Derecho a no ser fumigado
"Continuar con las fumigaciones vulnera los derechos humanos", dice Eduardo Cifuentes Muñoz, defensor del Pueblo.
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Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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Fumigaciones: más grave que la desinformación es la mala información
Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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Fumigaciones: más grave que la desinformación es la mala información
CONTROL SOBRE LOS EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS(Internvención del Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, ante el Congreso de la República)
Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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CONTROL SOBRE LOS EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS(Internvención del Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, ante el Congreso de la República)
Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre fumigación en Colombia
Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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Fumigaciones: más grave que la desinformación es la mala información
CONTROL SOBRE LOS EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS(Internvención del Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, ante el Congreso de la República)
Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre fumigación en Colombia
Documentos de Vía Alterna.Com sobre fumigación
Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos si son peligrosas(Conferencia "Las Guerras en Colombia: Drogas,Armas y petróleo")
Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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Fumigaciones: más grave que la desinformación es la mala información
CONTROL SOBRE LOS EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS(Internvención del Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, ante el Congreso de la República)
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Documentos de Vía Alterna.Com sobre fumigación
Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos si son peligrosas(Conferencia "Las Guerras en Colombia: Drogas,Armas y petróleo")
Carta de Joaquim Miranda, Presidente de la Comisión del Desarrollo y la Cooperación del Parlamento Europeo, al presidente Andrés Pastrana
Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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CONTROL SOBRE LOS EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS(Internvención del Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, ante el Congreso de la República)
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Documentos de Vía Alterna.Com sobre fumigación
Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos si son peligrosas(Conferencia "Las Guerras en Colombia: Drogas,Armas y petróleo")
Carta de Joaquim Miranda, Presidente de la Comisión del Desarrollo y la Cooperación del Parlamento Europeo, al presidente Andrés Pastrana
Proyecto de ley "Por la cual se prohiben las fumigaciones aéreas con sustancias químicas y biológicas"
Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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Fumigaciones: más grave que la desinformación es la mala información
CONTROL SOBRE LOS EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS(Internvención del Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, ante el Congreso de la República)
Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre fumigación en Colombia
Documentos de Vía Alterna.Com sobre fumigación
Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos si son peligrosas(Conferencia "Las Guerras en Colombia: Drogas,Armas y petróleo")
Carta de Joaquim Miranda, Presidente de la Comisión del Desarrollo y la Cooperación del Parlamento Europeo, al presidente Andrés Pastrana
Proyecto de ley "Por la cual se prohiben las fumigaciones aéreas con sustancias químicas y biológicas"
usfumigation.org
Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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Continuar con el programa de fumigaciones aéreas de cultivos con fines ilícitos vulnera los derechos fundamentales —vida, integridad, salud, seguridad alimentaria— y los derechos colectivos —goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico, salubridad y seguridad públicas— de la población colombiana. Así lo señaló el Defensor del Pueblo en una carta dirigida al ministro de Justicia, Rómulo González.
En opinión de la Defensoría, no se ha atendido el Principio de Precaución por la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental para la erradicación aérea; no se conocen los efectos de las sustancias utilizadas sobre la salud humana, la fauna, la flora y los cuerpos de agua; no existen verdaderos programas de desarrollo alternativo; las fumigaciones no coinciden con la formulación y ejecución de programas de desarrollo. Además, no se percibe una coordinación adecuada entre las autoridades competentes.
No existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos
Por medio de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó el plan ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y le otorgó un plazo de seis meses para aplicar medidas preventivas. Después de este tiempo, el Ministerio impondrá un Plan de Manejo Ambiental que "garantice el adecuado desempeño ambiental de esa actividad".
Entre tanto, la Dirección está obligada a adoptar medidas preventivas frente a las fumigaciones, como la ubicación por satélite de las áreas pobladas, de los terrenos que abastecen acueductos y de los proyectos financiados por entidades públicas y privadas. Además, debe formular planes de contingencia y compensación, tendentes a mitigar, compensar y controlar los efectos de las aspersiones. Pero estas medidas sólo se cumplen parcialmente.
A pesar de que el Plan Colombia liga las estrategias de política antinarcóticos con las de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional, no existen verdaderos programas de sustitución de cultivos con fines ilícitos, salvo los intentos que se adelantan en Putumayo. Esta carencia muestra el permanente y reiterado incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos suscritos después de las marchas y protestas populares, realizadas en distintas fechas en varias regiones del país. Además, en el caso de regiones como Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo, se ignoran y desconocen los planteamientos formulados por las autoridades departamentales, plasmados en el Proyecto Alternativo al Plan Colombia que ha sido presentado en diferentes foros internacionales.
Dudas sobre las sustancias utilizadas para fumigar y sus efectos
Por otra parte, se desconocen los efectos de las sustancias asperjadas sobre la salud humana, los animales, la fauna y las aguas. Actualmente, se usa una mezcla de glifosato, POEA (polioxietil amina) y Cosmo Flux en las fumigaciones contra los cultivos de coca. El primero de julio pasado, un vocero de la compañía inglesa ICI dijo al diario The Observer que la empresa ordenó suspender el uso de su producto para las mezclas utilizadas en Colombia porque "...no desea ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano".
Cuando la Defensoría visitó la base Larandia, en Caquetá, fue informada de la mezcla utilizada para fumigar esa zona: 45 por ciento de glifosato, 1 por ciento de Cosmo Flux, 0,33 por ciento de Cosmo Inn y 54 por ciento de agua. De igual manera, en la inspección del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se comprobó la existencia de canecas de Cosmo Flux en el mismo lugar donde se encuentran ubicadas las de glifosato.
La utilización de este producto en las fumigaciones también ha generado preocupación en Estados Unidos. Miembros del Congreso norteamericano solicitaron mayor claridad sobre los efectos del uso del químico en la salud humana. Estas inquietudes se plasmaron en la solicitud al gobierno colombiano para que se elaboren estudios sobre este tema. Atendiendo esta recomendación, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, evaluara cuál es la dosis adecuada de glifosato que debe usarse en las fumigaciones, con el fin de minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Con el mismo propósito, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contrató un estudio con la Clínica Uribe Cuéllar de esta ciudad.
Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano debía entregar un reporte al Congreso de ese país sobre todo el proceso de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia el primero de junio de 2001. El gobierno colombiano también debe presentar un informe sobre el tema, requisito indispensable para que le sea concedida la ayuda que aprobó la Iniciativa Regional Andina.
Fumigación y programas de desarrollo alternativo
Una de las metas del Plan Colombia es erradicar el 50 por ciento de los cultivos ilegales en seis años. De enero hasta ahora, se han asperjado en el país más de 50.000 hectáreas de coca, aproximadamente el 40 por ciento de los cultivos de coca existentes en Colombia en el 2000. La agilidad con la que se realizan las actividades de fumigación contrasta con la lentitud en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo alternativo.
En el Plan de Cooperación Internacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos, para la Producción de Drogas y Desarrollo Alternativo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se define el desarrollo alternativo como un "proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de plantas", reconociendo que "la problemática de la producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas guarda a menudo relación con problemas de desarrollo, y que esa vinculación requiere, dentro del contexto de la responsabilidad compartida, una estrecha colaboración entre los Estados".
De este modo, frente a una política centrada en el ataque a la oferta, —represiva, condenatoria y correctiva— se propone una política más amplia que, además de ser preventiva, ofrece alternativas de desarrollo que aseguren perdurabilidad y eficacia de las estrategias empleadas para combatir el flagelo de las drogas.
La comunidad internacional, por su parte, advierte en el Plan: "en las zonas donde los programas de desarrollo alternativo no hayan creado aún fuentes viables de ingresos, la puesta en práctica de la erradicación forzosa podría hacer peligrar el éxito de dichos programas".
Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes y frente a la misma Defensoría del Pueblo.
Ojalá que en esta ocasión los intereses del Estado colombiano coincidan con los de sus ciudadanos menos favorecidos. Las fumigaciones aéreas no sólo afectan la salud, la alimentación y las formas legales de procurar el sustento para miles de colombianos que, entre las matas de coca y amapola, intentan también cultivar soluciones para problemas de vieja data. La erradicación de cultivos sin una política decidida de compensación social y manejo ambiental amenaza a personas que son el patrimonio cultural de toda una Nación.
*Defensor del Pueblo
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