El aberrante delito político

Impacta el uso falaz de la verborrea por parte de la izquierda, pues con ella tratan de convencer no solo a sus adeptos, sino que buscan atraer a más incautos para que crean sus mentiras; como dijo Goebbels, ministro de propaganda del Partido Nazi, “una mentira mil veces dicha, se convierte en una gran verdad”. Así se tergiversa la realidad, se desprestigia a los oponentes, se justifican muchos crímenes y se enardece a las multitudes para que reaccionen violentamente en apoyo de políticos corruptos que intentan imponer por la fuerza su pérfida ideología.

En entrevista radial a un integrante del Pacto Histórico, que aparentemente con su discurso trata de buscar el apoyo de grupos delincuenciales en favor del Gobierno, se prenden una vez más las alarmas que anuncian un ataque artero a la democracia; el personaje habla de delincuentes políticos, personas que, escudándose en la labor de representar al pueblo dizque para defender sus intereses, sólo buscan apoderarse de los bienes de los colombianos, sin importarles un pepino la suerte de quienes los eligieron y menos del futuro del país.

Es la corrupción que carcome al Estado, es la ausencia de ética y valores en muchos funcionarios públicos, es parte del modelo que vendió el actual gobierno con las declaraciones de su estratega de campaña en que estableció: “La línea ética se va a correr un poco”, lo cual sin ninguna duda hace ilegítima la actual elección, pero en premio lo nombran en cargo diplomático; o el caso de Benedetti, que le dan categoría diplomática para mantenerlo alejado de los micrófonos y así no vaya ‘a canturrear’ algunas verdades.

Hay una expresión que cae como anillo al dedo: ‘Hecha la ley, hecha la trampa’; esto permite hacer referencia al aberrante ‘delito político’ que considera la actual Constitución. Con esta norma los delincuentes se convierten en políticos, eluden la aplicación de la ley y pueden ser elegidos en cargos públicos, desde donde algunos continúan delinquiendo, o les otorgan estatus político cubriéndolos con la cobija de la impunidad, así hayan cometido delitos atroces, asesinatos, masacres, violaciones, secuestros, extorsiones y en general crímenes de lesa humanidad.

Las negociaciones del Gobierno con organizaciones delictivas están sobrepasando la línea roja de las leyes colombianas; tratan de legalizar por medio de acuerdos con el ELN una modificación total a la Constitución. Esto parece ser el objetivo del Gobierno, cambiar la Constitución a las buenas o a las malas. No es posible que una organización terrorista se imponga a un Estado soberano. No es posible que se otorgue a los bandidos impunidad ante crímenes de lesa humanidad. Los integrantes de esta organización criminal no van a querer menos beneficios que los otorgados a los cabecillas de las Farc. ¿A dónde nos va a llevar el actual gobierno?

Con el ELN se está proponiendo discutir reformas estructurales del Estado en temas políticos, económicos, culturales, educación, política carcelaria y otros aspectos fundamentales que sobrepasan inclusive la supremacía constitucional. El problema es que quienes están hablando a nombre del Gobierno son de la misma tendencia ideológica, entonces ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Estamos discutiendo yo con yo? Así se les entregará la soberanía del Estado a los delincuentes y sólo quedaría un camino para la sociedad: apague y vámonos.

Dentro de las paradojas de las discusiones con el ELN se tiene que esta es una organización criminal que ha afectado la economía del país por más de 50 años y ahora quiere que se hable de un modelo económico; pretende que se hable de política criminal cuando han sido causantes de masacres y seguro buscarán impunidad no solo para sus cabecillas; hablan de política ambiental cuando han afectado el medio ambiente por más de medio siglo con las voladuras de los oleoductos; buscan abordar temas como el régimen político, pues seguro aspirarán a curules en el Congreso, como premió Santos a los cabecillas de las Farc con las fraudulentas negociaciones de paz.

La violencia para llegar al poder nunca podrá ser altruista, como aseguran algunos ‘progres’; quienes la emplean son delincuentes organizados en cuadrillas criminales. La seguridad y la justicia son dos pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Sin justicia no puede haber paz y sin seguridad, no habrá prosperidad. ¿Los colombianos van a permitir que se le entregue la democracia a una organización terrorista?

La pregunta del momento: ¿que institución es la encargada de denunciar y actuar cuando el poder Ejecutivo sobrepase los límites de la Constitución y estemos frente a un gobierno ilegítimo?