Ciudades traquetas

La mafia en las ciudades ha crecido y se ha consolidado, de ello existen muchos ejemplos: el 14 de agosto pasado el comandante de la Primera División del Ejército, general Justo Eliseo Peña anunció que, en el marco de la operación Apocalipsis, se había frustrado un secuestro de dos comerciantes en la ciudad de Barranquilla. Como resultado del “exitoso” operativo, se dijo, habían sido abatidos seis “peligrosos” delincuentes al servicio del Bloque Caribe de las Farc.

El 25 de septiembre, en Envigado, zona metropolitana de Medellín, fue asesinado por sicarios, que se movilizaban en motos de alto cilindraje, el médico y ex gerente del Envigado Fútbol Club, Octavio Velásquez Mejía. Este homicidio que debe entenderse como cometido dentro de la misma lógica de ajustes del asesinato de Gustavo Upegui, por muchos años señalado como “presunto” narcotraficante y “responsable” de escuadrones de la muerte en Medellín entre 1996 y 1997, luego del secuestro de sus dos hijos.

En estos mismos días, en Medellín, ahora ejemplo de paz aplaudido con exageración, proliferan las denuncias por la presencia de grupos armados en las comunas 8 y 13, que asesinan, extorsionan y controlan la venta de drogas. Esta denuncia se suma, a la ya vieja presencia y renovada denuncia, ante la existencia de “grupos de limpieza”, “Convivir” y desmovilizados rearmados que, según la Personería de Medellín, vigilan y controlan múltiples actividades en el sector de San Benito, la Plazuela de Zea y la Plazuela Uribe.
En Pereira, desde los años 80, grupos de sicarios, traquetos, mulas, bandas y pandillas juveniles alimentadas por el narcotráfico, pululan en Ciudadela Cuba, Villa Santana, la Divisa, Las Brisas, sectores en donde ejerció, en los últimos cinco años, un enorme poder el Bloque Central Bolívar, realidad que ahora muchos descubren por un seriado televisivo.

En Bogotá, a finales de febrero, un numeroso grupo de sicarios, desplegados en varios comandos, intentó asesinar a Yesid Nieto, vocero de poderosos clanes que controlan las exportaciones de esmeraldas, a pesar de su autorizado esquema de protección constituido por 30 hombres. ¿Qué tienen en común estos eventos?
En todos ellos se hace manifiesta la proliferación de grupos armados al servicio de economías ilegales, o con un fuerte pie en la ilegalidad, que han entrado en pugna en el escenario urbano, en el cual ofrecen seguridad y ejercen violencia con el fin de monopolizar múltiples actividades comerciales, tanto legales como ilegales, sin que haya una respuesta del Estado colombiano.

En esta guerra aparecen como protagonistas dos grandes tradiciones violentas de carácter mafioso: Una, que tiene sus orígenes en la necesidad de protección de la actividad minera ilegal en el occidente boyacense, discreta, silenciosa; y otra, que surge en el seno de una sociedad antioqueña semifeudal y cerrada, como respuesta a la falta de oportunidades de movilidad social. En los dos casos, a pesar de las múltiples capturas, extradiciones, legalizaciones, perdones, procesos de paz y entregas, los grupos y sus prácticas no sólo no desaparecen sino que se diversifican y continúan. Un ejemplo:

En marzo de 1965, el Ganso Ariza, jefe de la banda “La Pesada”, protagonizó una espectacular fuga financiada por Isauro Murcia, uno de los capos más importantes de la mafia esmeraldera que había apoyado la construcción de un sofisticado ejército y sistema de control y protección cuyo fin era garantizar la ilegal explotación de esmeraldas.

Los Murcia y luego Gilberto Molina, Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Pequinés’, Víctor Carranza, y otros tantos, a los que se sumó el sicariato del cartel de Medellín, se enfrascaron en los años 80 en la más sangrienta guerra verde. Rodríguez Gacha se extendió, y con él los cultivos y el narcotráfico, hacia el Magdalena Medio, Meta y Caquetá. Luego de su muerte, en diciembre de 1989, sus lugartenientes, Leonidas Vargas, Jesús María Pirabán ‘Pirata’, ‘Botalón’, heredaron y consolidaron ejércitos privados de paramilitares, que se convirtieron en el Bloque Centauros y las Autodefensas del Magdalena Medio, entre otros.

Diecisiete años después de la muerte de ‘El Mexicano’, muchos de quienes cumplían sus órdenes, hoy gozan de estatus político e interlocución con el gobierno, algo que el más optimista miembro del cartel de Medellín nunca imaginó. De otro lado, sus rivales, los vencedores de la última guerra de las esmeraldas, no solo continúan con el lucrativo negocio, mientras el occidente boyacense sigue sumido en la miseria, sino que muchos de ellos son parte fundamental de entronques mafiosos en las ciudades y en el campo, y se dedican a lo que décadas de actividad delictual les ha enseñado como más provechoso: la oferta de seguridad.

Uno de los más serios estudiosos de la mafia en el mundo, Diego Gambetta, señala la importancia del libro Condiciones políticas y administrativas de Sicilia. Escrito en 1876 por Leopoldo Franchetti, un hombre de negocios que viajó entonces por Sicilia, animado por una profunda preocupación civil, el texto es una indagación acerca de las condiciones de surgimiento y razones de permanencia de la entonces naciente mafia italiana.

El autor identifica dos causas esenciales que permiten explicar lo anterior: la primera, eminentemente política, está relacionada con la ausencia de un confiable o efectivo sistema de justicia y seguridad. La segunda, una razón económica, parte de la profunda desconfianza de las relaciones económicas que requiere de agentes garantes. A las anteriores, se sumaba la falta de oportunidades de movilidad y ascenso social que, en la latifundista Italia del sur, solo podía ser suplida perteneciendo a la mafia. Así se establece un sistema de ascenso a partir “del poder del favor” que desvirtúa el por justicia y mérito y se extiende al escenario político y el clientelismo en la administración pública.

Franchetti en el momento de su visita, observó como Don Ambrosio, el Capo, garantizaba seguridad, recurría al asesinato, y a todas las formas de violencia para fortalecer un monopolio que extendió a un listado interminable de bienes: tierra, ganado, agua; mercados; puertos; construcción; trabajos públicos. La extorsión se convirtió en la forma de crecer, como oferta de seguridad y línea de demarcación entre las verdaderas amenazas y las amenazas generadas por el protector. Este mismo esquema sería reproducido cincuenta años después, en Chicago, por Al Capone, quien se apoderó de la oferta de seguridad a los negocios ilegales.

La falta de una política pública y de una discusión de fondo, no solo ha impedido el desvertebramiento de las mafias, incipientes en los años sesenta y setenta, sino que hoy su poder se ha consolidado. La mafia y la delincuencia organizada que hoy actúan en Meta, Casanare, Boyacá, Bogotá, Caquetá y Cundinamarca encuentran sus raíces en la mafia esmeraldera. Muchos de los grupos que surgieron para garantizar la explotación de las minas y reducir el riesgo y la incertidumbre, hoy administran prostíbulos, ventas de droga, mercados ilegales, expropiación de tierras, casinos, contrabando, venta ilegal de combustible y blanqueo de dinero.

En Medellín, Pereira y la Costa, antiguos miembros del cartel de Medellín, que al parecer nunca dejó de existir, siguen mandado. Las muertes de Gustavo Upegui, los ajustes de cuentas en Barranquilla, en los que miembros de la Fuerza Pública pusieron sus armas del lado del delito, solo nos recuerdan lo que dice Gambetta, “que un poder mafioso dominante, solo puede ser desafiado por otro más fuerte, más osado, más cruel”.

Mientras se sigue mirando exclusivamente hacia las selvas del Caguán, en nuestras esquinas los traquetos venden, compran, amenazan, y la relativa discreción de la que han hecho gala, cesará. No hay política, y lo peor, el problema no parece existir para el gobierno central, por lo que, luego de años de sembrar vientos de indiferencia, vendrán, y ya están, años de violencia y tormenta traqueta.

*Profesor facultad de ciencia política y relaciones exteriores- Universidad Javeriana.