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Opinión

  • | 2020/06/03 23:07

    El hipócrita discurso del Centro Democrático frente a la JEP

    Paloma Valencia también quiere una JEP solo para militares y otra para las Farc, es decir que la justicia solo aplique para los excombatientes de este grupo.

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En una entrevista con SEMANA, la senadora Paloma Valencia manifestó que el tercer intento del uribismo por reformar la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz, tenía algunos componentes esenciales: “Una sala especial con magistrados que tengan un régimen de inhabilidades que impida que quienes han litigado contra nuestras fuerzas sean jueces, que quienes hayan asesorado a las Farc sean jueces. Segundo, que exista allí un conocimiento profundo del DIH y la libertad condicional pasados los cinco años de pena pagada que permita libertades provisionales. También se incluyen temas referentes a los procedimientos que están en los proyectos que hemos radicado dos veces”.

Sobre la propuesta de Paloma Valencia hay tres grandes contradicciones y mentiras, y un riesgo muy alto para las Fuerzas Militares. La primera contradicción se refiere al tema de impunidad. El Centro Democrático se la pasa gritando a los cuatro vientos que la JEP trae impunidad, pero en la vida real la promueve. Ellos fueron los primeros en promover que la JEP no podía juzgar expresidentes, obviamente, Pastrana, Santos y Uribe se beneficiaron con ello. No hay que olvidar que en los gobiernos de Uribe miles de colombianos civiles habrían sido asesinados y hechos pasar como guerrilleros en el famoso escándalo de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. También, ellos estuvieron de acuerdo con que la JEP no podía investigar y juzgar terceros, es decir, civiles, políticos y empresarios que tuvieron relaciones con grupos armados ilegales. En fin, dicen que la JEP trae impunidad, pero en la vida real ellos buscan acabarla para promover la impunidad.

Paloma Valencia también quiere una JEP solo para militares y otra para las Farc, es decir que la justicia solo aplique para los excombatientes de este grupo. Su propuesta de sala especial refleja esa intención: un tribunal de absolución. La segunda contradicción se refiere a lo que la senadora llama presunción de inocencia. Como se sabe, en la JEP, quien se acoja recibe unos beneficios, como por ejemplo la excarcelación, pero a cambio esa persona debe confesar y aportar a la verdad. Lo que quiere la senadora Valencia es que reciban los beneficios y se queden callados, que no aporten a la verdad. Esto significa que sea algo así como la justicia ordinaria. En últimas, más impunidad.

La tercera contradicción es que ella dice que los magistrados de la JEP deben tener un conocimiento profundo del Derecho Internacional Humanitario, lo cual contradice toda la teoría del Centro Democrático de que en Colombia no hubo conflicto armado. Entonces, para agitar las masas dicen que no hubo conflicto, pero por otro lado piden aplicación del DIH. Toda una contradicción.

El riesgo con todo esto es que hace unos días la fiscal de la CPI manifestó que: “Quisiera hacer hincapié en que hemos trabajado codo a codo con la Jurisdicción Especial para la Paz. Apoyamos los esfuerzos de esa jurisdicción y estamos tratando de asegurarnos de que haya una rendición de cuentas adecuada para aquellos que asumen la máxima responsabilidad, incluyendo los comandantes (de las Farc) y los altos representantes del sector castrense, incluyendo quienes cometieron falsos positivos. También seguimos muy de cerca los crímenes actuales, incluyendo los perpetrados contra activistas de derechos humanos y líderes sociales”.

En la vida real, la propuesta del Centro Democrático es el peor escenario para los militares, es como un harakiri, pues una reforma a la JEP, como la plantea el uribismo, provocaría la intervención de la Corte Penal Internacional o CPI y por los primeros que vienen son por los militares. A nivel internacional, se privilegia el juzgamiento de agentes estatales. Esto por una razón sencilla: un crimen cometido por un agente estatal es como si fuera un doble crimen, pues no solo cometió el hecho, sino que además lo cometió cuando era portador de una dignidad, que es ser parte del Estado, es decir, lo cometió alguien del que no se esperaba esa acción, mientras que de un ilegal se puede esperar cualquier cosa.

El mensaje de la fiscal de la CPI es muy claro. Los militares creen que el uribismo les está haciendo un favor, pero es todo lo contrario, es en verdad la peor de las salidas para los militares, en cuestión de pocos años, a muchos, los extraditarán.

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