El presidente Bukele: el único capaz de unir a Uribe y Petro

En Colombia, donde ni las leyes de la física ni las de la política logran que Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro se pongan de acuerdo, ni siquiera para definir qué día es hoy, ha tenido que llegar un salvadoreño —el presidente Nayib Bukele— para obrar el milagro: unirlos. No en la admiración, claro está, sino en la crítica.

El expresidente Álvaro Uribe, durante un evento del Centro Democrático el pasado 28 de abril de 2025, lamentó que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, estén “en cunclillas”, refiriéndose a las imágenes difundidas por el propio Gobierno salvadoreño. Petro, en cambio, había sido más vehemente: el 2 de marzo de 2023, a través de sus redes sociales, calificó dichas cárceles como “campos de concentración”.

Así, aunque separados en el tiempo, ambos discursos comparten un mismo espíritu: la condena a un modelo de seguridad que ha logrado lo que parecía imposible.

La pregunta que parece ausente en los titulares colombianos es: ¿quiénes son esos reclusos por los que tanto se preocupan? Pues no son poetas ni presos políticos: son terroristas, miembros de organizaciones criminales como la de El Tren de Aragua, MS-13 y Barrio 18, que, durante décadas, asesinaron, violaron, extorsionaron y desplazaron a millones de salvadoreños.

Mientras tanto, en Colombia, los escándalos no provienen de cárceles abarrotadas, sino de la corrupción descarada. Más de 1.700 elefantes blancos salpican el país. Apenas el 7 % de los contratos públicos se adjudican mediante licitación, y más del 80 % del presupuesto de infraestructura se esfuma en diseños y consultorías que nunca se materializan.

Aquí, los verdaderos campos de concentración no son de delincuentes: son de ciudadanos, atrapados en hospitales sin medicamentos, en colegios sin pupitres, en barrios sitiados por la criminalidad.

Por eso hoy, inspirados en esta absurda polémica, propongo seriamente la creación del Cecoco: Centro de Confinamiento de Corruptos, un complejo penitenciario en lo más profundo del Guaviare, el Chocó o el Vichada, sin señal de celular ni redes sociales, donde pagarían sus crímenes todos los responsables de haber saqueado al Estado.

Y si los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿por qué habría de prescribir el crimen de condenar a un país a la miseria perpetua?

No sería un acto de venganza, sino de justicia mínima, porque en Colombia, el mejor negocio no es ser emprendedor, ni académico, ni inventor: es ser amigo de un político.

Una verdadera reforma a la justicia, integral y sin beneficios para los corruptos, es una tarea casi imposible de encontrar en un candidato presidencial. Se quedarían sin financiación, sin amigos, sin votos. Pero esa reforma es la base para poder entregar un país digno a nuestros hijos.

Y no es solo El Salvador quien lo entendió. Imagínese una reforma como la de Singapur bajo la presidencia de Lee Kuan Yew, en donde de verdad se reformó la justicia.

La primera clave de su lucha contra la corrupción fue la creación de la Oficina de Investigación de la Corrupción (BCI), un organismo autónomo, con amplios poderes de investigación, que aún hoy funciona. Sus agentes verifican constantemente las cuentas bancarias y propiedades no solo de los funcionarios, sino también de sus familiares y amigos. El BCI puede confiscar automáticamente cualquier ingreso derivado de actos corruptos. Y las sanciones son aún más severas si el delito está vinculado con la salud, la educación o los programas sociales.

La segunda gran medida fue instaurar la ‘presunción de culpabilidad’. En Singapur, los funcionarios y exfuncionarios deben probar que sus bienes fueron adquiridos legalmente. Si no lo hacen, se les confiscan y son enviados a prisión. La carga de probar la inocencia no recae en el Estado: recae sobre el funcionario. Y lo más importante: Lee Kuan Yew predicó con el ejemplo. Él y toda su familia estuvieron sometidos a las mismas verificaciones durante más de cuatro décadas en el poder.

En pocas palabras: en Singapur, robar al Estado se volvió más peligroso que enfrentarse a un león.

Mientras tanto, otros países entienden mejor el dilema. Singapur, bajo Lee Kuan Yew, erradicó la corrupción transformando una isla empobrecida en una potencia mundial. El Salvador, bajo el presidente Bukele, entendió que sin seguridad no hay libertad. Ambos sabían que la ética no es un discurso, es una práctica diaria, brutal y efectiva.

Aquí, en cambio, nos entretenemos discutiendo si los criminales deberían sentarse en sillas reclinables.

Como bien dijo el presidente Bukele: “Cuando un país no resuelve su problema de delincuencia, es porque no quiere o porque sus líderes son socios de los delincuentes.”

Colombia debería decidir de una vez en cuál de esas dos categorías quiere quedar escrita en la historia.

*Este artículo no refleja la posición del gobierno de El Salvador, es solo responsabilidad de su autor.