El nuevo poder popular

Debemos reconocer, pese a lo controversial que pueda ser, que Gustavo Petro está creando un nuevo poder público, el poder popular, que está transformando la política colombiana de forma acelerada tras la llegada de la izquierda a la Casa de Nariño.

Es nuevo “poder”, y no simplemente “fuerza”, porque está influyendo significativamente en las decisiones políticas, en general, y en las definiciones de política pública, en particular. En ese sentido, hay que decirlo, se siente un importante cambio, cuyos resultados aún son inciertos.

Cambio, que está generando -también hay que decirlo- profunda incertidumbre en los sistemas de decisión política y, especialmente, en las discusiones y decisiones de política pública para los sectores productivos y competitivos. Es decir que la incertidumbre no solamente proviene de los importantes giros ideológicos que algunos sectores están viviendo por cuenta de la nueva visión de productividad y competitividad que tiene el gobierno, sino con motivo del empoderamiento político que el alto gobierno está otorgando a las bases sociales.

Algunos sectores opositores critican al gobierno por considerar que el nuevo poder popular es consecuencia de la deuda electoral de Petro con las bases sociales que lo eligieron. Y otros sectores -también opositores- piensan que el presidente sigue construyendo el activo social electoral que lo llevó al poder, y que lo podría llevar a dotar de legitimidad social las reformas que vienen, y particularmente, una eventual reforma constituyente. Y pueden tener razón, tanto los unos como los otros.

Sin embargo, observar los intereses políticos del gobierno con las bases sociales no debería llevarnos como sociedad a desconocer lo que hay de fondo: una profunda crisis social que no solamente es fruto de la pandemia y de la turbulencia económica mundial y nacional, sino también fruto del incumplimiento histórico del Estado con la protección y ejercicio de los derechos de la población más vulnerable.

Y en ese sentido, al César lo que es del César. Petro y su equipo tienen una enorme capacidad de identificar y analizar los principales problemas de “la Colombia profunda”, que son muchos millones de compatriotas que no solamente han estado por décadas rezagados del crecimiento económico, sino también del ejercicio de buena parte de sus derechos políticos. Y allá puso el ojo Petro, con gran tino, dedicando buena parte de su liderazgo a escuchar e involucrar a los que no han tenido voz en las discusiones de política pública.

Por eso este gobierno, además de populista, es en esencia popular, porque intenta -al menos intenta-, gobernar no solo para las bases sociales, sino con ellas adentro. Y no me refiero exclusivamente a que muchos de los nuevos servidores públicos sean indígenas, afrocolombianos y campesinos, sino a que el Plan Nacional de Desarrollo -por dar un ejemplo concreto- se ha realizado escuchando a la ciudadanía mediante los llamados Diálogos regionales vinculantes, permitiendo que miles de colombianos, de a pie, presenten directamente sus propuestas sin la intermediación de sus caciques políticos regionales. Estamos pasando entonces del diálogo representativo al diálogo popular.

Pero Petro tiene el gran reto de demostrarle al país que la participación ciudadana rinde frutos políticos concretos, porque -volviendo al ejemplo del Plan Nacional de Desarrollo- los aportes de la ciudadanía no son claros -al menos por ahora- en el documento de Bases del mencionado plan. No son visibles las propuestas de los más vulnerables, por lo que queda la sensación de que la socialización realizada mediante los Diálogos regionales son una estrategia politiquera para legitimar socialmente lo que el gobierno ya tenía definido, desde la campaña electoral.

Algunos funcionarios del nuevo gobierno han expresado que muchas de las propuestas de la ciudadanía no cumplen -en fondo o forma- los requisitos mínimos para ser consideradas en las decisiones de política pública, pero que el principal compromiso de Petro, de escuchar a la gente, prevalecerá hasta el final del periodo de este gobierno.

Debería entonces el gobierno facilitar las herramientas que necesita la ciudadanía para fortalecerse en su participación como agente político de las decisiones de la agenda del gobierno. O permitir que otros sectores, como el sector privado, ayuden a fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales para que ejerzan de forma más idónea sus derechos políticos. Pero por ahora, ni lo uno, ni lo otro.

Y aunque el gobierno pareciera comenzar a entender que no debería gobernar sin la participación de los agentes privados de la producción y la competitividad, conviene recodarle que la participación de la ciudadanía en la política -necesaria para el desarrollo de nuestra democracia-, no debería implicar el aislamiento de gremios y empresas, en las discusiones de política pública. Buen ejemplo resulta en este sentido el Programa Preventivo y Predictivo en salud, que el gobierno no socializó con los actores privados pese al impacto en la cadena económica del sector.

Petro está revolucionando el modelo imperante de formulación de políticas públicas en prácticamente todos los sectores por cuenta de su evidente sensibilidad social y del involucramiento, nunca visto, de las bases populares en las procesos legislativos y regulatorios. Pero esa revolución debería generar más confianza que suspicacias para que, lo que ahora nace como un nuevo poder popular, no termine siendo un “podercito” al servicio de los caprichos del gobierno del cambio. Veremos.