Disuasión frente al delito

El conflicto interno, actualmente impulsado por el narcotráfico y sus delitos conexos, así como la guerra contra el Estado conducida por facinerosos que desde los años sesenta buscaban implantar gobiernos de izquierda, han llevado a los colombianos a situaciones aberrantes como las vividas durante el funesto estallido social, cuando los delincuentes de la primera línea intentaron quemar vivos a miembros de la Policía Nacional, malhechores que fueron apoyados por ‘honorables parlamentarios’ como el ‘bachiller Bolívar’, quien hoy aspira a ser presidente. ¡Qué desfachatez!

La aberración de los delincuentes continúa escalando el grado de brutalidad y es así que, con el corazón arrugado por lo vil de los hechos, se registra el intento de asesinato del subteniente Miguel Ángel Mejía y del soldado profesional Sebastián Díaz Amaya, en Villagarzón, Putumayo, cuando en una asonada contra la Fuerza Pública, que adelantaba operaciones de destrucción de un laboratorio para producir cocaína, los miembros del Ejército fueron rociados con gasolina e incendiados en aparente retaliación por quienes están dedicados al narcotráfico. Ojalá haya una pronta acción de la justicia para castigar ejemplarmente a los malhechores.

La permanente violación a los derechos humanos de parte de los criminales es una muestra de la degradación a la cual se ha llegado, especialmente por la impunidad que les han ofrecido algunos gobiernos a los crímenes de lesa humanidad, como cuando se llega a la situación en que ‘ser pillo paga’, cuando se captura a los delincuentes y los nombran gestores de paz, cuando algunos jueces ordenan la liberación de los capturados en flagrancia, cuando la misma cabeza del Estado menciona que hay que proteger a los niños asesinos que cometen magnicidios, o cuando a terroristas —como es el caso de Epa Colombia— los sacan de la cárcel y los envían a pagar su pena en una instalación policial. No hay unos delitos de primera y otros de segunda, todos son delitos.

La ausencia de principios y valores, la falta de programas académicos como cívica y urbanidad, el exceso de libertades malinterpretadas como el libre desarrollo de la personalidad, los delitos políticos que menciona la Constitución, el exceso de derechos y los pocos deberes que establece la misma, el mal ejemplo que perciben los ciudadanos cuando funcionarios públicos reconocen ser adictos a diferentes sustancias o cuando la corrupción no es castigada oportunamente, son parte de los ingredientes que contribuyen a que no haya disuasión frente al delito.

El hecho de que no se apliquen penas como la cadena perpetua para quienes cometen crímenes monstruosos como el secuestro, las masacres, los de lesa humanidad, quemar vivas a personas o buscar desfigurar a otros con ácidos, implica que la ley no es lo suficientemente equilibrada para castigar de acuerdo con la gravedad del delito. Por extraño que parezca, se observa que en muchos círculos buscan favorecer a quienes están fuera de la ley, aparentemente justificando a los bandidos y reduciendo las penas por muchas causas, hasta por la venida del papa.

Se afirma que los animales salvajes, una vez han probado la sangre de sus presas, continúan atacando y por ello es un peligro mantenerlos cerca de los seres humanos. Los asesinos igualmente han perdido el temor al castigo cuando cometen el primer crimen, lo cual les impide una total resocialización. La experiencia ha mostrado que aunque el Estado les haya perdonado sus fechorías a los bandidos, estos siguen delinquiendo, como Iván Márquez, Gentil Duarte, el Paisa y otros que se apartaron del Acuerdo de Paz y conformaron las disidencias que hoy siembran odio y derraman sangre en nuestro maltrecho país.

Es lo que sucede con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, en que el homicida sabía que le quitaría la vida a una persona en un asesinato a sangre fría, premeditado y planificado al detalle, y en castigo la justicia solo le impone unos pocos años de privación de la libertad en un centro de atención especializado, según lo dispuesto en la ley de infancia y adolescencia. Es por estas decisiones que los bandidos están ‘utilizando’ a jóvenes para cometer los crímenes o para colocarlos como ‘carne de cañón’ en los asaltos a poblaciones, en actos terroristas o a instalaciones de la Fuerza Pública.

El gobierno Santos se burló de los colombianos que dijeron ‘no’ al plebiscito por los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016 y con maniobras truculentas en el Congreso modificaron la Constitución para brindar impunidad a los cabecillas de las FARC que cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué ahora, en la búsqueda de una justicia equitativa frente a la gravedad del delito, no se propone modificar la Constitución y las leyes para que los crímenes de lesa humanidad sean castigados con el rigor que demanda la fechoría cometida y que la cadena perpetua sirva de disuasión?

Para dar solución a grandes problemas, se requiere solo de simples soluciones.