Colombia viral

La verdad, yo no sabía del amor de miles y miles de colombianos por los tiburones, la genuina preocupación por su posible exterminio. En cambio, sabía algo más sobre la distancia, el rechazo y hasta el temor con el que muchos en esta sociedad ven a las comunidades indígenas, especialmente a aquellas determinadas a hacer respetar su territorio, a no mendigar nada, a mantener su desconfianza frente a la palabra incumplida de los gobiernos.

Debe ser por algún algoritmo de mis cuentas, pero jamás había visto tantas veces aparecer un video como el que sigue circulando sobre los tiburones a los que cruelmente les cortan las aletas y arrojan al mar. Cientos de miles de reproducciones en apenas tres días; comentarios adoloridos de ciudadanos, mensajes indignados de artistas y navegantes de las redes sociales. Y por todas partes peticiones para que se respete la vida e integridad de estos animales y evitar su exterminio. Incluso, hay rodando por ahí una firmatón para contactar a organizaciones internacionales y hacer una denuncia global, además de pedir el cambio de la cuestionada reglamentación vigente.

También puede ser por el “algoritmo” con el que nos han narrado la historia de este país que hemos armado un video que proyecta a las comunidades indígenas como agresivas, irrespetuosas de las leyes, excesivas al tomarse las vías para exigir sus derechos y el respeto a su territorio. Tienen autoridades reconocidas por la Constitución, pero siempre cuestionadas por las autoridades nacionales, que con frecuencia siembran sospechas en sus declaraciones y alimentan esa duda en toda la sociedad. Basta darse una vuelta por las redes sociales.

Así, precisamente, repitiendo el algoritmo de la estigmatización, se estrenó en 2018 el ministro de Defensa: “… Cada vez que ustedes ven que cerraron la vía Panamericana, detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan el dinero con habilidad”. Diez años antes, el entonces presidente Álvaro Uribe afirmó que la minga indígena “estaba infiltrada por la guerrilla”, lo que se volvió el sonsonete de sus ministros, sin más.

Lo mismo pasó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que a través de su ministro de Defensa reforzó el mensaje de que las comunidades están infiltradas y responden a los intereses del narcotráfico, la minería ilegal y demás actividades criminales de las zonas donde estén, por no hablar de la dificultad para que los grupos étnicos –tan golpeados por guerrilla, paras y fuerzas del Estado- tuvieran voz en las negociaciones de La Habana.

Y años antes (2009), en tiempos de Andrés Pastrana, cuando el gobierno firmó el gran y aún incumplido acuerdo con los indígenas del Cauca, comentarios similares reducían a un tema de orden público la situación social de los indígenas de la región. La realidad desborda las fronteras del Cauca: así como los indígenas de La Guajira han padecido el desdén local, regional y nacional (a propósito, la semana pasada fue asesinada una lideresa Wayúu), lo mismo ha sucedido en Vichada con las etnias trashumantes y está sucediendo en la cuenca amazónica, donde el Estado no aparece ni para evitar el exterminio de comunidades muy pequeñas y frágiles, hoy tomadas por los narcos y grupos paramilitares que esclavizan a los hombres a punta de minería y cultivos ilícitos y abusan de las mujeres.

Pero por allá ninguna autoridad pasa, ni los ambientalistas de redes se asoman ni los juristas de tuiter alegan, aunque estén sucediendo cosas. En este país la violencia contra los indígenas resulta poco viral, a pesar de su virulencia.