Opinión
Autopsia al derecho a la salud
Es lamentable ver esta radiografía de un sistema violentado y atacado a cuchilladas por quienes lo están administrando.
Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo la semana anterior refleja la moribunda situación del derecho a la salud de los colombianos. Es una autopsia anticipada de la situación de la salud en nuestro país: los resultados reflejan el nivel de falta de atención a que han llegado los pacientes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. También refleja las mismas fallas —ya evidenciadas— en la salud de los maestros, pero multiplicadas por cincuenta, porque somos cincuenta millones de colombianos que dependemos del sistema.
En la encuesta sobre acceso a medicamentos en el país, el 90 % de los pacientes referencian no haber recibido la totalidad de los medicamentos formulados o haberlos recibido parcialmente. Tres meses después, el 52 % de los pacientes entrevistados aún no habían recibido ningún medicamento. La mayor parte de los problemas estaban en las EPS intervenidas y manejadas por el actual gobierno. El principal problema evidenciado es la baja capacidad de dispensación proveniente de las decisiones tomadas arbitrariamente por el Gobierno nacional al cambiar los gestores farmacéuticos. Esta situación ha llevado a la quiebra a los anteriores gestores que prestaban el servicio de dispensación. Además, evidencia la incapacidad de los nuevos gestores seleccionados, a dedo, por los interventores del gobierno.
Pero los hallazgos de la Defensoría ponen el dedo en una llaga muy dolorosa, el dinero que tenemos que pagar de nuestro bolsillo por medicamentos: mientras en 2024 los costos por medicamentos del canal institucional (los medicamentos que compra el sistema) crecieron un 17 % con respecto a 2022, las unidades obtenidas decrecieron un 7 %. Esto significa que el esquema de intermediación elegido por el Gobierno resultó más costoso y entregó menos medicamentos. Esa es una poderosa razón del desabastecimiento e indica que, además de entregar a las EPS una UPC deficitaria, en la operación los resultados son peores. Esto ya era evidente en menor escala en el sistema ‘modelo’ que impusieron a los pobres maestros.
Para el ciudadano de a pie, el efecto es el aumento del gasto de su bolsillo para aquellos que pueden pagarlo, y para quienes no pueden, significa la suspensión o intermitencia en la toma de los medicamentos que necesitan. Esto adquiere unas dimensiones de crisis humanitaria cuando pacientes de enfermedades crónicas, cáncer o con problemas de salud mental, no tienen acceso a los servicios que requieren. Pensemos en los pacientes diabéticos, por ejemplo, que se genera descompensación, crisis y coma diabético y, posteriormente, en muchos casos la muerte. Los afortunados que no se descompensen de todas maneras terminarán con afectación de muchos de sus órganos en el largo plazo: ceguera, amputación, daño cardiovascular. Millones de años de vida saludable perdidos por la incapacidad gubernamental.
Lo peor es que parece que la crisis se acelera en los dos últimos años. Entre enero y agosto de 2025, las quejas presentadas a la Defensoría relacionadas con derecho a la salud se han más que duplicado. Esto también indica cómo de 158.000 tutelas presentadas en 2018 antes de la pandemia, se pasó a 265.000 en 2024 y se proyectan 315.000 para 2025. Un desastre que es la consecuencia de una crisis inducida y generada por el propio gobierno, que se jacta de decir que defiende a la base del pueblo, pero que en realidad no defiende ni garantiza la salud de los colombianos.
De hecho, la respuesta del gobierno es muy patética. Ante el contundente e incontrovertible informe de una Defensoría que viene midiendo las tutelas desde hace más de 25 años, da grima ver a algunos senadores del Pacto Histórico tratando de golpear anticipadamente y hacer ruido de la manera más ruin para tratar de tapar su debacle. Esta misma semana hemos visto ataques contra los tanques de pensamiento tradicionales del sector, los representantes de los pacientes y los exministros que se atrevieron a hacer pública una carta con clara señal de urgencia alertando sobre la situación del sistema.
Nada vale, es un gobierno obcecado que está derrochando los recursos de la salud en ‘equipos básicos’ que casi de nada sirven, ni siquiera para controlar el dengue, que esta semana superó los 111.000 casos en 2025.
Es lamentable ver esta radiografía de un sistema violentado y atacado a cuchilladas por quienes lo están administrando. Lo más grave es la autopsia anticipada que le están haciendo a la Ley Estatutaria de un derecho a la salud por la que muchos colombianos, las cortes y los jueces, los aseguradores y hospitales —hasta el propio Ministerio de Salud— dedicaron grandes esfuerzos en el pasado. Un derecho a la salud destruido por ignorancia, además de la incompetencia demostrada.
