El debilitamiento de las Fuerza Pública es un asunto que merece especial atención. Las Fuerzas Militares y de Policía históricamente han luchado por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.
Sin embargo, las nuevas directrices del gobierno nacional parecieran querer neutralizarlas e incluso maniatarlas, atentando de este modo contra la seguridad de todos.
El Informe de la Comisión de la Verdad, es un texto histórico que ilustrará a generaciones de los atropellos que algunos miembros de la Fuerza Pública cometieron en el país.
Pero este documento tiene una enorme debilidad argumentativa, pues hay un número importante de víctimas de los grupos armados ilegales que encuentran en el informe una verdad parcializada y a medias.
Castigar los delitos cometidos por algunos miembros de la Fuerza Pública es una cosa, y otra bien distinta el generalizar y convertir a través de la narrativa a todos los policías y militares en violadores de derechos humanos.
Este relato perverso posiciona un discurso nefasto, que legitima el accionar de grupos al margen de la ley que se disfrazan y usan los ropajes de guardias campesinas, cimarronas e indígenas.
Esto tampoco significa que debe satanizarse a esas autoridades y a sus dignidades. Las guardias campesinas, indígenas y cimarronas tienen nobleza en su origen, pero desafortunadamente, su evolución compromete seriamente su legalidad.
Aunque lo nieguen, es completamente verificable que en múltiples ocasiones se han mezclado con grupos armados ilegales, que tienen como fin obstruir el actuar de la justicia y generar el caos.
Hace pocos días, el líder indígena de la comunidad Nasa José Antonio Vitonas Yatacué, manifestó públicamente que “estamos viendo una guardia con una transformación militar, bélica”. Yatacué fue miembro del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca), pero afirma haberse retirado por el cambio de rumbo que tomó esta agrupación.
Sabe que pueden asesinarlo por cuenta de sus declaraciones, pero para él ante todo está hablar con la verdad.
Un fenómeno similar puede observarse en las guardias campesinas. Hace poco más de un mes, asesinaron a un policía y secuestraron a 78 más, en lo que falsamente denominaron “cerco humanitario”.
La presencia de las disidencias de las Farc en esa toma guerrillera fue más que evidente. Incluso en las paredes de la petrolera atacada vandalizaron las paredes firmando con aerosoles “Farc EP”.
El permitir que la guardia indígena de la Cric rodee como si se tratara de un cerco humanitario el Congreso de la república es una afrenta y un desafío a la democracia.
Es una manera así sea simbólica de decirnos a todos los colombianos que van a secuestrar a una de las ramas del poder, la legislativa.
Así las cosas, sí el Presidente se autoproclama jefe de todas las ramas del poder público, y los indígenas de la Cric quieren “cercar” al Congreso ¿Qué le espera a nuestra democracia? Por ahora lo que puede vislumbrase es una mezcla de anarquía y tiranía.
Dan un halo de esperanza las declaraciones del Ministro de Defensa, en las que manifestó no dar cumplimiento a una de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, que sugiere hacer una reducción gradual de las fuerzas militares.
Contrariando al informe, el Ministro afirmó que más bien el pie de fuerza debe ser aumentado, pues considera esto fundamental para garantizar la paz en los territorios. Incluso, invitó a los jóvenes a prestar el servicio militar.
Ojalá las palabras del ministro Velásquez se materialicen, pues tan sólo este año han sido asesinados 60 líderes sociales, todo un récord, si se tiene en cuenta además que el presidente Petro en campaña había prometido acabar con el asesinato de líderes sociales y hacer la paz con el ELN en tres meses.
Hasta ahora no se vé la paz total, se observa más bien un fraude total, pues el Presidente ha defraudado las expectativas de sus votantes. De acuerdo a la última encuesta de Datexco, el 61% de los colombianos tienen una imagen negativa de su gestión. Si sigue pegado del twitter esto puede empeorar.