Si existiera un campeonato mundial del cinismo, la medalla de oro sería para Wadith Manzur. Este político cordobés, representante a la Cámara conservador desde 2018, apareció esta semana, con ocasión de la terrible situación que se vive por las inundaciones en Córdoba, haciendo un llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que atienda la grave emergencia. “Este es un llamado urgente al Gobierno nacional, al señor Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
Lo que estamos viviendo en Córdoba es un problema complejo... Este tipo de cosas se pueden evitar cuando se ejecuta el presupuesto tan grande que tiene una entidad como la suya”, dice un acongojado Manzur, en un video publicado en redes. “Estoy con ustedes, cuenten conmigo”, les dice el representante a los cordobeses.
¡Qué cinismo el de Manzur! Si es precisamente él uno de los congresistas señalados de haber sido parte del festín de robo de recursos que tuvo lugar en la UNGRD. Este representante ha sido señalado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, su subdirector; y María Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda, de haber canjeado contratos a cambio de apoyar las reformas de Petro.
Manzur era parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Esta comisión tiene la tarea de emitir el concepto de si es viable o no que se apruebe un crédito público. Según la Fiscalía, esta comisión se había negado a aprobar 17 créditos para la nación entre junio y diciembre de 2023, pero de un momento a otro cambió de opinión y aprobó varios créditos para que la UNGRD pudiera firmar varios convenios. Estos convenios favorecieron a congresistas a través de contratos direccionados en sus regiones. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz. Pruebas documentales y testimoniales demostrarían que los investigados habrían emitido conceptos favorables frente a operaciones de crédito presentadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de contratos en la UNGRD. Por estos hechos hoy están presos los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.
Pero Manzur no es el único cínico. Gabriel Calle, diputado de Córdoba, publicó también un video en el que dice que no es momento de hablar de política ni pedir votos, mientras se muestra entregando ayudas a los damnificados. Gabriel Calle es hermano de Andrés Calle, el expresidente de la Cámara de Representantes, preso hoy en La Picota. Según la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla, Andrés Calle recibió 1.000 millones a cambio de apoyar los proyectos del Gobierno. Estos dos hermanos, junto con su padre, Gabriel Calle Demoya, fueron claves en la campaña de Petro a la presidencia, a donde llegaron a la campaña de la mano del exministro Velasco.
Tanto Gabriel Calle padre como hijo hicieron política al lado de Musa Besaile, congresista cordobés condenado por parapolítica y por el llamado cartel de la toga. Besaile pagó 2.000 millones de pesos al entonces magistrado Leonidas Bustos, a través del “zar anticorrupción” Gustavo Moreno, para evitar ser capturado. ¡La vida y sus coincidencias! Hoy es Gustavo Moreno el abogado defensor de Sneyder Pinilla en todo el proceso de corrupción de Gestión del Riesgo.
Pero si de coincidencias se trata, precisamente el hermano de Musa Besaile, John Moisés Besaile Fayad, senador entre 2018 y 2022, es investigado por la Corte Suprema por haber intervenido el cauce del río San Jorge con fines de expansión agrícola. Las inundaciones que se viven en Córdoba son consecuencia también de las alteraciones que se han hecho al curso normal del río San Jorge y el río Sinú. Este proceso espera fallo en el despacho de la magistrada Blanca Nélida Mora.
El álbum de políticos cordobeses sin sonrojo lo completa el senador Julio Elías Chagüi, quien también hizo un llamado al presidente Petro y a la UNGRD para que atiendan la emergencia: “Aquí se necesita presencia inmediata, ayudas humanitarias, maquinarias, recuperación de vías rurales y apoyo a los campesinos que lo han perdido todo”. Chagüi está señalado de direccionar a su favor contratos de obras de mitigación para evitar inundaciones en Sahagún por 28.000 millones de pesos.
Olmedo López se inventó en 2023 una emergencia inexistente para robarse los recursos de la UNGRD. En el marco de esta emergencia, Córdoba recibió, además de los contratos direccionados a sus congresistas, 35 ollas comunitarias, por 4.779 millones de pesos, contratos de maquinaria amarilla, por más de 40.000 millones, y 30 carrotanques, por 6.573 millones de pesos, todos los contratos plagados de corrupción.
El presidente Gustavo Petro insiste en que toda esta situación es consecuencia del mal manejo de la represa de Urrá. Acusa a su gerente y a la junta directiva de haber permitido las inundaciones para “cobrar más cara la energía a los más pobres”. Lo dice como si Urrá fuera responsabilidad de otro y no del Gobierno. Urrá es una empresa de economía mixta, en la que el Gobierno tiene el 99,98 por ciento de participación. Tal como lo deja claro El Meridiano de Córdoba, en nota del 10 de febrero, el presidente olvidó decir que cinco de los siete miembros de la junta directiva son de su Gobierno. En 30 años de operación, Urrá solo tuvo tres presidentes, pero en manos de Petro ya ha tenido otros tres. “Como si todo esto fuera poco, muchos recuerdan cómo a finales de 2024 el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hoy en prisión por el escándalo de la UNGRD, denunció al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a Nicolás Alcocer Petro (hijo del presidente), por tráfico de influencias en Urrá, en temas relacionados con la venta de energía”, dice el diario.
Hoy Wadith Manzur aspira al Senado, Chagüi busca reelegirse allí y Musa Besaile lanza a su esposa, Milena Flórez, también al Senado. La tragedia de Córdoba no es solo su invierno, sino su clase política.