“Duele respirar”

Vamos a tener que ponernos de acuerdo como sociedad para establecer que defender los derechos humanos no es propiedad privada de un sector político. Ningún Gobierno puede usar la fuerza del Estado para acribillar y maltratar a sus ciudadanos. En ese sentido, Colombia debió haberse presentado ante el Consejo Permanente de la OEA para votar la resolución que condena la violación de los DD. HH. en Nicaragua, larepresión en contra de la oposición al Gobierno del exguerrillero y dictador Daniel Ortega, reclamar por la libertad de prensa y de opinión, y por la libertad de los sacerdotes católicos retenidos por la policía de ese país.

La vicedictadora de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, señaló al obispo Rolando Álvarez, secuestrado en la mañana de ayer por la Policía Nacional, de un delito muy curioso: “Crímenes de lesa espiritualidad”, un invento propio de las dictaduras para desaparecer a los opositores.La realidad es que, después de las protestas de 2018, los sacerdotes católicos que dieron refugio a los estudiantes de la represión del régimen han sido acusados de ser “traidores” y “golpistas”. De hecho, hoy están detenidos al menos diez sacerdotes que dicen estar impedidos para recibir alimentos y medicinas.

Aunque Nicaragua renunció a la OEA, su retiro será oficial solo hasta el 18 de noviembre de 2023. En el entretanto, el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, hizo uso del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que es un conjunto de obligaciones a las que se sujetan los países dignatarios, para poder emitir la resolución en defensa de la democracia y los derechos humanos de ese país. Votación de la que Colombia se ausentó.

De los 34 países miembros de la OEA, San Vicente y las Granadinas votaron en contra. Bolivia, El Salvador, Honduras y México se abstuvieron, y tanto Nicaragua como Colombia se ausentaron. Al final, con 27 votos el organismo multilateral condenó el hostigamiento, las restricciones y violencia del régimen de Daniel Ortega en contra de críticos, adversarios, la prensa y ahora sacerdotes.

El año pasado, para evitar tener opositores en las elecciones, Ortega se inventó crímenes del estilo de su pintoresca esposa y apresó a siete candidatos presidenciales. De esta manera logró llegar solo a las urnas para volver a disfrazar de democracia su dictadura. En ese sentido, la resolución del Consejo Permanente de la OEA también clamó por la libertad de al menos 190 presos políticos.

Durante las protestas de 2018, un adolescente de 15 años, Álvaro Conrado Dávila, fue asesinado por una bala que provino del sector donde se encontraba la policía de la dictadura. Su pecado fue llevarles agua a los manifestantes que se escondían en una trinchera en las cercanías de la Universidad Nacional de Ingeniería en Managua. Una bala atravesó su garganta. Un desconocido lo auxilió y lo llevó a dos hospitales que se negaron a atenderlo por miedo a las represalias. Solo en una clínica privada lo recibieron, pero, mientras mendigaba por atención médica, el joven solo decía “me duele respirar” antes de morir.

La misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó al mundo un informe en el que estableció que el régimen de Daniel Ortega ha cometido de manera sistemática delitos de lesa humanidad. Durante las protestas de 2018 y con el objetivo de reprimirlas, se usaron grupos paramilitares que asesinaban a civiles como Álvaro, bajo la mirada complaciente y protectora de la Policía Nacional.

La historia del niño de 15 años no es diferente a la de Dilan Cruz, que durante las marchas de protesta en Bogotá en noviembre de 2019 fue asesinado por una bala disparada por el Esmad. Esa muerte nos dolió a todos los colombianos y nos debe hacer recordar como nación que ningún joven puede morir por protestar.

Para ese momento, la izquierda, en oposición al expresidente Iván Duque, acusó al Gobierno de ser una dictadura, de reprimir el derecho a la protesta y de tener supuestamente una política sistemática para asesinar a los ciudadanos. De hecho, una de las promesas de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro fue la de acabar con el Esmad como un acto de reivindicación y justicia por la muerte de Dilan.

Pero en Colombia no hay hasta este momento una dictadura como sí sucede en Nicaragua. La mayor prueba de ello es que la extrema izquierda ganó las elecciones democráticas y gobierna la nación. Por eso es incomprensible que la muerte de más de 300 estudiantes en Nicaragua, durante las protestas de 2018 en contra del régimen violento y opresor de Ortega, no haya sido motivo más que suficiente para votar la resolución de la OEA y clamar por el restablecimiento de la democracia en ese país.

Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta la Corte Penal Internacional tienen los ojos puestos sobre el país latinoamericano y no han escatimado esfuerzos para condenar la escalada represiva y violenta que sufren los nicaragüenses.

¿Por qué el Gobierno actual de izquierda en Colombia, que dice defender los DD. HH., no se solidariza con esa nación? Es que acaso, si los derechos humanos son violados por una dictadura para evitar ser derrocada, como sucede en Cuba y en Venezuela, entonces esa violación de derechos ¿sí es válida?

La defensa de la vida no es una franquicia ni de izquierdas ni de derechas. Es universal. Ningún joven puede ser asesinado por la policía ni fuerzas oscuras servidoras de regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega. Y, si eso ocurre, debe ser rechazado y condenado, porque la dignidad humana no debe arrodillarse jamás ante el ego de un dictador.