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Iván Duque: El pacto por Colombia

Nueva generación a la Presidencia. Diagnóstico aterrador: narcotráfico, corrupción, finanzas públicas, sistemas de salud y pensiones, implementación del acuerdo con Farc y sociedad dividida. Se propone imperio de la ley, proteger desmovilizados, crecimiento del 4 por ciento, reducir gasto, suprimir trámites y ciencia y tecnología. Lo más importante un pacto por Colombia, como lo propuso Gustavo Petro. Nada se obtiene legislando si las leyes no se aplican. Retos de suprimir malas practicas políticas y despolitizar la justicia. Que la oposición entienda que lo básico no está en debate.

Juan Manuel Charry Urueña, Juan Manuel Charry Urueña
6 de agosto de 2018

Con Iván Duque llega una nueva generación a la Presidencia de la República, optimista, deseosa de construir un mejor futuro y superar los errores de sus predecesores.

Sin embargo, el diagnóstico es aterrador: Más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, narcotráfico –la desgracia de los últimos 40 años- y bandas criminales. El Estado insuficiente en la periferia, hipertrofiado en la capital, aquejado por corrupciones, ineficiencias e impunidades. Las finanzas públicas impactadas por los bajos precios del petróleo, recursos sustituidos equivocadamente por mayores impuestos. El sistema tributario inequitativo y regresivo. Los sistemas de salud y pensiones deficitarios y disfuncionales. La administración de justicia en crisis. La implementación del acuerdo con las Farc hecha una costosa maraña de instituciones y normas que apenas si funcionan. La política y la sociedad divididas por el nocivo esquema de amigos y enemigos de la paz.

Se propone garantizar el imperio de la ley y el ejercicio de las libertades; proteger a la base guerrillera desmovilizada; que el delito de narcotráfico no sea conexo al delito político; una justicia creíble, cercana y efectiva; endurecer las penas; extinguir el dominio de los corruptos; ampliar la clase media; aumentar el crecimiento económico por encima del 4 por ciento, construir un sistema tributario más simple que estimule la competitividad, el ahorro y la inversión; eliminar gastos estatales innecesarios; suprimir trámites engorrosos; invertir en ciencia, tecnología e información; estimular la economía naranja y la inteligencia artificial; equidad mediante salud y educación; formalización laboral y mayor número de personas en el régimen contributivo; y, proteger el medioambiente, reciclar, transporte eléctrico, producir conservando y a la inversa.

Lo más importante, consolidar un plan de desarrollo que sea un pacto por Colombia, por la legalidad, el emprendimiento, la equidad, la sostenibilidad ambiental, la ciencia y la tecnología. Un acuerdo básico sobre el futuro del país, por encima de las diferencias. Como diría Álvaro Gómez Hurtado, un acuerdo sobre lo fundamental; el mismo que propuso en la pasada campaña presidencial el candidato Gustavo Petro, quien daría una muestra de coherencia si participara en ese acuerdo, de forma que despejara la incertidumbre sobre la aplicación de un socialismo siglo XXI para Colombia.

Además de la ley del plan, se necesita una coordinada agenda legislativa para corregir los sistemas de salud, pensiones, tributario y judicial, pero los mayores retos del nuevo gobierno no están en el Congreso sino en la administración y en la dirección de la economía. Colocar los incentivos en los lugares adecuados, priorizar las obras públicas. Nada se obtiene con legislar si las disposiciones no se cumplen. No son las drásticas sanciones penales las que persuaden a las personas de delinquir, sino la certeza de su aplicación. Es cierto que los delitos horrendos y los delitos contra los menores repugnan a la sociedad, pero convocar a un referendo para imponer cadena perpetua resulta desproporcionado, ineficiente y contrario a los convenios internacionales de derechos humanos.

Inicia bien el gobierno de Iván Duque, con un equipo de técnicos y especialistas en cada uno de los sectores de la administración. Por el lado del Congreso, tiene el reto de romper con las malas prácticas políticas de participación burocrática y oscuros cupos indicativos de inversión. Por el lado de la administración de justicia, tiene el desafío de desjudicializar la política, despolitizar la justicia, así como de lograr decisiones prontas, cumplidas y confiables.

El mayor reto, lograr el pacto por Colombia, donde la oposición entienda que lo básico no está en debate y los otros poderes públicos comprendan la separación armónica.

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