El libreto de la expropiación

Es evidente para todos los colombianos que desde la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, existía el temor de que su gobierno pudiera establecer políticas de expropiación de tierras. Durante la campaña, el candidato Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez, realizaron un espectáculo mediático en una notaría de Bogotá, jurando solemnemente que no expropiarían tierras en su gobierno.

Sin embargo, esto no se ha materializado, no tanto por las políticas del gobierno actual, sino más bien debido a la resistencia de los propietarios de tierras, así como de líderes gremiales y expertos en el tema, quienes han impedido que esto suceda, tanto mediante acciones directas como las invasiones de tierras, como a través de mecanismos legales como el artículo 72 del plan de desarrollo y su reglamentación, la cual aún no ha sido emitida por el gobierno.

A pesar de ello, el gobierno se ha visto obligado a recurrir a la compra de tierras, con resultados cuestionables debido a las numerosas actuaciones sospechas de corrupción en dichos negocios, que incluso llevaron a la destitución de un ex director de la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, este tema ya ha sido ampliamente discutido en esta columna.

Solo quiero recordar brevemente para explicar con claridad los argumentos que respaldan la estrategia del gobierno actual, que parece estar orientada hacia una política de expropiación, especialmente en empresas en las que el gobierno tenga participación o que estén asociadas con el sector privado, ya sea a través de concesiones u otras formas de asociación.

Mediante decisiones aparentemente legales, el gobierno podría tomar el control de estas empresas, excluyendo al sector privado y productivo, en una clara política de expropiación que es propia de los gobiernos de izquierda.

Hay numerosos ejemplos que ilustran la aplicación de esta estrategia a través de las facultades de las superintendencias, las cuales, de una forma u otra, han ejecutado acciones para apartar a los particulares de los negocios que supervisan. Las superintendencias son entidades públicas establecidas legalmente, formando parte del poder ejecutivo a nivel nacional, encargadas de la inspección, vigilancia y control según lo establecido por la ley o por delegación del presidente de la República.

No obstante, es evidente que, con el fin de cumplir con las directrices del gobierno actual, estas superintendencias están utilizando una apariencia de legalidad para intervenir y eventualmente expropiar. Esto queda demostrado en las investigaciones que enfrentan actualmente los líderes o superintendentes de solidaridad y salud, quienes, según las denuncias, siguen instrucciones del Gobierno nacional.

Un ejemplo claro es el caso del superintendente Pérez de solidaridad, quien insta a los entes bajo su supervisión a colaborar con el gobierno para obtener fondos para la ‘paz total’. Bajo este pretexto, se busca el dinero de las cajas de compensación en beneficio de las políticas del gobierno en materia de paz, utilizando los fondos provenientes de los trabajadores. Un caso destacado fue la intervención de Comfenalco Antioquia, una caja de compensación bien administrada, que demuestra claramente un proceso encaminado hacia una posible expropiación.

El tema de las EPS refleja claramente un guion predefinido, sugiriendo incluso que las recientes intervenciones y expropiaciones podrían ser una respuesta a lo ocurrido en la Comisión Séptima del Senado. Allí, nueve senadores se destacaron al priorizar la salud de los colombianos sobre los intereses políticos del gobierno actual.

La intervención de estas EPS, que cuentan con la mayoría de los afiliados colombianos, implica que el gobierno asuma el control total de la salud a través de funcionarios designados directamente, sin supervisión de los socios privados, lo cual es similar al patrón observado en las cajas de compensación.

En cambio, la intervención de la Nueva EPS, dirigida por un aliado del presidente, se destacó por su singularidad. Algunos sugieren que el gobierno envió un mensaje al intervenir no solo las EPS de propiedad privada, sino también aquellas en las que el gobierno tiene mayoría en participación y son socios a través de las cajas de compensación.

Esta acción apartó tanto al presidente de la Nueva EPS como a los miembros de la junta directiva, evidenciando una estrategia para administrar sin restricciones, cumpliendo así un guion predefinido. Es probable que este proceso se repita en todas las EPS, no siendo intervenciones temporales como nos vendieron, en su momento, el impuesto del 4 por mil.

La estrategia de expropiación del guion continúa con el Ministerio de Agricultura. Sin ningún reparo en cuanto a transparencia y con el objetivo de debilitar la posición de los caficultores que no están alineados con el gobierno, se ha emprendido una campaña para desacreditar la gestión del presidente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón, desde el momento mismo de su nombramiento.

Al no lograr destituirlo ni cuestionar su administración, la ministra, con los mismos métodos engañosos que ha utilizado para promover una supuesta reforma agraria, ha anunciado la organización de diálogos con los campesinos cafeteros para establecer planes de acción en el marco de una supuesta reforma agraria para el sector cafetero. Según sus palabras, se busca implementar nuevos sistemas de comercialización y fertilización, en un intento de presentar una nueva política pública para el crecimiento del café colombiano.

Queda claro que el verdadero objetivo del gobierno es expropiar el Fondo Nacional del Café para su propio beneficio político. Esto fue ratificado por el presidente cuando expresó: “¿Qué hacemos con el Fondo Nacional del Café? Hay dinero, pero ¿cómo se está utilizando? Tenemos derecho sobre esos fondos. Sin embargo, se ha generado la idea de que existen otros derechos adquiridos por parte de entidades privadas”.

Estimados lectores, es evidente que el gobierno actual tiene una clara estrategia de expropiación, y si continúa fortaleciendo estas acciones, nuestra democracia corre el riesgo de desaparecer. Es fundamental que las actuaciones del Estado se realicen dentro del marco constitucional y legal, respetando plenamente los derechos individuales y el Estado de derecho, con el fin de preservar la integridad de nuestra democracia. Lamentablemente, esto no está ocurriendo.

Aquellos que no creían que Colombia pudiera seguir el camino de Venezuela bajo el gobierno actual, seguramente están reconsiderando sus opiniones. A pesar de ello, como ciudadanos colombianos, aún podemos reaccionar y tomar medidas para proteger nuestra democracia.