El cerco del Gobierno contra las empresas

Estamos siendo testigos de un fenómeno preocupante: la formación de un ecosistema institucional en contra del desarrollo empresarial y la inversión privada. Estamos pasando de las sospechas a los hechos concretos que aumentan de forma dramática la incertidumbre en empresas y gremios.

La evidencia más concreta y escandalosa es la llegada de Cielo Rusinque a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que constituye el hecho más claro de la imposición futura de la visión ideológica del Gobierno nacional sobre los intereses empresariales. Estamos ante la destecnificación de la principal entidad de vigilancia y control de las empresas.

Rusinque estuvo poco tiempo en el Departamento de Prosperidad Social y canceló cualquier participación de la banca privada en las transferencias monetarias del Gobierno, a pesar de que ese modelo funcionó durante la pandemia y fue mucho más efectivo que los desembolsos al Banco Agrario con filas y filas interminables para poder reclamar los subsidios ciudadanos. Quedó al descubierto su sesgo ideológico a favor del sector público y su poca empatía con lo privado.

La situación se agrava con entidades como la Superintendencia Financiera, liderada por un ideólogo moderado de izquierda como Cesar Ferrari. Ha dicho que lamentablemente la estructura productiva colombiana ha evolucionado hacia sectores, en su mayoría privados, que son escasos de capital, generando desempleo. “Los bancos tienen demasiadas utilidades. Yo prefiero que los bancos tengan unas utilidades más razonables, en vez de llegar a la necesidad de ponerles una sobretasa para que, a través de ese mecanismo, el Estado tenga más recursos”.

Al binomio anterior se suma la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que deja cada día más clara su agenda antiempresarial. Su director, Luis Carlos Reyes, ha respaldado la nueva reforma tributaria, bajo la premisa de cobrar más impuestos a las personas naturales dueñas de capital privado, es decir, de empresas. Además, durante todo el 2023, la DIAN cerró de manera temporal 355 establecimientos comerciales por causas que en el pasado no dieron lugar a los cierres.

Por otro lado, la politización de ProColombia también genera gran preocupación. Siendo la principal vocera de la inversión extranjera en el país, se ha visto envuelta en acusaciones de beneficios sociales y descuidos en sus compromisos, lo que la ha alejado de su misión natural de promover la inversión. Además, la falta de conexión técnica y las reacciones negativas de sus representantes, tanto a nivel nacional como internacional, han transformado a ProColombia de aliado a obstáculo para los inversionistas.

El cerco antiempresarial se está consumando. Entidades que antes eran aliadas del libre desarrollo empresarial y la atracción de inversión en el país, ahora lo amenazan. Esta tendencia contradice los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política, que garantizan la libertad económica y empresarial como pilares del modelo económico colombiano.

Sin embargo, no todo está perdido. A pesar de este panorama adverso, existen algunos contrapesos importantes, como la Corte Constitucional, el Banco de la República y el Congreso. Incluso dentro del Ejecutivo, el ministro de Comercio ha demostrado una postura más técnica y favorable hacia las empresas. Expresó molestia por lo que pasa con ProColombia y con el nombramiento de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio. Además del Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) también han –por lo menos mantenido– la interlocución con el sector privado, facilitando, en algunos casos, la realización de proyectos de inversión privada.

Y también es justo destacar que en la misma Presidencia de la República, Juan Carlos Fernández, Consejero presidencial de asuntos empresariales, y la famosa Laura Sarabia, son interlocutores receptivos y eficientes de los intereses empresariales.

Un ejemplo destacado de la buena gestión del Ministerio de Comercio es el caso del certificado de reembolso tributario (CERT), que fue considerado en el borrador del CONPES de la política de reindustrialización, pero que finalmente fue retirado del CONPES oficial. Este beneficio probablemente se habría traducido en mayor inversión y competitividad para diversos sectores de la industria y el país, generando un potencial exportador en los mercados locales. Sin embargo, tras la revisión de otras entidades del Gobierno nacional, este beneficio se descartó.

Lamentablemente, ante la latente posibilidad de nuevas modificaciones en el gabinete presidencial, el ministro de Comercio tiene los días contados, y sería altamente probable que llegara un perfil más afín a la agenda ideológica de Petro. El próximo revolcón ministerial podría ser determinante como “pieza final del rompecabezas”, para concretar la configuración final de un gabinete completamente alineado con el presidente, concluyendo la construcción de una arquitectura institucional en contra de las empresas.

Ante esta situación, es crucial que la industria y otras instituciones como el banco central, el Congreso y la Corte Constitucional defiendan el desarrollo económico del país y los derechos de las empresas del ecosistema colombiano. Se hace evidente la necesidad de una mayor articulación entre los diferentes actores y una participación más activa de la industria en la política pública del país.