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Opinión

  • | 2018/07/07 22:53

    Un limbo de impunidad para los generales

    Las reglas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que aprobó el Congreso la semana pasada minan gravemente la posibilidad de hacer justicia por los crímenes de Estado.

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Como es sabido, una disposición —que propuso el Centro Democrático— suspende los procesos ante la JEP contra miembros de las Fuerzas Armadas hasta que se cree un “procedimiento especial y diferenciado” para ellos. El Congreso cuenta con 18 meses para aprobar dicho procedimiento. Mientras tanto, solo podrán avanzar aquellos casos donde los comparecientes expresen su interés en que el proceso siga. 

Muchos han criticado estas nuevas reglas por tratarse de una distorsión del acuerdo de paz y porque temen que los militares reciban un trato aún más favorable en el futuro. Pero la situación es mucho peor. Combinada con otras disposiciones legales, esta norma pone a los generales bajo investigación por falsos positivos en un total limbo de impunidad. 

Varios jueces han transferido casos sobre falsos positivos a la JEP. Una disposición del proyecto de ley estatutaria de la JEP aprobada en noviembre y que se encuentra bajo revisión de la Corte Constitucional va mucho más lejos: frena los procesos penales en la jurisdicción ordinaria por crímenes relacionados con el conflicto armado tanto por la fuerza pública como por las Farc. Con arreglo a esta disposición, los tribunales ordinarios no podrán dictar sentencia o imponer prisión preventiva a los imputados por estas violaciones a los derechos humanos. Es decir, es probable que estos procesos penales queden por ahora frenados tanto en la justicia ordinaria como en la JEP. 

Merece la pena recordar que al menos 3.000 civiles fueron asesinados a sangre fría por brigadas del Ejército entre 2002 y 2008 y luego reportados como combatientes dados de baja en combate. Afortunadamente la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) está monitoreando los procesos penales contra los responsables y podría abrir su propia investigación si determina que Colombia no está dispuesta o no puede investigar, juzgar y sancionar genuinamente estos aberrantes delitos. 

Decenas de soldados han sido condenados por estos crímenes, pero la justicia ordinaria aún no ha tocado a ningún general. Y las nuevas disposiciones los protegen. 

Veamos, por ejemplo, el caso del general Mario Montoya, quien comandó el Ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2007, el período en el que se registró el mayor número de falsos positivos. Montoya ha estado bajo investigación al menos desde 2015. En marzo de 2016, la Fiscalía anunció públicamente que lo imputaría por su rol en falsos positivos. Pero luego se echó atrás; Montoya aún no ha sido imputado. 

Y no es porque falte evidencia. Human Rights Watch ha presentado pruebas sólidas que sugieren convincentemente que Montoya podría tener responsabilidad penal por los cientos de falsos positivos cometidos bajo su mando. Por ejemplo, los testimonios de seis generales del Ejército que sugieren con claridad que Montoya sabía —o por lo menos debía haber sabido— sobre los falsos positivos, pero no tomó medidas serias para prevenirlos y sancionarlos. El proyecto de ley Estatutaria que se aprobó en noviembre congelará su proceso en la justicia ordinaria, salvo que la Corte Constitucional tumbe la disposición relevante. 

O veamos el caso del general Henry William Torres Escalante, el único general acusado formalmente por falsos positivos. En mayo, un tribunal de Yopal inició el juicio sobre su presunto rol en el homicidio de Daniel Torres Arciniegas y su hijo Roque Julio Torres. Soldados de la brigada 16, que comandaba el general Torres, los asesinaron en marzo de 2007 y los reportaron como guerrilleros. 

La evidencia contra el general Torres era sólida e incluía el testimonio de soldados que señalaron que él sabía de los falsos positivos que se cometían bajo su mando, así como un documento que sugiere que intentó cerrar las investigaciones contra los soldados involucrados en estos crímenes atroces. Pero el 20 de junio, el juez decidió enviar el caso a la JEP, que ahora lo ha citado a una audiencia preliminar. Con las nuevas reglas, el caso contra el general Torres quedará paralizado en la JEP, a menos que él lo active.

Los familiares de las víctimas han esperado más de una década para que los comandantes del Ejército que puedan tener un rol en falsos positivos rindan cuentas ante la justicia. La disposición que impulsó el Centro Democrático en las reglas de procedimiento de la JEP solo traerá más retardo. A estas alturas, es difícil creer que, como alegan los del Sí y los del No, las víctimas estarán en el centro de este experimento de justicia transicional.

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