El desafuero privatizador hace de Bogotá la rifa del tigre

En 2011, en medio del carrusel de la contratación, se sugirió como auxilio al Polo Democrático que Carlos Gaviria fuera candidato a la alcaldía, a lo que respondió: “No sé ni dónde queda el relleno Doña Juana”. Sabía que para aspirar al cargo es requisito conocer la realidad de la capital, máxime cuando hace 30 años, sin solución en el tiempo, una estructura de poder usufructúa las principales rentas urbanas.

En generación y distribución de energía, el Distrito ya no es socio mayoritario de Emgesa y Codensa. En la fusión con Enel en 2022, la multinacional italiana quedó con el 57,34 por ciento y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) con 42,51. Como en el GEB bajó la participación pública al 65,68 por ciento por la venta adicional del 10 por ciento de sus acciones en tiempos de Peñalosa II, los dividendos para el erario por la electricidad son solo 25 por ciento del total. Despojo.

Enel es concesionario del alumbrado de 350.000 luminarias y, por un otrosí, suscrito el 3 de diciembre de 2021, la Uaesp pagará el equivalente a 160.000 millones de pesos anuales durante 25 años. A Enel le fue bien con Claudia.

En movilidad, 47 contratos que vencen entre 2028 y 2037 operan tanto en las troncales de TransMilenio, controladas por cuatro grupos, como en 20 zonas del SITP donde el oligopolio también está. Se remuneran el kilómetro recorrido, el pasajero transportado y a los aportantes de los buses, con tasas de ganancias entre 9 y 10 por ciento. El desfase entre la factura y el pasaje hace que 2,9 de cada 5,4 pesos del ingreso del sistema los ponga el Distrito. Inviable.

El metro lo construye, bajo normas del Banco Mundial, China Harbour Engineering Company (Chec), dueña del 85 por ciento de Apca Transmimetro, el consorcio que lo operará por 20 años, un negocio aceptado por Peñalosa, Claudia y Petro, y más lesivo aún que si es elevado. Los costos totales, financieros y los directos de obra, sumaron 22,3 billones de pesos en 2017 (Conpes), elevados ahora a 35, que, en buena medida, se cargarán a futuro a la ciudadanía.

Desde la liquidación de la Edis en 1992, incluida la deslucida intentona de Petro en 2012, varios consorcios convierten la basura en billetes. En la última licitación, por 4,8 billones de pesos hasta 2026, se dividió la ciudad en cinco áreas, dos para veteranos con 30 años de provecho y tres nuevos, como Área Limpia, donde la española Sacyr es principal.

Enterrar 6.200 toneladas diarias de desechos en Doña Juana da plata. La firma CGR, en problemático contrato desde 2010 hasta 2025, ha sido deficiente para disponer de residuos y tratar lixiviados, pese a que recibe 70.000 pesos por tonelada. Aunque se acuerdan mejoras, CGR las incumple, pero percibe 150.000 millones de pesos anuales.

La empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) está embarcada en la planta de aguas residuales de Canoas. Obra faraónica que implica deuda por 4,5 billones de pesos con el Banco Mundial, lo que elevará sus pasivos a más de 8, contra activos que suman 10. Quedará ahogada y peor si la cloaca se licencia por 20 años. Hay multinacionales al acecho.

En la ETB, la de telecomunicaciones, de propiedad distrital en el 84 por ciento y con 9.000 de sus trabajadores tercerizados, la utilidad operacional está estancada, el margen de Ebitda bajó de 42 a 32 por ciento entre 2018 y 2022 y la acción, que vale en libros 614 pesos, se cotiza por 95. La fibra óptica montada por Petro-Kattan, estimada para un millón de clientes efectivos, tiene apenas la mitad y se alquila a terceros por el 30 por ciento de la factura si el cliente fuera propio. Un laberinto.

Tal usurpación de las rentas urbanas golpea las finanzas públicas. En 2019, la proporción del saldo de la deuda con respecto a los ingresos corrientes del Distrito era de 24,6 por cada 100 pesos, era holgada (MFMP-2020-2033, p. 68). Para 2023 se disparó a 77,4 y en 2027 se estima, sin nuevos créditos, en 68,6, en tanto el impuesto predial suba 9 por ciento anual. Bogotá está “enrocada” (MFMP-2023-2033, p. 92).

La población bogotana, damnificada del exceso privatizador, vive un calvario. Los hogares más pobres gastan 26 por ciento de su presupuesto en transporte y cada viaje dura 50 minutos (P. Torres-2022); 30 de cada 100 familias no tienen las tres comidas; 60 por ciento se sienten inseguras y 3 de cada 5 empeoran su economía (PS-Dane marzo 2023). Es la tercera región más desigual del país (Dane-2021).

Quien quiera ser alcalde de Bogotá no puede ocultar estas crudas realidades (hay más). No puede hacerlo por razón alguna, ni por apelar a la “sensatez” acomodaticia, ni por justificar unidades politiqueras; que fueron las tácticas de Petro en 2011 para ganarse la rifa del tigre, sintetizadas por Carlos Gaviria: “Demasiadas concesiones a la política tradicional” (Prensa Rural, 4/11/11). No sobra recordarlo.