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Opinión

  • | 2020/02/27 23:40

    Corte Suprema de Justicia

    Con el retiro de un magistrado y por divisiones intestinas la Corte Suprema de Justicia perdería la capacidad de adoptar decisiones con mayoría calificada, es una triste muestra del deterioro de la Administración de Justicia.

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Mañana jueves, termina el periodo de Ariel Salazar en la Corte Suprema de Justicia, con su retiro ese alto tribunal no tendría el número de miembros necesarios para adoptar decisiones con mayoría calificada de 2/3, con la cual eligen los magistrados que la componen. Así las cosas, quedarían solo 15 de los 23 magistrados que deberían constituir la corporación, se necesitan 16 para adoptar este tipo de decisiones.

Las divisiones intestinas de los grupos de poder han impedido que se llenen las vacantes al interior de la corporación. Con esta situación se llegaría a una especie de colapso jurídico en que no se podrían llenar las vacantes y la Corte iría desapareciendo en la medida en que sus magistrados fueron cumpliendo el periodo.

Por un lado el Gobierno ha considerado declarar el Estado de Conmoción Interior, como se hizo después de la toma del Palacio de Justicia por el M-19, para dictar normas que faciliten la recomposición de esta Corte. Por otra parte, los integrantes de la Corte han considerado reformar el reglamento interno, pero no tendrían los votos para esto. Otros, han propuesto interpretar las normas de acuerdo a la situación y cambiar la mayoría calificada, como se hizo anteriormente, que conllevó a la anulación de la elección de Vivian Morales como Fiscal General, pero dejo otras elecciones de magistrados en pie.

Lo cierto es que de tiempo atrás, venimos presenciando las disfunciones de la Corte, expresadas en decenas de sesiones para elegir magistrados o fiscal o en las sindicaciones de fallos políticos. De otro lado, han existido escándalos de corrupción, mal llamados por los medios de comunicación como la existencia del “cartel de la toga” que deslegitiman la majestad de la justicia. En esta oportunidad, tales disfunciones se asoman al colapso de la corporación.

El Constituyente de 1991, ingenuamente, pretendió que la administración de justicia dignificará las funciones políticas, por eso atribuyó a las cortes funciones electorales; el efecto fue perverso, la justicia no dignificó al política sino que ésta pervirtió aquella. Por esto y por otras razones urge una profunda reforma a la justicia.

Si los hechos llegan al extremo absurdo de que la Corte Suprema de Justicia queda en incapacidad de adoptar decisiones con mayoría calificada a causa de sus divisiones internas, convendría considerar permitir su marchitamiento en razón a que su propio comportamiento condujo a su extinción. Ahora bien, las medidas que pudiera adoptar el Gobierno no deberían estar encaminadas a permitir que los magistrados que causaron la situación subsistan en sus cargos, sino más bien, a la creación de nuevas instancias que corrijan los errores de ingenuidad del pasado.

Es una vergüenza, tener que presenciar que magistrados de la máxima autoridad judicial ordinaria sacrifican la corporación por sus diferencias de poder; es una triste muestra del deterioro de la administración de justicia que demanda medidas urgentes y drásticas para rescatar la majestad de la justicia.

Triste, pero cierto, la Corte Suprema de Justicia habría dejado de existir.

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