¿Educación o política? El doble rostro de Fecode

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), fundada el 24 de marzo de 1959, agrupa a docentes al servicio de la educación pública en Colombia, organizados en 33 sindicatos regionales y uno nacional. Posee una cobertura de 270.000 docentes afiliados, de los casi 312.000 profesores que hay en todo el país al servicio del Estado. Según su propia visión, Fecode pretende ser una organización sindical ágil, para responder a los cambios, y autónoma, para liderar la defensa de la educación pública de calidad, con cobertura total y financiada por el Estado. Además, busca integrar a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, con el propósito de defender sus derechos.

Desde hace algún tiempo y a la fecha, es muy poco el resultado que pueda destacarse en el cumplimiento de los objetivos trazados por Fecode. Su activismo político ha enceguecido su verdadero rol y distorsionado su visión y misión. Empecemos por entender y distinguir. Por un lado, está el derecho que les asiste a los colombianos a la libre asociación y a constituir asociaciones y sindicatos; por otro lado, está el servicio público a cargo de las personas que pertenecen a dichas organizaciones, en este caso, la educación.

Entendiendo y distinguiendo dichos escenarios, no es admisible que la labor sindical, que implica una serie de objetivos y fines, termine olvidando priorizar y ejecutar la función real e inicial del cuerpo docente en Colombia, que es la de educar, instruir, guiar, formar y, en fin, un conjunto de acciones que se asocian a la idea de gestión e innovación en el conocimiento, en favor de nuestros niños, niñas y jóvenes. Se reitera: las luchas sindicales iniciadas a través del tiempo por los docentes resultan viables, en tanto no afecten a los primeros y únicos destinatarios del servicio público educativo. En otras palabras, la función de educar no puede pasar a un segundo plano, respecto de la “lucha sindical”.

La inversión de las prioridades en el sector ya tiene sus consecuencias en el nivel educativo, especialmente en lo que atiende a la formación docente. El informe del Laboratorio de Economía de la Educación, de la Universidad Javeriana (LEE), reporta que quienes estudian programas relacionados con licenciaturas y ciencias de la educación obtienen los resultados más bajos a nivel global en las pruebas Saber Pro. De igual manera, los estudiantes con desempeño menos sobresaliente de los colegios son quienes ingresan a estudiar estas carreras. Se reporta que existen en Colombia, en grado de normalista o tecnólogo (no profesionales) en educación: 15.084 personas; licenciado o profesional: 80.493; con especialización: 29.591; con maestría: 64.391, y con doctorado: 864. Ahora, si bien es cierto que los títulos no hacen al profesional o al maestro, no es menos cierto que estos números deben mejorar, en pro de adecuar los estándares de educación en nuestro país y, antes que todo, de garantizar la calidad de este derecho fundamental.

En este punto, vale preguntarle a Fecode qué responsabilidad le atañe en el sistema educativo. La respuesta, más allá de ser asertiva, propone una reflexión. La mayoría de nuestros niños, niñas y jóvenes depende del sistema educativo oficial (8 de cada 10). Por ello, el llamado a Fecode es a concentrarse más en educar que en buscar beneficios y prebendas de parte del Gobierno nacional. No está en discusión que nuestro sistema educativo debe mejorar y, con ello, las condiciones de los docentes, pero no podemos olvidar que la verdadera razón de ser del servicio público esencial de la educación son nuestros niños, niñas y jóvenes. Estos no pueden quedar relegados a un segundo plano y, mucho menos, quedar en medio de discusiones políticas e ideológicas. El sector sindical de la educación pública pretende cumplir un rol de activismo político más que educativo.

Ahora, trastocado por completo su rol, la semana anterior fuimos testigos del liderazgo de Fecode en el asedio al Palacio de Justicia. De la mano con otras organizaciones sindicales, prometen convocar nuevamente a la protesta social, “defendiendo el Estado social de derecho”. Todo parece indicar que las investigaciones de la Fiscalía General en contra del sindicato, por un supuesto aporte irregular de 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente, los convierte en coprotagonistas de una decisión que es del resorte exclusivo y autónomo de la Corte Suprema de Justicia. Pretender intervenir y presionar indebidamente es una clara afrenta a la institucionalidad de la justicia y del Estado de derecho.

Suscribo la iniciativa del concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien propone, para fomentar la competencia en el sector educativo, aumentar el número de colegios en concesión e implementar el bono escolar. Nuestros niños, niñas y jóvenes, y a la vez sus padres o acudientes, deben contar con la opción de elegir y decidir acogerse a una educación libre, verdadera, competente y fructífera.

Kant le atribuye a la educación una meritoria finalidad: “Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. Él no es sino lo que la educación le hace ser”. Así, debemos procurar que la educación no esté en manos de políticos ni que los gobiernos ni el Estado intervengan en el sagrado recinto del alma. Se deben propiciar, claro está, las condiciones de disponibilidad, acceso, permanencia y calidad, garantías inherentes del derecho fundamental a la educación que, en las manos adecuadas, proyecta una sociedad ejemplar y educada.

Además, el nombramiento de Carlos Enrique Rivas Segura como nuevo director de Fecode, presuntamente vinculado a un robo bancario ocurrido en diciembre de 1994 en Venadillo, Tolima, plantea interrogantes adicionales sobre la idoneidad de la dirección sindical y la necesidad de mantener la integridad y transparencia en las organizaciones encargadas de la educación de nuestros niños.