Durante años prevaleció la idea de que enfrentar a las organizaciones criminales era prácticamente imposible. Se asumía que la única opción consistía en negociar con ellas, cederles espacios y aceptar la incapacidad del Estado para recuperar las zonas bajo su dominio. Nayib Bukele demostró en El Salvador que la resignación no era el único camino.
La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 habían transformado comunidades enteras en territorios bajo su control, dictando quién podía trabajar, transitar o habitar en ellas. Frente a este panorama, Bukele decretó el régimen de excepción, construyó el Cecot e inició una ofensiva que transformó la seguridad del país. Las cifras oficiales respaldan estos cambios, ya que El Salvador cerró el año 2025 con una tasa de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, un resultado que invita a examinar detenidamente la estrategia aplicada.
Actualmente, el reto se ha trasladado a Haití tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños en una emboscada ejecutada por bandas criminales cerca de Puerto Príncipe. Ante este hecho, Bukele anunció una operación militar de gran escala para rescatarlos, despliegue que ha debilitado de manera profunda a las pandillas que antes ejercían el control en la zona. Su determinación vuelve a plantear un interrogante que América Latina ha postergado por mucho tiempo: ¿hasta cuándo se permitirá que las organizaciones criminales suplanten al Estado?
Lo ocurrido en Haití demuestra las consecuencias de perder el control territorial. Cuando las bandas deciden quién entra, quién sale, quién trabaja y quién paga, el gobierno deja de ejercer plenamente su autoridad. Tal situación no representa convivencia y mucho menos paz, sino el sometimiento directo de la población a la delincuencia.
En Colombia, esta historia resulta ampliamente conocida. Durante cuatro años, la denominada paz total del gobierno de Gustavo Petro permitió que numerosas estructuras criminales participaran en negociaciones mientras continuaban sus actividades ilegales. Se habló de paz en el discurso público, mientras en múltiples territorios los ciudadanos siguieron sometidos a la extorsión, el narcotráfico y las amenazas. ¿De qué sirvieron tantas conversaciones si el Estado no logró recuperar el control?
Por esta razón, resulta importante analizar lo ocurrido desde la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Durante su campaña anunció que enfrentaría a las bandas urbanas y que la seguridad volvería a ser una prioridad del Gobierno, promesas que hoy comienzan a mostrar expresiones concretas.
En Cali, la operación Iron dejó inicialmente 80 capturas y siete estructuras criminales desarticuladas, según el balance oficial. En Medellín se reportaron 135 capturas y 153 allanamientos. En Bogotá, la operación Kratos dejó 172 capturas y 114 allanamientos, mientras que esta semana, en Cúcuta, la operación Némesis registró preliminarmente 109 capturas y 49 allanamientos.
Estas acciones van más allá de simples anuncios de campaña. Se trata de operaciones de la Fuerza Pública coordinadas con distintas autoridades, las cuales muestran cómo el Gobierno pone en marcha su estrategia contra las bandas y pandillas urbanas. Corresponde ahora sostener esa ofensiva para transformar las capturas en un debilitamiento permanente de las estructuras criminales.
A este panorama se suma una decisión de enorme importancia jurídica y política: la sanción de la Ley de Sometimiento. Esta iniciativa contó con el respaldo del Congreso, que entendió y aprobó una herramienta orientada a ofrecer condiciones para que las organizaciones criminales abandonen sus actividades ilegales y respondan ante la justicia, evitando en todo momento confundir el sometimiento de delincuentes con una negociación política.
Este representa el punto central de la nueva política. Ninguna organización criminal abandona voluntariamente el narcotráfico, la extorsión o la minería ilegal únicamente porque el gobierno le ofrezca una mesa de conversación. Lo hace cuando entiende que la Fuerza Pública tiene la capacidad real de perseguir a sus cabecillas, desmantelar sus finanzas y recuperar los territorios donde opera.
La Ley de Sometimiento necesita precisamente esa presión constante. Sin ella, cualquier beneficio jurídico corre el riesgo de convertirse en otra oportunidad para reorganizarse. Se conocen bien las consecuencias de suspender la persecución de los delincuentes mientras estos aprovechan el tiempo para fortalecerse.
El Gobierno De La Espriella cuenta ahora con dos instrumentos que deben funcionar de manera simultánea, como lo son la ofensiva militar y policial, y una legislación que permite el sometimiento efectivo a la justicia. No son políticas contradictorias, dado que una hace posible el éxito de la otra.
Existe un tercer elemento considerado fundamental. Tras la realización de cada operativo, el Estado debe hacer presencia inmediata a través de sus instituciones, ofreciendo oportunidades económicas y manteniendo una permanencia constante. Resulta inviable retirar a los delincuentes de un barrio para permitir que regresen semanas después. De igual modo, no es posible destruir las economías ilegales sin facilitar que las actividades productivas legales ocupen su lugar. Sobre este punto se ha insistido en publicaciones anteriores, ya que desarticular estas estructuras implica costos, aunque permitir que continúen dominando los territorios resulta infinitamente más costoso.
El éxito de esta política no se medirá únicamente por el número de capturados. Se medirá cuando un comerciante deje de pagar extorsiones, cuando una familia pueda caminar tranquila por su barrio y cuando los jóvenes tengan oportunidades distintas a ingresar a una organización criminal.
La experiencia de Bukele demuestra la importancia de recuperar la autoridad del Estado. Colombia tiene sus propias instituciones y un camino jurídico diferente, aunque comparte una necesidad elemental, que consiste en impedir que los delincuentes sigan imponiendo sus condiciones a la sociedad.
Los primeros operativos del Gobierno de Abelardo De La Espriella y la nueva Ley de Sometimiento permiten identificar una estrategia que comienza a ejecutarse. Ahora viene la tarea fundamental de mantenerla, medir sus resultados y no retroceder ante las organizaciones criminales.
Hay un aspecto que no se puede seguir confundiendo. La seguridad no es un privilegio ni una concesión autoritaria, sino una obligación constitucional del Estado y la primera garantía de la libertad.
Sin seguridad no hay libertad, sin autoridad no hay Estado y sin Estado no existe democracia que pueda sobrevivir al poder de los criminales.