistas más que técnicos, en la que se incluyen una psicóloga candidata a la Vicepresidencia de la República, un sindicalista viceministro de Trabajo y una viceministra ambientalista.

En la Creg, la falta de cuórum de los comisionados está teniendo un efecto de caída en la cantidad de resoluciones expedidas por la entidad, mostrando un alto incumplimiento en el último año frente a las resoluciones previstas en la agenda regulatoria.

Con estos antecedentes, no es extraño que Acolgen, la asociación de generadores de energía del país, advierta al Gobierno sobre lo irresponsable que es permitir con su inacción que el consumo eléctrico aumente más del 8 % con respecto a los mismos días de marzo de 2023, por lo que, de retrasarse la llegada de las lluvias, podría generar una falla del sistema. XM, el operador de la red eléctrica colombiana, también advirtió hace pocos días que es necesario tomar medidas urgentes ante los riesgos de apagón y suministro de energía.

Ante tan importantes revelaciones, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, respondió: “Nos encontramos en la última fase del fenómeno de El Niño, hemos pasado por unos meses de dura sequía, pero gracias a la preparación del sistema eléctrico colombiano y las medidas adoptadas, hemos pasado este periodo sin dificultades de abastecimiento”.

Ante la impredecibilidad futura de los eventos climáticos que pueden impedir el llenado de los embalses y las posibles afectaciones a la red de transmisión en un país cada vez más tomado en lo rural por grupos terroristas, se esperaría –por lo menos– una política preventiva de ahorro de energía por parte del Gobierno. Lo mismo ocurre en el sector gas, en que las decisiones del Gobierno a nivel de nombramientos y de exploración del recurso no son acordes con los riesgos de desabastecimiento de mediano plazo para los hogares y la economía colombiana.

Que no vengan a declarar después Wally, don Izquierdo, la Lalis, el autoflagelado senador Álex Flórez, Gustavo Bolívar, Maria José Pizarro y Cielo Rusinque que no se les advirtió. Este gobierno no creó el fenómeno de El Niño ni el agotamiento de las reservas de gas, pero tampoco ha tomado las medidas necesarias para evitar que impacten a los colombianos en su vida diaria. Y esa omisión es muy grave.