Asalto al Palacio de Justicia: 40 años después

Cuarenta años han pasado desde uno de los ataques más graves contra la democracia en Colombia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19, financiado y apoyado por estructuras del narcotraficante Pablo Escobar, ingresó al Palacio de Justicia con armas de guerra, explosivos y granadas. Secuestraron a los magistrados de la Corte Suprema, asesinaron a once de ellos, tomaron rehenes, sembraron fuego y muerte, y destruyeron expedientes fundamentales en el momento en que el país debatía la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Ese es el hecho. Ese fue el crimen. Eso no se discute.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha intentado sustituir la verdad histórica por un relato ideológico creado para legitimar a quienes sembraron terror y convertirlos en supuestas víctimas del Estado. Un libreto peligroso que busca invertir los papeles: los criminales responsables de delitos de lesa humanidad ahora son presentados como “libertadores”; los terroristas como románticos combatientes “por la justicia social”; y los militares que actuaron bajo orden constitucional para recuperar una edificación ya asaltada y controlada por un grupo armado, como verdugos.

Ese discurso no es ingenuo. Es una estrategia política de largo aliento. Si se logra borrar la responsabilidad del M-19, se borra la conexión con el narcotráfico. Si se limpia el pasado, se habilita el presente. Y ahí está el punto.

Pero la memoria documentada es contundente:

• El asalto fue planeado y ejecutado por el M-19.
• Hubo financiamiento y logística provenientes de actores ligados al cartel de Medellín.
• La finalidad política era evitar la extradición.
• La tragedia comenzó antes de que el Ejército ingresara.

Los militares no eligieron esa guerra. Entraron cuando el Palacio ya estaba bajo asalto, cuando las vidas estaban en riesgo, cuando el Estado y nuestra democracia estaban secuestradas.

Hoy, cuatro décadas después, hay quienes pretenden reabrir el juicio histórico, no para encontrar la verdad, sino para imponer una versión fabricada en laboratorios narrativos y universidades militantes. Buscan convertir la memoria de las víctimas en botín político, empapando la historia de ideología, resentimiento y propaganda.

La verdad sigue siendo la misma, aunque intenten enterrarla bajo discursos convenientes:

• El M-19 es responsable del asesinato de los once magistrados.
• El M-19 incendió el Palacio.
• El M-19 destruyó los archivos judiciales.
• El M-19 puso al país de rodillas durante dos días.

Y así debe recordarse.

En medio de este intento de distorsión, es indispensable defender el nombre de los militares que fueron convertidos en trofeos simbólicos para intereses políticos. Entre ellos, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, sometido durante años a una infamia, a procesos manipulados por testimonios inconsistentes y agendas ideológicas. Con el tiempo, la justicia reconoció lo evidente: cumplió con su deber constitucional en una situación extrema que él no provocó. El coronel Plazas Vega es inocente y eso no lo podrán manipular. Defender su nombre no es proteger instituciones ciegamente: es proteger la coherencia histórica.

Homenajear a las víctimas no es repetir frases vacías. Homenajear a las víctimas es impedir que el crimen de ayer se utilice hoy como capital político. Es decir con claridad quién atacó primero. Es nombrar al agresor. La memoria no está en disputa; está escrita en nombres, cuerpos y cenizas.

Mientras se siga intentando reescribir la historia, habrá que repetirlo sin titubeos: la democracia fue atacada. El Palacio de Justicia fue asaltado. Los magistrados fueron asesinados a mansalva. El M-19 fue responsable.

Cuarenta años después, la verdad permanece. La historia no se negocia. La memoria no se entrega. Colombia no olvida.

Cuarenta años después, seguimos honrando la memoria de las víctimas y también a nuestros militares que, cumpliendo su deber constitucional, han sido perseguidos y sometidos a procesos injustos durante años, mientras los bandidos gozan de impunidad.

Al coronel Plazas Vega, mi respeto y gratitud. Usted defendió al país en uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. La patria le debe reconocimiento y dignidad. Mi cariño para usted y su familia, siempre.

A usted, Gustavo Petro, le digo: usar la memoria del magistrado Manuel Gaona Cruz para limpiar el prontuario del M-19 es una infamia. Es manipulación histórica deliberada. Es aprovechar el dolor ajeno para fabricar absoluciones políticas. Eso no es memoria: es la romantización del crimen. Y este país no se arrodilla ante la mentira.