El derecho de saber y el deber de memoria

En Colombia algunas incómodas noticias de la periferia pasan de manera fugaz por los ojos y la mente de los ciudadanos del centro del país. La periferia se percibe allí como parte de una lejana geografía del miedo que es habitada por gentes semisalvajes, pintorescas, casi irreales.

En ocasiones, uno de esos fantasmas llamado Juancho Dique nos despierta del ensueño mediático confesando ante un fiscal cómo fueron asesinados más de cien civiles colombianos a manos de ejércitos privados en la lejana población de El Salado, situada en los Montes de María, en el Caribe colombiano.
 
El macabro suceso duró entre el 16 y el 19 de febrero del año 2000 sin que autoridad militar o policial alguna hiciese algo por evitarlo. Mientras asesinaban a hombres, mujeres y niños con bayonetas y cuerdas de cáñamo, mientras violaban a las mujeres los perpetradores tomaron de las escuelas las flautas y los carrizos, los tambores y los violines y acompañaron el genocidio con una ejecución musical siniestra. Entre las victimas había niñas de cinco años y mujeres mayores de sesenta y cinco. ¿Creían sinceramente los autores de estas depravaciones refundar la República con sus actos abominables?
Algunos de nuestros connacionales querrán voltear cómodamente esa página de nuestra historia pero, como dijese el jurista francés Louis Joinet, “para poder dar vuelta a la página hay que haberla leído”. Jouniet fue autor del Informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, aprobado por la Comisión de derechos humanos de la ONU en 1997. Este informe consagra el derecho de saber y el deber de memoria. El derecho de saber no sólo se refiere a las victimas en tanto individuos es también un derecho colectivo de la sociedad -víctima que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el "deber de la memoria" a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia dirigidas a negar tales hechos. El informe establece que el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado.

El tema del deber de memoria debería ser relevante en un país en donde la culpa suele recaer sobre las víctimas a través de diversos artilugios retóricos. En un iluminador ensayo llamado Olvido, ideología y memoria, el filósofo colombiano Alfredo Gomez Muller, profesor de la Universidad Católica de Paris, muestra como desde algunos sectores sociales se pueden gestar políticas de olvido al asociar la memoria de las víctimas con la continuación de la violencia y al olvido con la seguridad y la paz. En esta concepción las víctimas son futuros victimarios y se les asocia horizontalmente con alguno de los dos demonios enfrentados: la guerrilla y los paramilitares. En Colombia la mayoría de la población repudia o ha sido víctima de las acciones de ambos actores armados pues tan depravada e imperdonable fue la masacre de Bojayá realizada por las Farc como la perpetrada en Bahía Portete por el Bloque Norte de las Auc, que aun sigue operando impunemente en ese territorio indígena.

El Estado colombiano y sus agentes, por su parte suelen asumir una posición distante presentándose como un “tercero inmaculado” entre las víctimas y los perpetradores. Empero, de acuerdo con lo revelado cada día por los mandos medios paramilitares, no fue así. Sin su deliberada omisión y, en algunos casos, sin su activa colaboración estos actos inhumanos no hubiesen ocurrido. Independientemente de que algunos consideren que tales hechos se realizaron como parte de una eficaz estrategia antisubversiva y en defensa de “los altos intereses de la patria” la verdad factual es que no fue una epopeya bélica pues hubo una clara asimetría ente víctimas indefensas y perpetradores armados. Fueron crímenes atroces a la luz de la normatividad nacional e internacional y ello no está en discusión.

El debate sobre el tema del derecho de saber y el deber de memoria entre los colombianos no debería limitarse a una argumentación polarizada surgida desde los diferentes bandos políticos sino que requiere de una discusión nacional y regional, amplia y sincera, acerca de los reales valores sobre los que descansa la heterogénea sociedad colombiana y ello nos debe llevar a identificar aquellos que consideramos estructurantes de su ser social. Como lo ha afirmado Gómez Muller: "La supuesta 'eficacia' de las políticas de olvido -que consiguen aparentemente reinstaurar en lo inmediato la 'paz' y la 'democracia'- es contraproducente en el tiempo, al contribuir a desarrollar la idea de que la paz y la democracia son compatibles con la injusticia y la exclusión de una parte de la población: las víctimas".
 
Revelaciones como las efectuadas por el mencionado Juancho Dique van armando las piezas de un rompecabezas a la vez complejo y desgarrador que, sin embargo, requerirá en el futuro de nuevas acciones de la sociedad civil para ejercer su derecho de saber más allá de los detalles meramente forenses y policiales de las masacres.
 
Quizás sea necesario crear algún día, de manera atípica respecto del patrón histórico internacional, una Comisión no judicial de investigación que nos permita dar respuesta a las recurrentes preguntas: ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Quienes estuvieron detrás de los perpetradores materiales? ¿Cómo podremos evitar que se repita?